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Cicpc detuvo a Rufo Chacón bajo acusaciones falsas

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El domingo 30 de mayo funcionarios del Cicpc detuvieron a Rufo Chacón acusándolo falsamente de haber robado unas motos, denunció la abogada Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en Táchira.

Sánchez explicó que los agentes treparon la cerca de la casa de Chacón sin orden judicial y lo sacaron de su cama.

Luego le quitaron el celular para revisarlo. Una vez más sin orden judicial, los funcionarios llevaron dos motos de Chacón a la sede del Cicpc y, a pesar de los ruegos de la abuela del joven, que tiene 80 años de edad y sufre de la tensión y del corazón, lo esposaron junto a su hermano de 16 años.

“Se lo llevaron  a la sede del Cicpc, donde lo interrogaron sin presencia de abogado o representante. Y ante la llegada y el reclamo justo de su señora madre, la respuesta fue que hubo una equivocación, pero que los dejaban ir si su madre firmaba  un acta”, agregó la abogada.

“Y a pesar de todo este desastre algunas personas  en redes sociales publican que un muchacho de 18 años, a quien en una represión violenta le vaciaron sus ojos, roba motos. ¿Cuál es la intención? ¿Piensan que Rufo abandonará la sala de juicio  donde  busca justicia?”, reflexionó Sánchez.

La coordinadora de Foro Penal recordó que no es la primera vez que Rufo es amedrentado por el régimen, a pesar de que ya funcionarios de seguridad del Estado lo dejaron sin vista a perdigonazos durante una protesta.

“A pesar de las dificultades de él y su familia, con el apoyo de muchos venezolanos de buen corazón, tomaron la iniciativa de vender alimentos en un kiosco desde su casa, sin imaginarse que la Alcaldía de Cárdenas ejecutaría una supuesta resolución donde ordenaba el cierre de los establecimientos informales”, indicó la abogada.

Además, en marzo la Policía de Táchira amedrentó a Chacón y su madre cuando se presentaron en los tribunales de San Cristóbal.

Ese día a las afueras de los tribunales se encontraba un gran número de oficiales que pretendían ingresar al juicio oral como público.

La abogada Raquel Sánchez dijo en ese momento que la actuación de los uniformados fue un acto de intimidación y amedrentamiento.

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