Para David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, el diálogo en México entre el gobierno y la oposición de Venezuela solo busca oxígeno para el chavismo.
En diálogo con El Tiempo, Smolansky aseguró que “los migrantes y refugiados venezolanos no están siendo representados en México”, y aseguró que antes que termine el año, el gobierno seguirá en sus esfuerzos por apresar a Juan Guaidó.
La cifra reciente de la ONU habla de 5,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos.
¿Qué significa esto para la región con la inestabilidad en Latinoamérica y el aumento del flujo de migrantes?
En primer lugar, ya somos 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos. ¿Qué significa esto para la región? Es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se ha registrado en la historia del continente y es la segunda más grande del mundo, solo superada por Siria.
Hay más refugiados venezolanos que refugiados afganos, y la última proyección que hemos hecho en la oficina que presido en la OEA es que para el año 2022, si se prolonga el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y se reabre el paso fronterizo de manera regular, pudiese llegar esta cifra a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, lo que la convertiría en la más grande del mundo.
Los países de acogida están haciendo el mayor esfuerzo. Tienen limitaciones importantes presupuestarias, de infraestructura, de servicios. Hoy están mucho más sacudidos por la pandemia, pero aun así uno de los temas más importantes que hemos trabajado en nuestra oficina con distintos gobiernos de la región son políticas que integren, que protejan al migrante y refugiado venezolano, como el Estatuto Temporal de Protección en Colombia, el TPS en EE UU y el estatus de refugiados de los venezolanos en Brasil, según la Declaración de Cartagena (…).
No solo es visibilizar las causas de la migración forzosa, que es fundamental hacerlo porque es cómo se están yendo los venezolanos, sino también estas personas vulnerables cómo pueden ser protegidas, cómo pueden ser integradas para que puedan surgir desde el destierro.
¿En países como Brasil, donde hay una cierta inestabilidad con el presidente Jair Bolsonaro de ganar una corriente contraria, es posible que estas políticas queden hacia atrás? ¿Lo mismo pudiese pasar en Colombia?
Hasta ahora, en Brasil y Colombia, ambos además de vecinos de Venezuela, han sido bien generosos con los venezolanos y han dado muestras evidentes de políticas ejemplares en la región. Y pongo ejemplos muy concretos. Ambos países no les solicitan visa a los venezolanos, aceptan el pasaporte vencido.
En el caso de Brasil, donde hay cerca de 270.000 migrantes y refugiados, de esos 270.000, aproximadamente 50.000 se han beneficiado del Estatuto de Refugio. Según la Declaración de Cartagena, Brasil es el único país en la región que lo aplica de manera colectiva. En el caso de Colombia, que es el país con más migrantes y refugiados venezolanos, aproximadamente 1,8 millones, se está implementando el Estatuto Temporal de Protección, que va a tener una vigencia de 10 años, y eso va a impactar positivamente en la economía colombiana.
Así que nosotros siempre estamos monitoreando la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en toda la región, entendemos el contexto político, pero aquí hay una situación que trasciende a lo político, aquí estamos hablando de que no nos podemos quedar en lo frío de los datos, en las estadísticas.
Sobre los diálogos que se están dando en México… ¿Los migrantes venezolanos y refugiados se sienten representados?
Creo que hoy los migrantes y refugiados venezolanos no están siendo representados en México. Yo he sido crítico a ese proceso de negociación. El régimen siempre ha utilizado la negociación para ganar tiempo. Ganando tiempo permanece en el poder, permaneciendo en el poder, la gente se desmoraliza y terminan muchos tomando la decisión de irse de manera forzosa de Venezuela, se enfría la comunidad internacional y se fracturan más los factores democráticos.
La crisis de migrantes y refugiados debe ser una prioridad. Este servidor ya tiene tres años trabajando en la OEA, he visitado la región, hemos producido no menos de 11 informes y documentos y muchos gobiernos han tomando en cuenta nuestras recomendaciones y hoy esas políticas se están implementando. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que la manera más evidente de que en Venezuela haya una elección con condiciones, verdaderamente libre, transparente, justa y verificable es que los migrantes y refugiados puedan votar.
¿Cree entonces que la vía pudiese ser no votar en las próximas elecciones y pasar de largo con este diálogo?
Literalmente hoy somos un país fuera de un país, y de prolongarse la dictadura, ese país afuera va a seguir creciendo. Esos venezolanos tienen derecho, esos venezolanos deben ser tomados en cuenta.
Con respecto a la adjudicación del 21 de noviembre, porque eso no es una elección, eso es una adjudicación, me pronuncié en su momento. Además, lo digo como un alcalde que tiene dos órdenes de arresto, que está inhabilitado, que no puede volver al país: lo que hay es una adjudicación porque sigue sin haber condiciones para una elección libre.
