La policía de Nicaragua allanó este miércoles, en medio de un fuerte dispositivo, la vivienda de la opositora Cristiana Chamorro después de que la justicia emitió una orden de detención por una acusación de lavado de activos presentada por el gobierno de Daniel Ortega, un proceso que provocó la condena internacional.
Un tribunal de Managua dijo en una nota que ordenó el «allanamiento y detención en contra de Cristiana Chamorro, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense».
Los agentes entraron con violencia a la residencia de Chamorro, en el sureste de Managua, donde se preparaba para dar una conferencia de prensa tras la acusación presentada por la Fiscalía, contó a la AFP Arelia Barba, asistente de la opositora.
Amigos y familiares trataron de ir a la residencia de Chamorro, pero un fuerte dispositivo de policías y antimotines impedían el paso al lugar, según reportes de prensa.
La orden de detención contra Chamorro la emitió la juez Karen Chavarría, del Noveno Distrito Penal, donde la Fiscalía presentó la acusación la noche del martes, de acuerdo con el comunicado.
La Fiscalía abrió una investigación contra Chamorro el 20 de mayo a pedido del Ministerio de Gobernación.
El gobierno la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la promoción de la libertad de expresión.
La opositora ha rechazado esas acusaciones y las ha considerado una farsa para evitar su participación en las elecciones, pues la ley nicaragüense impide postular a cargos públicos a personas con proceso penal abierto.
Atentado a la democracia
La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó el miércoles la «inhabilitación política» de Chamorro y la calificó como «un atentado a la democracia» y advirtió que Nicaragua se encamina a la «peores elecciones posibles».
«Acciones como esta restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral», agregó.
Chamorro, de 67 años de edad, ha manifestado públicamente su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre.
Ortega, en el poder desde 2007, aún no ha confirmado su participación en esas elecciones, pero sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo.
«Prohibir arbitrariamente a la lideresa de la oposición Cristiana Chamorro refleja el temor de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real», dijo en Twitter el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó la acción contra Chamorro como un «atropello a los derechos humanos».
Cacería de precandidatos opositores
La madre de Chamorro derrotó en 1990 a Ortega en las urnas cuando este buscaba la reelección después de su primer gobierno (1985-1990).
El bloque opositor, denominado Coalición Nacional (CN), acusó en un comunicado a Ortega de «desatar una cacería» contra los precandidatos porque «teme ir a un proceso libre, transparente y observado».
Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral, conformado por magistrados nombrados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dejó fuera de la carrera al Partido de Restauración Democrática (PRD-evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país.
«Es posible que después de Cristiana sigan otras inhibiciones a más precandidatos, ya que Ortega quiere sacar del juego a los opositores que le signifiquen mayor reto a su plan de perpetuarse en el poder», dijo el martes el aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga.
Estas acciones ocurren un día después de que Chamorro concurrió a la sede de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL, derecha), para inscribirse en el proceso de selección del candidato de esa agrupación.
El registro de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados será entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Los opositores dan por descontada la candidatura de Ortega.
El gobernante de 75 años de edad enfrenta desde 2018 una crisis política detonada por protestas masivas por algunas medidas de su gobierno que desencadenaron en pedidos de renuncia. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para Ortega se trató de un intento fallido de golpe de Estado respaldado por Washington.
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