La Comisión Especial para la Revolución Judicial de Venezuela, cuya creación anunció Nicolás Maduro, fue instalada este viernes por Diosdado Cabello.
«En el día de hoy hemos instalado la comisión a nivel nacional», afirmó Cabello en una declaración a las puertas de la Asamblea Nacional.
Indicó que han «organizado el país en seis regiones con un coordinador en cada una».
Revolución judicial
Maduro anunció el lunes la creación de una comisión, presidida por Cabello, para hacer una revolución judicial en un lapso de 60 días.
«Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano, presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón», indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.
Al respecto, Cabello aseguró este viernes que Maduro convocó al Consejo de Estado y, desde esa institución, es promovida y designada la comisión.
«Es para actuar en todo el ámbito del sistema judicial y convertir el sistema judicial en un sistema judicial modelo para el país y para el mundo», según Cabello.
Dijo que en cada uno de los centros en los que trabajará la comisión estarán representadas las instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad como el sistema de justicia, la Fiscalía, los ministerios de Prisiones e Interior, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, los gobernadores regionales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional.
Desocupar centros de detención preventiva
«Desde ya comienza el despliegue a lo largo y ancho de toda Venezuela, el Consejo de Estado nos ha dado a nosotros 60 días para que, en 60 días, estén desocupados estos centros de detención preventiva», señaló.
Envió un mensaje a las personas que van a ser juzgadas o se les acusa de algún delito y están detenidas en esos centros.
«En los próximos días recibirán visitas porque estamos obligados a visitar todos los centros temporales preventivos», anunció.
Trasladar presos políticos a cárceles comunes
El 12 de mayo, el régimen publicó en Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debían «transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de 30 días».
La situación ocasionó el rechazo de la oposición, pues señaló que esto implica el traslado de los presos políticos a cárceles comunes.
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