La actual canciller guyanesa, Karen Cummings, no ha guardado las formas ni la menor discreción; cuando se acaban de cumplir 122 años del laudo de París, fechado el 3 de octubre de 1899, documento de ingrata recordación.
Ellos insisten –en un acto público, transmitido en cadena de radio y TV- en cuanto a la supuesta soberanía de la excolonia británica sobre la inmensa extensión territorial que nos arrebataron de manera alevosa y vil.
La mencionada funcionaria, tal vez atendiendo instrucciones superiores y defendiendo los cuestionados intereses en la zona de las empresas transnacionales; se ha atrevido a declarar que su país no está en nada interesado a sentarse con Venezuela, para la búsqueda negociada directamente para lograr una solución al conflicto fronterizo; y que al haberse remitido, por parte del secretario general de la ONU, este pleito a la Corte Internacional de Justicia, aguardarán por la decisión que tome el Alto Tribunal de La Haya.
No obstante, ante tamaña desfachatez, nuestra Cancillería – esta vez con bastante asertividad—le salió al paso a las pretensiones con las que argumenta y justifica el gobierno de Irfaan Ali el despojo que nos hicieron, mediante una tratativa entre ingleses, estadounidenses y rusos.
Nuestra Cancillería expone en el contenido del respectivo comunicado, que Venezuela se sigue mostrando dispuesta a alcanzar una satisfactoria solución a la controversia, dentro de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra suscrito el 17 de febrero de 1966.
Entendamos, además, en todo el país, que en este centenario asunto litigioso nos necesitamos los venezolanos, sin distinciones de ningún tipo. El pleito chiquito puede esperar.
Estamos conscientes también, que con la presencia o en ausencia de los compatriotas, agentes en la vigente contención, por ante la Corte Internacional de Justicia, el juicio iniciado por la interposición de un recurso en contra nuestra, por Guyana; repetimos: ese juicio no se va a paralizar.
Por el contrario, la delegación demandante ha apelado al denominado escrito addedum (conforme al artículo 53 del estatuto de la CIJ); con la finalidad de que la Corte, si así lo considera, proceda a sentenciarnos, sin que estemos presentes, en caso de No Comparecer y menos hacernos parte del mencionado Proceso Jurídico.
Apreciemos lo siguiente para que tengamos una idea del daño que nos causaron con el Laudo Arbitral de París: la extensión de los 159.500 km2 que nos quitaron es mucho más grande que los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Falcón y queda todavía una considerable porción territorial donde caben las entidades Carabobo y Aragua. No es poca cosa.
Nótese que nos estamos refiriendo únicamente a lo territorial. Hacemos abstracción de los incuantificables recursos de todo tipo. Tampoco hemos aludido a la proyección atlántica que se genera, consecuencialmente. Porque a todo territorio ubicado en la costa, le corresponde un espacio marítimo a partir de una línea base, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Se acaban de cumplir (122) años cuando se compuso, de forma amañada, un tribunal de arbitraje donde no participó ningún representante de Venezuela. Estructurado este órgano sentenciador por cinco miembros: dos estadounidenses que fungieron como delegados de nuestro país, dos ingleses por el Reino Unido y el quinto miembro como elemento imparcial, que sería el presidente. Precisamente, este último fue quien más tuvo un comportamiento dañoso hacia nosotros.
Veamos: la Corte Suprema de Estados Unidos de América designó a Melville Weston Fuller y a David Josiah Brewer, ambos miembros de la citada institución jurisdiccional, para que fueran los voceros legales, plenipotenciarios, por Venezuela.
Así, además, integraron el jurado arbitral por el Reino Unido, Sir Richard Henn Collins (inglés), Barón Herschell (inglés), sustituido al fallecer por Charles Barón Russel de Killowen (miembro del Consejo Privado de la Reina); y el presidente del Tribunal, seleccionado por los cuatro miembros anteriores. Cuya responsabilidad recayó en Federik de Martens (ruso), quien para entonces cumplía funciones de catedrático de las universidades británicas de Cambridge y Edimburgo y por añadidura miembro permanente del Consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, entonces Imperio ruso. De tal manera que así se armó toda una tratativa, cuyo resultado sentencial ha sido patentizado a lo largo de la historia de los arbitrajes en el mundo como una vergüenza.
Hoy, recordamos tal fecha con consternación, pero no rendidos. Contrariamente, elevamos, de modo permanente y clara, nuestras voces de protesta por tal ignominia.
Las labores de latrocinio y rapiña por parte de los ingleses se enarbolaron al oeste del río Esequibo, espacios geográficos que siempre han sido nuestros y sobre los cuales poseemos Justos Títulos. La conformación de ese tribunal llevaba la predeterminación de conferirle a los ingleses lo que jamás habían descubierto; lo que nunca poblaron y mucho menos civilizaron.
Vamos a decirlo, apropiadamente, en las claves narrativas del insigne Rafael María Baralt: “antes de que brillara la aurora de nuestra independencia, Inglaterra no cesó de promover en nuestra tierra un sistema tan cínico como maquiavélico de contrabando”
Hemos estado reclamando para nuestra Nación venezolana la devolución de la Guayana Esequiba; algunas veces con ímpetu, otras con flaquezas y debilidades.
Reconocemos, innegablemente, que hemos cometido errores, desaciertos e impropiedades; sin embargo, nuestra lucha reivindicativa cada vez se vuelve más inmarcesible.
Los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas. Hemos explicado en las instancias internacionales correspondientes las razones y argumentos sociohistóricos y jurídicos que nos asisten. Que no son empecinamientos o malcriadez diplomática.
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