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Desde la transición a la democracia en Ecuador en 1979, ningún presidente había registrado el 74,1% de aprobación que ahora goza Guillermo Lasso en sus primeros 100 días de Gobierno, según lo demuestran datos de la empresa de opinión pública Cedatos. Al respecto ensayo dos explicaciones. La primera es el cumplimiento de la principal oferta de campaña: vacunar a 9 millones de personas —de un total de 17 millones— contra el coronavirus en 100 días. El mandatario se concentró en atacar a una de las tres principales preocupaciones de la población, en las que constan también el desempleo y la inseguridad. La segunda explicación es el buen desempeño de Lasso en comparación con el gobierno anterior.
Este buen comienzo del gobierno, de ideología contraria a la Revolución Ciudadana de izquierda que gobernó 10 años, atraviesa, sin embargo, dificultades políticas que eran previsibles desde la primera vuelta electoral debido a su exigua representación en la Asamblea Nacional. La bancada de CREO tiene 13 curules de 137, mientras que su aliado natural de derecha, el Partido Social Cristiano, rompió filas y se pasó a la oposición. El costo de este desencuentro puede ser muy alto porque al presidente le queda gobernar de forma directa a través de decretos.
El gobierno es consciente de lo dificil que será pasar nuevas leyes o reformar las existentes, sobre todo en materia económica, debido a que la mayoría está conformada por bloques de izquierda que se niegan a aprobar medidas “neoliberales”, de ajuste extremo o que diluyan procesos de progresividad de derechos socioeconómicos en los segmentos de mayor vulnerabilidad. Los temas de alta sensibilidad para el gobierno son la explotación minera, las nuevas reglas laborales y la relación con los organismos multilaterales de crédito.
La tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea no es nueva en Ecuador, la mayoría de los presidentes ha gobernado sin mayoría legislativa entre 1979 y 2007. No obstante, la desaprobación de la Asamblea a inicios del período nunca había sido tan alta ya que apenas el 16,4% de la población tiene credibilidad en los asambleístas, según Cedatos. Luego de los primeros 100 días y con un presidente muy bien calificado y una Asamblea en desprestigio, el Ejecutivo ha activado la idea de promover consultas populares para gobernar.
Consulta popular
Nadie conoce cuáles podrían ser los temas de una posible consulta popular, sin embargo, desde la campaña electoral el mandatario advirtió acerca de la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que es el núcleo de la Función de Transparencia y Control Social. Desde esta función se designa a las principales autoridades del sistema de justicia, control y superintendencias. En los últimos periodos gubernamentales, los concursos para contralor, fiscal, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura han sido severamente cuestionados.
Otros temas de la consulta podrían ser la configuración de una asamblea bicameral, pese a que este diseño institucional fue utilizado desde inicios de la república en 1830 hasta 1979 sin que haya evidencia de sus beneficios para la democracia. Se podrían colar en la consulta también varios temas económicos para la reactivación que trata de impulsar el Ejecutivo, como una reforma laboral entre los aspectos más importantes y de mayor deliberación pública.
Lasso ha tratado de mantener su alta aprobación sin arriesgarse, aún, a tomar medidas económicas que pudieran afectar su capital político, pese a las demandas cada vez más recurrentes de los sectores sociales como los maestros, sindicalistas y pueblos y nacionalidades indígenas. El presidente ha mantenido el esquema de su antecesor, Lenin Moreno, en el sentido de no revisar la eliminación de los subsidios de los combustibles, seguir la carta de navegación con los organismos multilaterales de crédito y dinamizar lentamente la economía con un desconfinamiento gradual debido al éxito de la vacunación.
Aires de protesta social
Convivir con el status quo le ha costado al Gobierno las primeras advertencias de movilizaciones y paralizaciones a nivel nacional por parte de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, el Frente Unitario de Trabajadores, pequeños y medianos agricultores y la Unión Nacional de Educadores. Las exigencias del sector social son la revisión de la eliminación de los subsidios para los combustibles, la no explotación minera y el pago de la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deuda que se ha ido acumulando por el manejo inadecuado de varios gobiernos.
El gobierno y los sectores sociales no han logrado un mecanismo de diálogo para desatar el nudo, pese a que el primero ha establecido una interlocución con el sector indígena en unas primeras reuniones. Frente a este escenario, la sociedad civil viene impulsando algunos procesos de diálogo nacional en los que se puedan encontrar acuerdos mínimos para una ruta sostenida y de largo plazo. Este papel de la sociedad puede ser protagónico en el caso de que se agudicen las diferencias entre el oficialismo y el frente social, sobre todo por falta de un sistema de partidos que procese y resuelva las demandas.
A manera de colofón
Si la consulta popular es la vía para estabilizar la situación política y la toma de decisiones económicas, el presidente debería mantener una alta aprobación hasta fin de año. Al respecto surgen varias preguntas: ¿quiénes serán los interlocutores en los territorios para ganar la consulta antes de ir a las urnas? ¿podrá el presidente sostener su aprobación si se agudiza el desempleo y la inseguridad antes de la consulta? ¿cómo lograr un acuerdo de gobernabilidad con los sectores de izquierda que ya están pensando en las elecciones locales del año que viene? ¿ante el descrédito del sistema de partidos, acaso la sociedad civil podría convertirse en un actor clave frente a la tensión entre el oficialismo y la oposición? ¿le alcanzará al Gobierno con los resultados exitosos de la vacunación para sacar adelante un país en crisis y apatía política? Sólo el tiempo nos dará las respuestas.
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César Ulloa es cientista político y comunicador. Profesor de la Universidad de las Américas (UDLA-Ecuador). Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO-Ecuador. Últimos libros (2020): En el ojo del huracán. Ley de Comunicación en Ecuador y Chávez, Correa y Morales: discurso y poder.
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