El Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela en Perú ha pedido a la comunidad internacional reunir 304 millones de dólares para complementar la asistencia del gobierno peruano a unos 900.000 refugiados y migrantes venezolanos en 2022.
Perú ha recibido a 1,29 millones de refugiados y migrantes venezolanos y tiene más de 530.000 solicitudes de refugio, que convierte en el segundo país de destino de ciudadanos de esa nación suramericana.
No obstante, más de 70% de los refugiados y migrantes venezolanos en Perú redujo la cantidad, frecuencia y calidad de sus alimentos, y la desnutrición aguda de los niños subió de 3% a 5,4%, respecto al año pasado, de acuerdo con el Análisis Conjunto de Necesidades.
Este análisis fue elaborado entre julio y agosto por el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, coliderado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.
Difícil acceso a la salud y casa
A raíz de la pandemia del covid-19, 60% de la muestra de 350 entrevistados para el análisis señaló a la falta de documentos o regularización de estos como el principal obstáculo para acceder al Sistema Integral de Salud.
Asimismo, 70% dijo que también tuvo que cambiar de vivienda con frecuencia en los meses previos, dado que su situación los expone a la inestabilidad de domicilio.
El análisis elaborado por el Grupo de Trabajo y la información de 90 organizaciones civiles permitió diseñar el capítulo Perú del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela para el año 2022.
Los fondos solicitados serán dirigidos a garantizar la asistencia humanitaria y mejorar el acceso a información, brindar alternativas de regularización y proveer el acceso a medios de vida y oportunidades de trabajo decente, indicó un comunicado de la Acnur y la OIM.
«La pandemia sigue impactando en las vidas de las personas refugiadas y migrantes venezolanas. Recibimos preocupaciones constantes sobre las limitantes para poder alimentarse más de una vez al día, las dificultades que enfrentan para avanzar en los procesos de regularización y documentación para tener acceso a sus derechos fundamentales y servicios básicos de primera necesidad», declaró el representante de la Acnur, Federico Agusti.
Buscan trabajo formal
El jefe de Misión de la OIM en el Perú, Jorge Baca Vaughan, indicó que «urge avanzar en los esfuerzos por generar desarrollo y eliminar la brecha en acceso a trabajo decente que permita ampliar el impacto positivo de esta población en el país».
«Hoy menos de 5% de venezolanos en el país está empleado formalmente en el sector privado, se estima que de lograr una mayor inclusión socioeconómica podrían contribuir con más de 650 millones de soles (162,5 millones de dólares) de ingreso fiscal (0,09% del PBI)», precisó Baca Vaughan.
El plan de respuesta se desprende de una estrategia conjunta en los 17 países de América Latina que acogen a personas refugiadas y migrantes de Venezuela, elaborada por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes conformada por 200 organizaciones civiles, religiosas y multilaterales.
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