En el cúmulo de preocupaciones del venezolano y el enunciado de los problemas que padecemos siempre aparece mencionada la nota de la realidad de la violación sistemática de las leyes como característica de nuestra sociedad. Pero, a pesar de ello, permanentemente recurrimos a la demanda de nuevas normas, ya que estamos convencidos de que un nuevo instrumento legal puede resolver cualquier problema social.
En contraste con ello, las leyes “vigentes” solo parecen tener una existencia virtual. Sencillamente, las normas no se aplican y se dictan con fines simbólicos, de tal manera que alegar con su texto puede resultar absolutamente inútil y su cumplimiento, inclusive, podría generar efectos que nada tienen que ver con sus previsiones.
Las disposiciones más elementales de la convivencia en sociedad, como el orden en el tránsito automotor, han perdido su sentido y atender señalamientos elementales, como detenerse ante la luz roja de un semáforo, no solo suscita incertidumbre, sino que nos puede exponer a riesgos imprevisibles.
Todo esto nos lleva a otra afirmación preocupante y aleccionadora, por extraño que parezca: una ley dictada para ordenar la vida social y sancionar conductas desviadas puede ser criminógena, lo cual implica que por la amplitud o imprecisión de su contenido o por la inocuidad y licitud de un comportamiento que no pone en peligro ni afecta ningún bien jurídico, permite que sean calificados como delincuentes ciudadanos honestos que simplemente actúan de buena fe en el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos o llevan a cabo acciones que no son merecedoras de las extremas sanciones penales.
Sencillamente, las leyes no resuelven los problemas de una comunidad, ni garantizan, per se, el orden social. Son instrumentos que, en la medida en que están bien construidos y responden a exigencias concretas del bien común, contribuyen a la paz y a la convivencia entre los ciudadanos.
El abuso de las normas, su alejamiento de la realidad, el afán de regularlo todo sobre todo recurriendo a la vía penal, por el contrario, se constituye en el más eficaz medio para su desprestigio y para afianzar el incomprensible dicho de que “las leyes se acatan, pero no se cumplen”.
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