La ONG Fundaredes exigió el jueves la liberación de su director, Javier Tarazona, y los activistas Rafael Tarazona y Omar García, quienes llevan dos meses detenidos acusados de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
En un comunicado de prensa, Fundaredes y otras organizaciones acudieron a la Defensoría del Pueblo en los estados Amazonas, Bolívar, Falcón, Lara, Mérida y Táchira para exigir la libertad inmediata de los activistas y verificar las malas condiciones de salud de los detenidos.
En Táchira, los miembros de Fundaredes entregaron un documento en la Defensoría del Pueblo en el que exigen información sobre las condiciones en las que se encuentran Tarazona, su hermano Rafael y Omar García.
El director encargado de la ONG en la entidad, Mackler García, recordó que, en el último año, Fundaredes y sus integrantes han sido víctimas de numerosos actos de hostigamiento y amenazas por parte de voceros oficialistas.
«Sin embargo, de manera flagrante el Estado venezolano dejó a un lado las amenazas y el 2 de julio las materializó desapareciendo forzadamente a Javier, Rafael y Omar, quienes hoy están privados de libertad sin poder tener contacto con sus familiares ni acceso a defensa privada», añadió.
Igualmente, indicó que los activistas fueron presentados el 3 de julio en el Tribunal Tercero de la Circunscripción Penal del Área Metropolitana de Caracas en materia de terrorismo, luego de 30 horas de desaparición forzada.
García señaló que se hizo una solicitud de medida humanitaria en favor de los activistas debido a que presentan una delicada situación de salud.
«En el caso de Javier Tarazona con problemas cardíacos, cardiovasculares y con un cuadro de dislipidemia; Rafael Tarazona con graves afecciones estomacales que le han generado una acelerada pérdida de peso y deterioro de su estado físico; mientras que Omar de Dios García es hipertenso y enfrenta secuelas poscovid-19, razón por la cual requieren atención médica adecuada», explicó.
Antes de su detención, Tarazona y sus dos compañeros presentaron unas denuncias en la Fiscalía para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros como la extinta FARC y el ELN, algo que el Ministerio Público calificó de difamaciones.
Tarazona fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
Al frente de Fundaredes, el activista se convirtió en una de las escasas fuentes para conocer lo que sucedía en la zona, ante el silencio gubernamental.
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