“Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”
Nelson Mandela
La comisión que nombró Maduro para hacer una supuesta “revolución judicial” atenta contra el artículo 254 de la Constitución que establece que el Poder Judicial es independiente y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. La intromisión del Poder Ejecutivo es inaceptable y tendría que haber sido el propio Poder Judicial el que tomara la decisión de autocorrección hace tiempo. Algo debe estar mal con el magistrado Maikel Moreno al que Maduro omite incluso jurídicamente del asunto en cuestión.
Para colmo de males, designar a Diosdado Cabello y a Cilia Flores como cabezas es además sesgar de antemano el fin de una reforma judicial que tendría que ser para garantizar equilibrio, transparencia y probidad en medio del desastre. Poner a quien maneja el partido de gobierno a reestructurar el Poder Judicial es como decirle en la temporada de beisbol profesional al manager de los Leones del Caracas que decida sobre todo lo que tenga que ver con los árbitros del torneo. Un Poder Judicial partidizado hasta los tuétanos es lo que menos conviene a los venezolanos. La comisión es una mala copia de lo mismo que hizo Chávez y que no resolvió nada, sino lo empeoró. Según la carta magna, al Poder Judicial se ingresa por concurso de oposición público, y se asciende por méritos profesionales, los jueces son personalmente responsables por error, retardo judicial, omisiones injustificadas, parcialidad y delitos de cohecho y prevaricación. Son más de 20 años de partidización de la justicia y ahora de nuevo el remedio anunciado será peor que la enfermedad.
Hoy el número de presos en calabozos policiales casi iguala a la población que está en las cárceles formales, también hacinada. La mayoría de los presos están sin alimentación suficiente, ni acceso a agua potable y servicios médicos adecuados. Hoy hay más de 37.000 presos en 52 prisiones, pero la capacidad es para 26.000 y ahora es que el régimen se da cuenta de que el sistema carcelario colapsó.
Existen graves denuncias ante la Corte Penal Internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en los recintos carcelarios, incluida la tortura y la mínima atención debida. La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su último informe destacó que los jueces no toman decisiones sin consultar sus fallos con los presidentes de los circuitos penales. De la misma manera se ha repetido hasta la saciedad que el TSJ es el bufete de Maduro y de Miraflores. En este sentido la Comisión Internacional de Juristas de América Latina presentó un reporte sobre Venezuela en el que denunció nuevamente la parcialidad del Poder Judicial desde su máximo estrado, controlado políticamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela que operativamente dirige Cabello como vicepresidente. “Hoy, en Venezuela, el derecho a la justicia no está garantizado, en la medida en que no tenemos un sistema de jueces independientes e imparciales”, dijo el vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, Carlos Ayala Corao, durante la presentación del informe. “El deterioro de la independencia judicial repercute en la falta de rendición de cuentas de los funcionarios y debilita la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos, lo que a su vez vulnera los derechos de las víctimas. Además, dado el control que ejercen los miembros del gobierno de Maduro sobre el Poder Judicial, los jueces no solo son incapaces de proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la represión derivada de motivaciones políticas, sino que el Poder Judicial, en muchos casos, ha sido utilizado como herramienta de represión contra los disidentes”, señala el informe.
Más de 85% de los jueces ocupan cargos de carácter provisional, una de las principales causas de las desviaciones del Poder Judicial y son designados o destituidos a dedo.
El problema del retardo procesal que provoca este hacinamiento no se resuelve trasladando a unos presos de un lugar a otro. Es un problema que ocurre por muchas causas, porque los fiscales no presentan los escritos de acusación y por las constantes suspensiones de las audiencias por parte de los jueces provisionales. Los jueces no tienen incentivos para decidir y son funcionarios con sueldos de hambre, listos para favorecer al mejor postor, mientras no se contradiga con esto al régimen y se trate de un juicio político.
El país necesita refundarse y contar con un Poder Judicial independiente, que no decida ante una espada que amenaza su cuello, sino en función de la justicia y el bien común. Hay que empezar por cambiar y equilibrar al Tribunal Supremo si el régimen quiere de verdad salir de las sanciones. Esperemos que este punto sea parte de la negociación internacional planteada en el plan de “Salvación Nacional”. Más importante que cualquier otra cosa es garantizar que el último intérprete de la Constitución cambie y responda al interés nacional. Ya basta que se imponga el derecho de la fuerza y no la fuerza del derecho.
@OscarArnal
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