Si hace nueve meses para las parlamentarias no hubo condiciones, ¿por qué las va a haber ahora para este evento? Y, además, bien sabemos que ese proceso no resuelve el problema de fondo, que es restablecer el orden democrático, recuperar nuestras libertades.
Hoy sigue habiendo un país donde zonas en las que están los centros de votación siguen tomadas por grupos irregulares armados afines al régimen que hacen difícil que la gente vaya a votar. Seguimos sin tener un Consejo Electoral que sea imparcial, neutral. Además, sigue habiendo líderes inhabilitados, en el exilio, detenidos. Entonces, no se puede ir a un proceso electoral en el que solo se otorgan migajas.
¿Cree que estas declaraciones pudiesen costarle el cargo, sabiendo que en México el gobierno interino ha quedado disminuido?
Yo soy designado por el secretario general (de la OEA), Luis Almagro. Yo vengo trabajando en la OEA antes que empezara el gobierno interino, que arrancó en 2019. Yo vengo trabajando desde septiembre de 2018. Yo a quien le reporto es a la Secretaría General. Obviamente, tengo toda una trayectoria política y de servicio público en Venezuela, donde muchas veces no solamente abordo los temas de migrantes, sino me toca también hablar de la situación política de mi país, de la que no puedo ser ajeno. No creo que mi cargo esté en riesgo; eso es una decisión del secretario general.
La alta comisionada de la ONU para los DD HH, Michelle Bachelet, atribuía el efecto de las sanciones a la exacerbación de la crisis venezolana. El discurso chavista se hace eco del discurso. ¿Qué tiene que decir al respecto?
En el último año y medio hemos recabado alrededor de 630 testimonios de víctimas de migración forzosa, venezolanos que están en todo el continente. Ningún venezolano me ha dicho a mí que ha dejado su país por las sanciones, eso es un mito que ha creado el chavismo. La emergencia humanitaria compleja empezó años antes de que estas sanciones se implementaran. Yo siempre estaré a favor de las sanciones en contra de aquellos responsables de violación de DD HH, corrupción y narcotráfico.
Hay que sancionar a aquellos que son responsables de que los venezolanos estén en hambruna, que se han robado el dinero de los venezolanos. El responsable del sufrimiento en Venezuela es el régimen de Maduro. La emergencia humanitaria se ha profundizado, pero no por las sanciones sino por un régimen, que tiene excepciones para importar medicamentos y alimentos.
Para el 2022 habla de que serían 7 millones de migrantes. ¿Cuánto necesitaría la región para poder seguir impulsando las políticas para la migración?
Se puede tomar como referencia la crisis de Siria. Ha tenido un financiamiento hasta 10 veces superior, pero la verdad es que no quisiera seguir calculando esos números, no quisiera seguir estimando cuánto se necesita para atender a los migrantes porque puede ser algo ilimitado, porque mientras se siga yendo gente se va a necesitar cooperación económica para invertir en salud, educación y oportunidades para esos migrantes. Más bien hay que resolver la causa, que es cómo se recupera el orden democrático y las libertades.
Queda poco para finalizar el año, ¿cómo ve la política venezolana teniendo en cuenta los diálogos y la posible extradición de Alex Saab y Hugo Carvajal?
Independientemente de cuándo pueda ocurrir la extradición, demuestra que la justicia, así sea a nivel internacional, llega, y llega para quienes son acusados de corrupción, narcotráfico, de violación de los DD HH, y aquellos que siguen en Venezuela impunemente saben que tarde o temprano la justicia les va a llegar.
Por el otro lado, la comunidad internacional tiene una voz muy importante. No es una negociación entre las fuerzas democráticas y la dictadura. Aquí hay factores internacionales participando en el proceso y, en lo particular, espero que cuando quede en evidencia la falta de palabra de la dictadura y, sobre todo, cuando quede en evidencia la extorsión que utiliza el régimen y que ya lo hemos visto en 2014, 2017, la comunidad internacional eleve su voz, porque eso es proteger a los venezolanos.
No tengo la menor duda de que en lo que queda de año el régimen quiere ir por Juan Guaidó, el régimen lo quiere encarcelar. No puedo predecir el futuro, pero el régimen tiene el deseo de encarcelar al presidente Juan Guaidó, y eso hay que evitarlo.
¿Se siente representado en el proceso de negociación por los que están de parte de la oposición?
Hay algunos actores en los que confío, por ejemplo, Freddy Guevara. Hay otros que ni conozco y no creo que le digan nada al país, pero insisto en que Venezuela va más allá de ese proceso en México. Hoy tenemos 15 millones de personas en situación de vulnerabilidad, nueve millones de personas en inseguridad alimentaria y seis millones de migrantes, a eso estoy abocado.
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