La policía colombiana es responsable de 11 de las 14 muertes de civiles ocurridas durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá y el vecino municipio de Soacha, concluyó un informe académico presentado este lunes en la Alcaldía de Bogotá.
Según el informe, el 9 y 10 de septiembre de 2020 la policía «reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha».
En estas localidades se realizaron protestas debido al asesinato de Javier Ordóñez, un hecho ocurrido durante la realización de un procedimiento policial.
Masacre cobró la vida de 11 jóvenes
«El uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal», según datos del exdefensor del pueblo de Colombia Carlos Negret.
El documento recuerda que las protestas de los jóvenes comenzaron por el asesinato en Bogotá la madrugada del 9 de septiembre de Ordóñez, taxista de 46 años de edad, que fue brutalmente sometido en una calle por dos policías.
Ambos integrantes del cuerpo de seguridad colombiano habrían intentaron detenerlo y descargaron de manera prolongada sobre él una pistola eléctrica Táser durante el arresto en Bogotá.
Ausencia de orden política y operativa
El informe de 177 páginas también aseguró que la «masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes».
Asimismo, sucedió «en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia».
Los sectores más afectados por la «escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos» fueron Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco), Engativá (dos), Kennedy (uno) y el municipio de Soacha (tres).
Brutalidad policial en sectores populares
Según la relatoría, la brutalidad policial «se encarnizó» contra jóvenes de sectores populares de Bogotá y Soacha y el resultado deja ver que «existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública».
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 27 años de edad, tenían en común que eran de estratos pobres y que todos llegaron a Bogotá en busca de mejores oportunidades de educación y trabajo.
Esas características, dice el informe, proponen una «reflexión sobre si la policía tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos recursos».
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