Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, advirtió el miércoles sobre el riesgo físico al que están expuestos los presos políticos militares de ser trasladados a cárceles comunes.
Esto después de que el Ejecutivo aprobó el decreto 4.610, publicado en Gaceta Oficial 42.125, en el que se transfiere la custodia de los detenidos en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
«Como organización que encabeza la defensa privada de varios oficiales tras las rejas sin haber cometido delito, hemos denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la Dgcim como en el Sebin por tratarse de centros de detención preventivos. Hoy con profunda preocupación alertamos que pretendan trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión donde reina la anarquía, abundan casos de enfermedades crónicas, existe desnutrición y no se garantizan los derechos humanos de los detenidos», señaló la Camejo en una nota de prensa de la ONG.
Alertó de que en las cárceles comunes la cifra de reclusos supera 171% de la capacidad instalada, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Agregó que el alto índice de propagación del covid-19 en el país es una razón de peso para otorgar medidas de arrestos domiciliarios.
Camejo hizo un llamado a la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que los representantes de su Oficina que se encuentran en Venezuela se aboquen a evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles.
Reiteró que el traslado de presos políticos a cárceles comunes supone un enorme riesgo para su integridad física y mental.
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