Apure, una tragedia nacional

 

Quisiera, antes de iniciar este artículo, expresar mi solidaridad y reconocimiento a todos mis compañeros de armas que combatieron, valientemente, en defensa de nuestra soberanía en la zona fronteriza con Colombia. Mis más sentidas condolencias a los familiares de los caídos y mis oraciones por el pronto regreso a casa, sanos y salvos, de los secuestrados en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los dolorosos resultados de la operación “Escudo Bolivariano 2021”, realizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el objetivo, según declaraciones del ministro de la Defensa, de recuperar el control del territorio venezolano en la zona fronteriza con Colombia en el estado Apure, exigen una exhaustiva revisión de nuestras políticas exterior y de defensa vigentes. Este esfuerzo debe hacerse, con base en una visión de Estado, prescindiendo del enfrentamiento político existente entre gobierno y oposición. No hay duda que la responsabilidad histórica de lo ocurrido es de Nicolás Maduro y del actual Alto Mando Militar. Los hechos obligan a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de estas políticas. Lo primero que considero debe hacerse es disponer de una amplia información sobre lo ocurrido para poder realizar un adecuado análisis. Sin embargo, eso no es posible. No ha habido una explicación transparente de los hechos ante la opinión pública. No obstante, de acuerdo con noticias extraoficiales, pareciera ser que una unidad de tropas especiales, de magnitud desconocida, fue aerotransportada en dos helicópteros a un sitio cercano a la frontera con Colombia con la misión de expulsar a grupos subversivos vinculados al narcotráfico. Esos grupos, superiores en número, lograron emboscar a nuestros efectivos sin que recibieran el debido apoyo, con el saldo trágico conocido.

Como es sabido, las políticas exterior y de defensa de un Estado se establecen con base en la definición de sus intereses vitales y de sus objetivos nacionales. Los intereses vitales de Venezuela, en el caso específico de nuestra política exterior con Colombia, son entre otros: garantizar el ejercicio de la soberanía nacional, preservar nuestro espacio territorial, así como el bienestar, la vida y propiedades de los residentes en las zonas fronterizas. El Estado venezolano, para la consecución de esos objetivos, implementó, en el pasado, un conjunto de medidas, entre ellas, un permanente patrullaje con unidades de nuestras Fuerzas Armadas, y el emplazamiento de una serie de puestos fronterizos con misiones específicas de vigilancia y obtención de inteligencia. Posteriormente, en virtud del surgimiento de pequeños incidentes entre unidades de ambos países, se adoptó, a través de la vía diplomática, un sistema de coordinación entre las dos Fuerzas Armadas que permitió, hasta 1998, un constante intercambio de información y cooperación entre los distintos niveles de mando. Esa decisión fortaleció la eficiencia de nuestras unidades en el cumplimiento de su misión de seguridad y defensa en la zona fronteriza con Colombia.

Ahora bien, a la luz de los resultados de dicha operación y a pesar de la escasa información disponible, se puede intuir que la misma adoleció de algunas fallas en su planificación y ejecución que deben ser analizadas y corregidas. En ese sentido, me voy a permitir hacer algunas críticas constructivas con este fin: por ejemplo, vista la magnitud de fuerzas de las FARC y la rapidez con la cual atacaron a nuestros efectivos con un trágico saldo de muertos, heridos y desaparecidos, se infiere que el secreto y la sorpresa, principios esenciales en este tipo de operaciones, no fueron considerados suficientemente. De igual manera, pareciera que la disponibilidad de inteligencia fue limitada, lo cual resultó en una deficiente valoración de las capacidades del enemigo. Por otra parte, la ausencia de una reacción inmediata denota que no se dispuso de una fuerza de reserva, tanto terrestre como aérea, capaz de intervenir en apoyo de los comandos al ser atacados por los insurgentes. Asimismo, se presume una gran falla en las comunicaciones que impidió la solicitud de refuerzos e información de lo que ocurría, en tiempo real, en el terreno. Es decir, un deficiente sistema de comando y control. Creo que no hace falta agregar otros detalles para concluir que se requiere una profunda reflexión que conduzca a realizar los cambios necesarios en esas políticas para evitar que estos hechos se repitan.

Ante la gravedad de la situación considero prudente retomar, con las variantes y adaptaciones que sean necesarias, la política militar de seguridad fronteriza que imperó en esa región hasta 1999 cuando fue desactivada, así como restablecer las coordinaciones y el intercambio regular de informaciones con las Fuerzas Militares colombianas. Es necesario entender que la verdadera amenaza que pende sobre los venezolanos y nuestro territorio es la acción criminal y desestabilizadora de las FARC, ELN, FBL y de bandas del crimen organizado que actúan en ambos lados de la frontera. El interés vital de Venezuela tiene que ser la seguridad y defensa de nuestro espacio geográfico y sus habitantes. El intercambio de información con las autoridades colombianas para combatir ese flagelo es de suma importancia y no está reñida con las diferencias ideológicas que puedan existir entre los dos gobiernos. Es imprescindible que los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana influyan en el diseño de esa política y en su eficiente ejecución para poder garantizar el éxito de las operaciones militares a realizarse, de manera más permanente, en las regiones fronterizas.

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