El debate está abierto en el continente y, por ende, en nuestra propia nación, respecto a la naturaleza del régimen madurista, sus vínculos con organizaciones criminales y los mecanismos para lograr un cambio político que restituya la democracia, la decencia y la prosperidad a Venezuela.
Hoy nadie duda en el mundo occidental respecto de la naturaleza autoritaria del Estado venezolano. Todos los organismos internacionales y las naciones civilizadas están contestes del establecimiento en nuestro país de una dictadura de la peor especie, dedicada a violar de manera masiva los derechos humanos y responsable del saqueo más espectacular que pueda haberse dado en cualquier país del hemisferio en muchos años. Es objeto de preocupación, igualmente, la vinculación de personajes claves del régimen con bandas criminales, dedicadas al narcotráfico, al terrorismo internacional y al comercio ilegal de materiales estratégicos.
La comunidad internacional ha observado con estupor la descomunal estampida humana que se ha producido en nuestro país y que ha impactado a todos los países vecinos, muy especialmente a los del sur de nuestro continente.
Las naciones democráticas han adelantado ingentes gestiones para lograr por la vía diplomática una rectificación de la camarilla roja, han promovido sanciones para sus integrantes, han activado los mecanismos del derecho internacional para forzarlos a un respeto a las normas fundamentales de la vida democrática.
Maduro y su entorno, una y otra vez, se han burlado de todas esas iniciativas. Antes que corregir, se afincan más en la vía autoritaria y en el desprecio a los llamados de los organismos internacionales para respetar el derecho
En paralelo, los esfuerzos de lucha pacífica y democrática que adelantamos los demócratas se estrellan contra el muro de la soberbia, la arbitrariedad, la violencia y la corrupción que campea en los campos del gobierno bolivariano.
El fraude a la Constitución y a la voluntad democrática de los ciudadanos ha cerrado los caminos a la política, a la solución pacífica y electoral que hemos transitado en todos estos años. El nivel de cinismo y descaro con el que anuncian su decisión de perpetuarse en el poder, a cualquier costo, no deja lugar a dudas de la conducta antidemocrática de la revolución bolivariana.
Ante ese cuadro político y social, la inmensa mayoría de los ciudadanos clama por una pronta solución a la tragedia y apuesta por una solución que cuente con la ayuda de la comunidad internacional.
Los venezolanos conocemos la naturaleza criminal de la dictadura. Desarmados y menguados en sus posibilidades materiales, los venezolanos sabemos que cada vez que hemos tomado la calle, los jefes de la camarilla roja apelan a los colectivos de la muerte para cometer asesinatos selectivos entre los que acuden y usan a los organismos de seguridad para reprimir con violencia desproporcionada a quienes manifiestan.
Aun así, los ciudadanos protestamos y no se descarta que la paciencia y el miedo instaurado se hagan a un lado, y la calle se desborde con su saldo de muerte y violencia que para nada importa a los capitostes de la camarilla.
Ha quedado muy claro que solo la presión de una fuerza física superior a la que ostentan los usurpadores del poder puede obligarlos a aceptar una solución política y electoral.
Los jefes del régimen criminal venezolano no dialogan, ni aceptan soluciones distintas a las de su presencia en el poder.
Maduro y sus colaboradores prefieren una salida de fuerza, bien sea interna y/o externa, que concurrir a una elección libre y competitiva. Sus asesores cubanos le han inoculado la tesis del martirio, con el cual construir una nueva narrativa que le dé aliento a la anacrónica izquierda latinoamericana, que pasarían el resto de sus días haciendo su nueva narrativa del horror del imperio, de su vocación interventora y de la defenestración de “la democracia participativa, popular y protagónica” que había en Venezuela.
Lo cierto es que este país está ya invadido por cubanos, chinos y otros representantes de potencias extranjeras. También es una verdad incuestionable, que los venezolanos somos víctimas del secuestro de una camarilla armada, que nos ha sometido a la miseria y nos ha cercenado nuestros derechos.
Para impedir la cooperación de la comunidad internacional, la dictadura se apega a la teoría de “la no intervención”, que ya ha sido objeto de cuestionamiento, por haberse convertido en el burladero al que recurren los regímenes autoritarios y genocidas, que se instauran para oprimir a sus pueblos, y para saciar los complejos y resentimientos de los autócratas.
La doctrina social de la Iglesia ha sido clara rechazando la tesis de la no injerencia cuando se está frente a un Estado responsable de crímenes de lesa humanidad.
Ya el papa Juan Pablo II se refirió a lo inmoral del dogma de la no intervención, cuando está en juego la vida de miles o millones de seres humanos. El hoy santo habló del “deber de injerencia humanitaria”, expresando: “Los Estados no tienen el derecho a la indiferencia. Parece claro que su deber sea desarmar al agresor, si todos los otros medios se han mostrado ineficaces.” (17/01/1993).
En Venezuela, no hay duda, todos los medios han resultado ineficaces en el objetivo de lograr un ejercicio democrático del Estado. De modo que si se produce cualquier acción de la comunidad internacional para “desarmar” a quienes nos tienen sometidos y humillados, será una acción provocada por los usurpadores del poder.
El único responsable de una acción de esa naturaleza será Nicolás Maduro y su entorno. Más allá de los fetiches del “no injerencismo” proclamado por la dictadura, y algunos de sus colaboradores, no hay duda que la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos claman por el fin de esta tragedia.
Evitar daños mayores, evitar la presencia de otros Estados en nuestro territorio, debería ser en este momento una tarea de los jefes de la camarilla roja. Una tarea concreta y clara: regresar al cauce democrático. Esto significa restituir, respetar y acatar las competencias de la Asamblea Nacional, para que ella inicie el proceso de legitimación de los demás poderes públicos y devuelva al pueblo venezolano, de manera libre y transparente, su derecho de decidir su propio destino.
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