De 29 trabajadores petroleros detenidos por el régimen al menos 25 han sufrido torturas por parte de los funcionarios de seguridad del Estado que los custodian, denunció el Observatorio Nacional de Derechos Humanos.
En un informe publicado en su página web, la organización habla de 17 trabajadores detenidos de Petrozamora, 6 de Citgo, 1 de Pdvsa y 5 sindicalistas. Queda pendiente para la ONG otro estudio sobre los casos de otros 60 trabajadores.
“Los trabajadores detenidos no escapan de las violaciones a los derechos humanos a las que son sometidos del resto de los presos políticos”, afirmó el observatorio.
Entre los abusos menciona que las fuerzas de seguridad, en particular los servicios de inteligencia, detienen de manera arbitraria a todo el que disienta del régimen, que sea considerado una amenaza o por retaliaciones políticas; las detenciones fueron injustas, inadecuadas o violatorias al debido proceso y las víctimas fueron sometidas a desapariciones forzosas breves.
Otras violaciones que menciona la organización son:
-Algunos fueron llevados como testigos a la sede de la Dgcim y los dejaron detenidos.
-Les presentaron obstáculos para la designación y comunicación con abogados de confianza.
-Hubo retardo procesal injustificado en sus casos y en otros casos persiste.
-Fueron torturados físicamente al inicio de la detención y todos psicológicamente.
-Hubo campañas televisivas del procedimiento, de difamación, por parte de organismos del Estado.
-Fueron destituidos de sus cargos sin el trámite administrativo correspondiente.
-Las investigaciones penales las realizaron organismos de inteligencia.
-Fueron interrogados por sus captores en el organismo policial.
-Los alegatos de defensa fueron desechados por los jueces sin argumentación jurídica.
-Los conminaron a admitir los hechos advirtiendo el posible fracaso del Juicio Oral y Público.
-En los casos de los detenidos que no admiten, se observa retardo procesal deliberado.
A todo esto se agrega, dice el observatorio, la violación al derecho a la salud de los detenidos, lo que ha empeorado por la pandemia.
“La mayoría son detenidos en el estado en que residen, juzgados en la capital y recluidos en centros carcelarios distantes tanto de su lugar de residencia como del lugar de juzgamiento”, precisa el informe.
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