La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en segundo debate un artículo de una nueva ley anticorrupción que enmendará el Código Penal para aumentar las penas de injurias y calumnias contra funcionarios públicos, lo que según asociaciones de prensa abre la puerta a sanciones por la labor periodística.
Un total de 73 congresistas rechazaron a última hora del lunes con su voto una proposición que buscaba eliminar el artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción, que contiene el aumento de penas y modifica el Código Penal.
“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses”, dice el artículo de la futura ley anticorrupción, que sigue su trámite legislativo.
El Código Penal colombiano actualmente estipula la calumnia y la injuria de forma general y no solo para servidores públicos con penas de prisión de 16 a 72 meses, después de otra enmienda de 2004.
“No se había aprobado, en las últimas décadas, una disposición legal tan regresiva contra la prensa como la que aprobó la Cámara anoche”, aseguró Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Considera que esto abre la puerta a sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua.
“¡Es censura; una vergüenza!”, lamentó Bock.
La fundación ya había pedido que se eliminara ese artículo del proyecto de ley porque considera que viola las garantías básicas de la libertad de expresión al impartir medidas penales desproporcionadas.
Desalienta a los periodistas
Denunció que la ley en Colombia desalienta a los periodistas en sus investigaciones de funcionarios que puedan estar incurriendo en actos de corrupción. “Crea un fuero extraordinario de protección de las y los funcionarios públicos, lo que resulta contrario al propósito de promover estrategias de transparencia”, dijo.
“La libertad de expresión no puede verse menoscabada por la presunta vulneración a la moral de un o una funcionaria”, expresó la fundación en un comunicado.
También se imponen multas millonarias de hasta 345.000 dólares para quienes sean condenados por estos nuevos delitos.
La Sociedad Interamericana de Prensa había alertado la semana pasada del peligro que entraña este proyecto de ley y pidió que se eliminara. Afirmó que representa un peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa.
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