Cuánta satisfacción sentimos al momento de conocer que el primer acuerdo conseguido, tras las negociaciones iniciales en México, entre las representaciones del gobierno y la oposición, haya sido, precisamente, la defensa integral de nuestra Guayana Esequiba.
Consenso, alcanzado por los integrantes de las delegaciones, con base en el contenido del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966.
En el texto que emanó de la mesa de discusiones, cuya redacción ha sido de unánime aceptación, podemos leer: “Ratificar los derechos históricos e inalienables de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, conforme a los cuales la frontera oriental de Venezuela es la medianera del río Esequibo”.
La anterior aseveración concluyente y reivindicatoria tiene eo- ipso suficientes asideros, desde el punto de vista histórico, jurídico, cartográfico y demográfico, entre muchos otros.
Así, entonces, permanentemente lo hemos venido explicando, no hay absolutamente nada de que temer en la contención que libramos para que se imponga la justicia, por el vil arrebato del cual fuimos objeto con el Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899.
Los documentos que posee el Estado venezolano constituyen una extraordinaria alforja de Justos Títulos, considerados iuris et de iure –no admiten pruebas en contrario–.
Únicamente a nuestro país le bastará con solo presentar la Cédula Real de Carlos III, del 8 de septiembre de 1777, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, con la cual nacemos ante el mundo; documento que incluye a las provincias de Maracaibo, Caracas, Nueva Andalucía (Cumaná), Margarita, Trinidad y Guayana que abarcaba hasta la mitad del río Esequibo. Escrito fundacional que está cumpliendo 244 años, a través del cual quedamos, formalmente, constituidos como entidad política-administrativa. Prueba tangible e irrefutable, para exhibir orgullos ante la Corte, o en el escenario jurisdiccional que sea menester.
Por tal razón los comisionados de ambas fracciones, que disciernen en la capital mexicana para buscar soluciones a los problemas de nuestro país, no tuvieron ningún tipo de limitaciones para fijar posición ante un hecho que debe concitar la unión de todos los venezolanos.
Aunque nos encontremos en el torbellino de un proceso electoral, se hace imprescindible prestarle atención a la opinión de la inmensa porción de compatriotas venezolanos coincidentes en que lo peor que podemos hacer es abrir una innecesaria e inconveniente confrontación política-partidista interna en nuestro país por el Esequibo en este momento apremiante, cuando estamos en una muy seria confrontación jurídica por la séptima parte de la geografía venezolana, que nos arrebataron de manera alevosa y vil.
Hoy, más que nunca, se hace impretermitible, en tanto condición necesaria pero no suficiente, la absoluta y sólida unidad de todos los sectores, sin excepciones.
Por eso nos satisfacen los razonamientos y conclusiones que salen al unísono, a partir de las deliberaciones de las delegaciones, ya descritas.
No hay vuelta atrás. Nuestro presente se signa mediante un hito histórico disyuntivo. Estamos obligados a insistir sin posiciones elusivas o reticentes, un hecho de vital trascendencia para la vida de la nación: la Guayana Esequiba siempre nos ha pertenecido.
Bien sea, mostrarlo y demostrarlo, de llegarse el caso ante la Corte Internacional de Justicia, adonde hemos sido citados, para el 8 de marzo del año 2023; cuando nos corresponda consignar el Memorial de Contestación de la Demanda, por el recurso interpuesto en contra nuestra por Guyana.
O la otra posibilidad, nada desdeñable, la que ambos bandos delegatarios en México, acaban de concordar: “La búsqueda de una arreglo práctico y satisfactorio, y mutuamente aceptable de la controversia entre las partes, en el litigio: entre Venezuela y Guyana”.
Por cierto que el noruego, el señor Dag Nylander, quien ahora se encuentra en plan conciliador, en México, entre los representantes del gobierno y la oposición venezolana, es el mismo, que en el año 2017, cumplía las funciones de mediación, otorgadas por el secretario general de la ONU, António Guterres, en el caso de la Zona en Reclamación; entonces, como ya sabemos, la contención fue remitida a la Corte Internacional de Justicia.
La presente circunstancia por la que atraviesa la patria –concretamente en el caso litigioso por la Zona en Reclamación—nos obliga a pensar, con bastante inteligencia: qué debemos hacer y bajo cuáles estrategias nos comportaremos como país, uniformemente.
Ya habrá tiempo para el “pleito chiquito”; pero este instante no es el momento de resentirse o cuestionar dónde estuvieron los errores, torpezas o desaciertos en el manejo de la contención contra la excolonia británica.
La posición clara y contundente que ha dimanado siempre desde nuestra Cancillería se sintetiza en la constante invitación a la representación de la excolonia británica en estos términos:: “En vista de la clara posición de Venezuela de no asistir a la Corte sobre la base de que ésta carece de jurisdicción sobre la llamada ‘demanda’ de Guyana, en un procedimiento que no encuentra acomodo en ninguna disposición del Estatuto, por la falta del consentimiento de Venezuela….una vez más, invita con sinceridad a la hermana República Cooperativa de Guyana a renovar la negociación a la que ambas naciones están obligadas en virtud del Acuerdo de Ginebra, único instrumento internacional especialmente suscrito para regir la controversia.”
Tanto en la Corte o bajo la figura de la negociación directa, debemos exhibir unidad; con lo cual demostraremos al resto del mundo que somos dignos herederos de las glorias y conquistas históricas de nuestros próceres e insignes libertadores.
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