Manuel Díaz lleva 12 días preso y necesita tres testigos que den fe de que protestó pacíficamente y no incitó a la violencia en las inéditas protestas del 11 de julio en Cuba, para al menos poder esperar su juicio en libertad.
Este empleado de una dulcería, de 59 años, es uno de los cientos de cubanos detenidos durante el reciente estallido social que han enfrentado procesos judiciales. Se les acusan de delitos como desacato, desorden público, actos vandálicos o propagación de epidemia, por haber salido sin mascarilla en el peor momento de la pandemia de covid-19 en la isla.
«Hasta ahora nadie ha querido testificar y Manuel sigue en prisión preventiva, acusado de desorden público. Está en la cárcel de Caimito y estamos desesperados», declara a la AFP vía telefónica su hermano Roberto, que vive en Miami.
Manuel participó el domingo 11 de julio en las protestas que sacudieron al pueblo de Bauta, 25 kilómetros al suroeste de La Habana, Cuba donde vive y es conocido por su gusto por el fútbol.
Doce días después de que miles de cubanos se volcaran a las calles del país al grito de Patria y Vida, tenemos hambre y Libertad, el gobierno no ha informado el número de detenidos.
Una lista, publicada en Twitter por agrupaciones cubanas como el 27N y medios independientes como Periodismo de Barrio, señaló que son más de 600 personas detenidas.
El canciller, Bruno Rodríguez, dijo el jueves que liberaron a la mayoría de los arrestados, «con multas o bajo medidas cautelares domiciliarias. Descartó que haya menores de edad en prisión.
Afirmó además que no hay juicios sin las garantías del debido proceso y rechazó que haya desaparecidos.
En el grupo de Facebook «Desaparecidos #SOSCuba», Roberto explica que para que Manuel pueda esperar su juicio en libertad, necesita, según su abogado, dos o tres testigos. Ellos deben probar que protestó pacíficamente y se manifestó por que las personas no recurrieran a la violencia.
«Esto facilitaría mucho lograr que lo suelten con una fianza o que le den cárcel domiciliaria o lo pongan en libertad«, dice. «Debería haber una buena persona que nos ayude por favor para poder ver a Manolo otra vez en sus locuras y su afición futbolera”, apunta.
Realizador del video «Patria y Vida»
En Facebook y Twitter se multiplican los reclamos por la libertad de familiares y amigos. Claudia Salazar pide que liberen a su esposo, Yarian Sierra, que está siendo juzgado injustamente por pensar diferente.
El fotógrafo y realizador de audiovisuales Ányelo Troya, de 25 años, detenido en la zona del Capitolio de La Habana cuando llevaba su cámara, recibió condena de un año de prisión por el delito de desorden público.
Troya, uno de los realizadores del video del polémico rap «Patria y Vida», lema de las protestas, fue juzgado el miércoles en un tribunal de La Habana bajo el procedimiento de atestado directo. Junto con él se acusó a otros 12 participantes en las protestas de Cuba, según su familia.
«Nunca nos avisaron del juicio», cuenta su hermano Yuri, de 32 años. Sus padres están destruidos. “Se enteraron de que su hijo estaba siendo juzgado cuando «fueron a visitarlo a 100 y Aldabó (cuartel general de la Dirección Técnica de la Policía Nacional), donde estaba recluido”, contó.
«Corrimos al tribunal con un abogado que habíamos contratado, pero cuando llegamos el juicio había concluido«, precisa Yuri.
La familia de Troya inició un proceso de apelación de una sentencia que considera injusta. En Facebook, su madre Raisa González preguntó dónde está el derecho de su hijo a tener un juicio con transparencia.
Entre los detenidos que aún no han sido liberados figuran conocidos disidentes como el expreso político José Daniel Ferrer. O el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del contestatario Movimiento San Isidro (MSI), agrupación de intelectuales y universitarios que reclaman libertad de expresión y creación.
El MSI denunció el martes en Twitter que Otero Alcántara fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa.
Cinco días después de las protestas, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo: todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente.
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