Negociar, sí; pero así no

En una controversia, cuando ninguna de las partes puede imponer su voluntad, la única opción es negociar. Que quede claro que la negociación no es un fin en sí mismo, sino una forma civilizada de resolver nuestras diferencias. La alternativa es el uso de la fuerza; pero, normalmente, los que tienen la justicia de su parte carecen de la fuerza para imponerla. En 22 años, de todas las personas que se resisten a negociar con el chavismo, no he conocido a ninguna que haya sugerido una alternativa realista y creíble. En Venezuela, el gobierno y la oposición están condenados a entenderse, y era necesario sentarse a negociar. Pero, para no caer en una trampa, y para que la negociación no sea una rendición anticipada, la cuestión es determinar qué negociar, cuáles son las líneas rojas, quiénes son los que mejor representan a las partes para sentarse a la mesa, cómo negociar y hasta cuándo podemos esperar para que las partes decidan llegar a un acuerdo. Tengo muchas observaciones sobre la forma y la sustancia del memorándum de entendimiento firmado en México por el gobierno y la oposición, con la facilitación del gobierno de Noruega; pero, en esta columna, sólo tengo espacio para referirme, muy brevemente, a cinco puntos de dicho memorándum.

1. El compromiso con la Constitución. Según lo manifestado por las partes, el memorándum de entendimiento se ha suscrito “bajo el amparo de la Constitución”. Pero es obvio que oposición y gobierno no tienen una visión compartida de lo que es la Constitución. Tradicionalmente, la Constitución ha sido vista como el límite del poder del Estado y como la garantía infranqueable de las libertades individuales. Sin embargo, para este régimen, la Constitución no pasa de ser un conjunto de reglas flexibles para el ejercicio del poder, que se han convertido en la trinchera de quien se cree investido de autoridad para aniquilar a los ciudadanos. ¿A cuál de esas dos interpretaciones de la Constitución es a la que se refiere el memorándum de entendimiento?

Sistemáticamente, hemos denunciado a este régimen por saltarse la Constitución. Los informes de distintas instancias internacionales han señalado que en Venezuela no hay independencia de los poderes públicos y no hay Estado de Derecho. Pero, en el memorándum de entendimiento, ambas partes se muestran de acuerdo con el respeto a la Constitución, como si éste nunca hubiera sido un problema, y como si tuviéramos una visión compartida de lo que ella significa. ¿Es esto una muestra de ingenuidad?

El punto 4 de la agenda, sobre el respeto al Estado Constitucional y de Derecho, es un punto clave, porque es el sojuzgamiento del Estado de Derecho lo que nos ha conducido a donde estamos. Y, siendo el régimen quien controla el poder judicial, la policía, el ejecutivo y el legislativo -con Asambleas Constituyentes cuando ha sido necesario-, es el régimen quien tiene que dar pasos positivos en esa dirección.

En la forma como está redactado, este punto sugiere que a la oposición también le cabe alguna responsabilidad en el restablecimiento y respeto del Estado Constitucional y de Derecho; pero no es la oposición quien ha politizado al TSJ y a la FANB. El Estado comunal, que es otra forma de burlar la Constitución y lo expresado por la ciudadanía en 2007, tampoco ha sido impulsado por la oposición.

2. Los derechos civiles. El primero de los puntos de la agenda se refiere a derechos políticos para todos. Pienso que allí se debió hacer referencia a los derechos civiles y políticos para todos. El derecho a la vida, la libertad personal, o el derecho a la integridad física, son derechos civiles, y no políticos. ¿Vamos a pasar por alto las ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias y la tortura? Lo que es más grave es que el derecho al debido proceso también es un derecho civil, y es su avasallamiento el que hoy hace posible la existencia de centenares de presos políticos. La omisión de los derechos civiles en el punto 1 de la agenda es un golazo del régimen. Si del lado de la oposición hay 9 negociadores, ¿cómo es que ninguno lo vio?

