Activistas de derechos humanos de Venezuela pidieron este viernes al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que «se haga justicia» por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, de los que responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro.
La solicitud se realizó en un encuentro en el que madres de manifestantes asesinados en protestas y familiares de «presos políticos» expusieron sus casos, tal y como se dio a conocer mediante una nota de prensa difundida por la oposición.
«Ya son 7 años de la ejecución extrajudicial de mi hija en la que participaron 24 militares del Estado venezolano y solo a 2 juzgaron», expresó durante el encuentro Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, quien murió en las protestas de 2014.
Moreno instó al fiscal de la CPI a «que se haga justicia con todas las madres que han perdido a sus hijos por culpa del gobierno de Maduro».
Manifestó que para ella se trata de una «tragedia que la obliga a soportar» no solo la pérdida de su hija, sino también «la ausencia de justicia».
También tomó parte Carmen Bracho, madre de Miguel Castillo, joven que murió en Caracas durante las protestas de 2017, quien señaló que «ser víctima de una violación de derechos humanos en Venezuela es igual a quedar mudo, pues nadie atiende, nadie es competente, y la única forma de que te escuchen es mediante los órganos de justicia internacional».
Piden condenar a los culpables
Las víctimas y los familiares de presos políticos coincidieron en la necesidad de que instancias internacionales intervengan para que sean condenados los culpables de los crímenes de lesa humanidad que denuncian, agrega la información.
«Le pido al fiscal Karim Khan que se ponga en nuestros zapatos como hijas, madres o esposas. Es una lucha que no es fácil y cuando no ha terminado la lucha no vemos ni luces en el camino. Que intervenga para hacer el bien y que cumpla con su mandato», dijo Loredana Hernández, hija del general Héctor Armando Hernández Da Costa, preso político desde 2018.
El 15 de junio, la Fiscalía de la CPI emitió un informe en el que se indicó que existe «una base razonable» para creer que en Venezuela se cometieron «crímenes de la competencia de la corte, al menos desde 2017».
El documento lo emitieron el día que terminó su labor la fiscal Fatou Bensouda.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, rechazó el texto de la Fiscalía de la CPI y tildó las conclusiones de «apreciaciones subjetivas que no se ajustan a la realidad».
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