El caso Lorent Saleh y la responsabilidad de Santos

Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, estudiantes venezolanos perseguidos políticos fueron detenidos en Bogotá el 4 de septiembre de 2014 y de inmediato entregados a la policía “Sebin” que los solicitaba por participar activamente en las protestas que contra el régimen se escenificaban en todo el país por la sangrienta ola represiva que se ejecutaba, es decir, se trataba de una persecución de índole política y para la cual se abrieron expedientes judiciales donde les decretaron su detención pero que solo eso se hizo, en realidad nunca se llevó a cabo un proceso conforme a la ley, en el caso principal se contabilizaron 52 diferimientos para no dejar que ellos se defendieran y la razón era que no existían causales para procesarlos, todo era mentira, imputaciones falsas típicas de un país donde no hay Estado de Derecho.

La historia en resumen

Este calvario persecutorio se inició en Valencia. El encargo de comenzarlo se asignó al juez tercero de control Toredit Rojas y a la fiscal 5 Analia Aguilar, en virtud de lo cual el 6 de septiembre de 2010 se dictó medida privativa de libertad contra los mencionados jóvenes y les dieron medidas sustitutivas con orden de presentación. En ese estado mantuvieron el expediente engavetado sin atender reclamos para que se diera el trámite legal.

Huyendo de la persecución, los estudiante Lorent Saleh y Gabriel Valles pasaron la frontera a Colombia con un permiso que se venció y no renovaron. Requeridos por la autoridad, en fecha 27 de agosto 2014 y mediante formal acto administrativo les dieron un salvoconducto por 10 días para que legalizaran su situación migratoria, pero violando su propio acto el gobierno de Juan Manuel Santos al noveno día los apresó y de inmediato les deportó y los entregó a la policía política Sebin cuando todavía tenían derecho –pues les quedaba un día hábil– de solicitar una visa o un asilo en uso de la facultad consagrada en el artículo 36 de la Constitución Política de Colombia, y sin permitirles ninguna actividad defensiva, violando con ello el sagrado derecho que además de ser de naturaleza universal se encuentra también expresamente garantizado en el artículo 29 constitucional.

Juan Manuel Santos tendrá que responder civil y penalmente

La concesión del lapso de 10 días que el gobierno de Juan Manuel Santos dio a Saleh y Valles para legalizar su situación migratoria fue un acto administrativo que el gobierno dictó y que le generó obligación de respetarlo y también derecho a ellos de ejercerlo, pues, si bien es cierto que este tipo de actos pueden ser revocados por el propio órgano que los emite, también cierto es que tal potestad declina cuando el acto genera derechos a terceros, como ocurrió en este caso cuando a estos jóvenes les nació el derecho de solicitar una visa o un asilo dentro del lapso otorgado por la administración pública colombiana, por lo que entonces no le estaba permitido proceder a revocarlo como lo hizo.

El gobierno de Colombia, por boca de Sergio Aguirre, director nacional de Migración Colombia, exigido de dar respuesta, reconoció el abuso tratando de justificarlo al decir que el gobierno simplemente había adelantado el proceso de expulsión porque no se había solicitado refugio, pero tal excusa no da cuenta de que las víctimas de la sanción aún estaban dentro de lapso legal otorgado por el gobierno.

Con el incalificable abuso antes anotado se causó un grave daño a los jóvenes Lorent Saleh y Gabriel Valles, como lo fue esa terrible reclusión por años en las mazmorras de la policía política del régimen dictatorial de Maduro sin que pudieran ejercer derecho a la defensa alguno y sometidos a torturas, por todo lo cual deberá responder el ex presidente colombiano, último responsable por tal acto, que con tal infamia causó daños materiales y morales a estos dos jóvenes y también al propio Estado colombiano, que quedó con ello en posibilidad de ser demandado para la reparación de daños materiales y morales por las víctimas. Ninguna excusa es válida ante ese exceso de autoridad, ni siquiera la que se ofreció sobre que los jóvenes estaban ejerciendo actividad política que afectaba el orden público, pues en todo caso ello pudo haber sido controvertido en un debido proceso legal que no se les permitió.

Esta violenta expulsión y entrega en la frontera a la policía política de Venezuela de los estudiantes Saleh y Valles que ordenó Juan Manuel Santos contrasta con el caso de Walid Makled que, aún tratándose de un escándalo internacional en el que Estados Unidos lo requería para juzgarlo en sus tribunales por delito de narcotráfico, se le dio todas las facilidades para contratar abogados y ejercer derecho a la defensa, como en efecto lo hizo durante 9 meses que duró aquel procedimiento.

La responsabilidad del presidente Santos comprende delicados aspectos que van más allá de esos graves daños materiales y morales a sus víctimas Lorent Saleh y Gabriel Valles, pues podrían llegar hasta el de ser acusado como cómplice de los delitos de lesa humanidad por los que en algún momento tendrá que responder el régimen genocida de Nicolás Maduro.

El sistema judicial venezolano garrote político de la dictadura

Abarrotadas las páginas de periódicos, revistas, libros, expedientes sobre denuncias de la conversión de nuestro sistema judicial en una extensión del aparato represivo, registrará este episodio como uno de sus más escandalosos y en los que circulan los nombre de jueces y fiscales que se han prestado para esta horrorosa infamia.

Quedarán registrados en las listas del no olvido: jueces 1) Miguel Graterol Maneiro, quien ejerció el comienzo de esta demoníaca historia como juez sexto de control de Caracas y 2) su sucesor en el cargo, Edecio Velásquez Hernández, quien desatendió peticiones, llamados, súplicas de abogados y familiares para que se diera atención médica por graves dolencias a los prisioneros. 3) Magaly Parra, juez 3 de control de Caracas, fue quien ordenó la reclusión en el Sebin. 4) Toredit Alfredo Rojas Acevedo, juez tercero de control de Carabobo. 5) José Vicente Saavedra, juez 11 de control de Carabobo. Fiscales: Katherine Harrington Padrón, Yeison Moreno Mendoza, Miguel Alfredo Ramos, Analia Aguilar.

Se anota que esta fiscal Katherine Harrington y su colega Miguel Graterol Maneiro se han destacado por la labor persecutoria, entre otros, contra Antonio Ledezma, Josman Paredes, Juan Pablo Giraldo, Gregory Sanabria, Renzo Prieto, Ronny Navarro Gabriel Valles, Lorent Saleh, entre otros.

Mención especial a la señora madre de Lorent Saleh, la sufrida e incansable Yamile Saleh, digna de todo reconocimiento, y a los abogados que denodadamente asistieron el caso en esa pesadilla judicial, los colegas Theresly Malavé y Juan Gonzalez, pues yo, como abogado litigante, sé lo que se trabaja y se sufre en estos casos.

Algún día se hará justicia.