Pudiera argumentarse que, por la naturaleza de este conflicto, el punto 1 de la agenda se quiso reservar exclusivamente para los derechos políticos. Está bien. Pero el problema es que el ejercicio de los derechos políticos se materializa a través del ejercicio de múltiples derechos civiles, o de derechos civiles que tienen un componente político. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, o el derecho a manifestar pacíficamente, son derechos civiles esenciales para el ejercicio de nuestros derechos políticos; por eso, son estos derechos -no el derecho a elegir y ser elegidos- a los que el régimen ha atacado con más fiereza. Rescatar la democracia es importante; pero, sin pleno respeto a los derechos humanos, no hay democracia. Y cuidado con confundir el respeto de los derechos humanos con la mera promoción de los mismos. Lo primero es responsabilidad de los gobiernos; lo segundo es tarea de las ONG y de la sociedad civil.

3. Las sanciones. En el preámbulo, respecto de las sanciones “contra el Estado venezolano”, las partes expresan la necesidad de que las mismas sean levantadas, y el punto 3 de la agenda se refiere al levantamiento de las sanciones y a la “restauración de activos”. Da la impresión de que la oposición acepta que dichas sanciones fueron innecesarias e injustas, y que fueron realizadas en violación de principios de Derecho Internacional firmemente establecidos. Si es así, parece una ingratitud con los países que se han solidarizado con los venezolanos, que han condenado las graves violaciones de derechos humanos, y que -con esas sanciones- han demandado el restablecimiento de la democracia en Venezuela. ¿Qué pensarán los países amigos de la oposición? Por otra parte, si las sanciones han sido la palanca de la oposición para forzar a una negociación, no parece sensato abominar de ellas y aflojar en este punto, a cambio de nada, precisamente cuando están cumpliendo su función.

4. La economía. El punto 6 de la agenda, sobre protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, suena muy bien. Pero, al formularlo de esa manera, da la impresión de que Venezuela ha sufrido un cataclismo del que nadie es responsable, o que todos somos responsables de esta tragedia. Me temo que este régimen, que tiene la responsabilidad exclusiva del descalabro económico y social del país, y que es el único responsable del saqueo de los recursos del Estado, ahora pretende compartir esa responsabilidad con la oposición.

Sin duda, todos tendremos que poner el hombro en la reconstrucción de Venezuela. Obviamente, habrá que hacer concesiones; pero, que no nos tomen por tontos y quieran sugerir que aquí no hay responsabilidades políticas, civiles y criminales.

5. Los presos políticos y otros asuntos invisibles. No podría concluir este comentario, sobre la agenda acordada por las partes, sin preguntar dónde está la cuestión de los presos políticos. No lo veo reflejado en ninguno de esos siete puntos de la agenda. Pudiera aceptar que la eliminación de la práctica de la tortura no esté mencionada expresamente porque -tal vez- está implícita en el punto 4, sobre Estado Constitucional y de Derecho, o en el punto 5, sobre convivencia política y social. Pero, el tema de los presos políticos, asumiendo que también formara parte de los puntos 4 o 5, ¿no merecía mayor visibilidad? Considero que esta omisión es un serio error de la oposición, un insulto a quienes han pagado con cárcel la defensa de la libertad de todos, y otro golazo del régimen.

Puede argumentarse que todo lo que no esté expresamente mencionado forma parte de lo que se llama un proceso de diálogo y negociación “integral e incremental” (sic). Pero ese es un cajón de sastre en el que cabe cualquier cosa y, si es así, no era necesario contar con una agenda que enumere las cosas que le interesan al régimen y que invisibilice las que son de importancia para la ciudadanía. Si era absolutamente necesario suscribir un memorándum de entendimiento, tal vez hubiera bastado con enunciar, en forma neutra, los cuatro grandes temas que deben ser objeto de negociación: Democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, y economía. Así, ninguna de las partes podía atribuirse triunfos desde la partida.

Sigo convencido de que tenemos que negociar. Pero, en la forma como se está haciendo, no.