La tala de más de 200 samanes en Apure ha servido para financiar a grupos guerrilleros y para generar los terrenos en los que se construyen pistas clandestinas destinadas a sus actividades criminales.
Así lo informó el coordinador de Fundaredes en Apure, Juan García, quien introdujo formalmente la denuncia ante la Defensoría del Pueblo.
García explicó que en el municipio Achaguas hay una grave deforestación de samanes. La madera es comercializada para obtener recursos económicos para los grupos armados. Afirmó que las autoridades ya están al tanto de este delito ambiental.
“Los cortes de madera se vienen haciendo de manera abierta. Esta es trasladada a diferentes estados del país, atravesando varias alcabalas y puntos de control de diversos organismos de seguridad del Estado sin ningún tipo de restricciones”, indicó el representante de Fundaredes en un comunicado publicado por la ONG.
“Las organizaciones criminales como las FARC, el ELN y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación son quienes operan en estas tierras poniendo en riesgo al ambiente y a las comunidades cercanas. Las autoridades del Ministerio de Ambiente y del Ministerio Público no toman acciones inmediatas, ya que este delito tiene atribuciones para privar de libertad en flagrancia”, agregó.
García recordó que esta situación causa daños irreparables al ambiente y a las comunidades establecidas en regiones cercanas: no solo se ven afectadas por los daños a la naturaleza sino que están amenazadas por los guerrilleros.
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