«Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump en calidad de criminal, junto con el fiscal de distrito de Manhattan».
Eso fue lo que comunicó el portavoz de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre la naturaleza de las indagaciones que las autoridades realizan sobre las actividades de las empresas del multimillonario expresidente de EE UU.
Los negocios de la Organización Trump han estado bajo la lupa de las autoridades desde hace unos años. Sin embargo, hasta ahora esas investigaciones eran de carácter civil, nada que Trump no hubiese enfrentado antes ni resuelto con algún reembolso o pago de indemnización.
Pero la decisión de Letitia James incrementa el riesgo legal para Trump, con la posibilidad de que él o los ejecutivos de su compañía enfrenten penas de cárcel si los encuentran culpables.
Es más, como indicaba la fiscal general en su comunicado, están trabajando en paralelo con el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., que ya llevaba su propia investigación sobre supuesta «conducta criminal prolongada» de la Organización Trump.
La atención de los fiscales se centra en las sospechas de que Trump habría inflado el valor de sus activos inmobiliarios frente los bancos en el momento de buscar préstamos, pero subestimó su valor para reducir el pago de impuestos.
Esos activos inmobiliarios forman la columna vertebral de su enorme fortuna.
El Imperio Trump
El grupo Trump fue fundado por la abuela materna de Donald Trump y fue desarrollado por su padre, Fred Trump, quien le pasó las riendas del mismo en 1971, cuando empezó a ser conocido como la Organización Trump.
En 2019, la revista Forbes estimó el valor neto de la fortuna de Trump en US$3.100 millones, la mitad del cual corresponde a inmuebles en la ciudad de Nueva York, donde tiene más de 15 propiedades residenciales y comerciales.
Entre estas se encuentran la Trump Tower, un edificio de 58 pisos en la Quinta Avenida donde están las oficinas centrales de la organización; la Trump World Tower, frente al edificio de Naciones Unidas y The Trump Building, sobre la calle Wall Street en el distrito financiero.
La Trump Tower, en la Quinta Avenida, es uno de los inmuebles de la Organización Trump en la costosa zona de Manhattan. GETTY IMAGES
En un momento dado, la Organización Trump fue dueña de 50% del famoso rascacielos Empire State, que se vio forzada a vender en los años 90 tras un frustrado intento de compra de todo el inmueble.
También tiene inmuebles en algunas de las principales ciudades estadounidenses y del extranjero. Aquí se destaca su lujosa residencia Mar-a-Lago, en Florida, convertida en un exclusivo club para socios.
Pero su imperio va más allá. El sitio web de la Organización Trump da detalles de sus inversiones en hoteles, casinos, campos de golf, restaurantes, medios de comunicación, entretenimiento y tierras para desarrollo urbanístico.
El foco de la investigación
Es precisamente en una de esas tierras, un vasto terreno de 86 hectáreas al norte de Manhattan llamado Seven Springs, en la que coinciden las investigaciones de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y del fiscal distrital de Manhattan, Cyrus Vance Jr.
Ni la oficina de James ni la de Vance han divulgado los detalles del aspecto criminal de las pesquisas, pero se sabe que este último ha tenido conversaciones con el exabogado de Trump, Michael Cohen -quien cumple una condena de tres años en prisión domiciliaria-, sobre si el valor de ese terreno fue inflado para reducir el pago impuestos.
Trump recibió una deducción en impuestos de US$21 millones por conservar el terreno de Seven Springs. GETTY IMAGES
Después de que el fiscal lograra acceso legal a los datos personales y financieros de Donald Trump que se remontan varios años atrás, se conoció que el magnate compró el terreno, junto con una mansión de 4.500 metros cuadrados, en 1995, por US$7,5 millones.
Según su organización, la tierra iba a ser utilizada como un lugar de retiro para la familia, aunque el propósito original aparentemente era desarrollar un campo de golf. Tanto ese plan como el de una urbanización de casas lujosas se archivaron por la oposición de la población local.
Sin embargo, el bien raíz le sirvió de vehículo para lograr una reducción de impuestos, según los registros y declaraciones. En 2015, Trump firmó un pacto de conservación que daba a entender que 64 hectáreas de esa tierra no se desarrollarían.
La oficina de la fiscal general dijo en un documento legal que Trump recibió una deducción en impuestos de US$21 millones por conservar el terreno, un monto basado en la tasación de toda la propiedad de Seven Springs en US$56,5 millones hecha por un tasador contratado por la Organización Trump en 2015.
Pero esta tasación fue mucho más alta que la que estiman los asesores del gobierno, que afirman que todo el bien raíz valía US$20 millones.
«Generalmente, la manera en que un caso civil se transforma en uno criminal es si los investigadores descubren que esa conducta es endémica -que la corporación está podrida de arriba a abajo- y de larga duración. Que no hay intención de ser abiertos con el gobierno», expresó el exfiscal federal Harry Litman.
En ese caso, el mismo tipo de delitos pueden tomar un aspecto criminal, señaló Litman. Eso puede añadir mayor presión sobre los ejecutivos de la organización, particularmente sobre el director financiero del grupo, Allen Weisselberg.
Allen Weisselberg, director financiero de la Organización Trump, estará bajo enorme presión para colaborar con las autoridades. GETTY IMAGES
«Weisselberg ha estado con ellos desde antes que Donald Trump -desde las épocas de su padre- y presumiblemente sabe bastante sobre dónde están enterrados los cadáveres y una investigación criminal aumenta la presión sobre él», indicó Litman.
Añadió que la inusual alianza entre la fiscalía general y la fiscalía distrital también es señal de la seriedad con que se está abordando el caso. Por ahora ambas oficinas no están revelando mucho de sus indagaciones.
Cabe anotar que los representantes de la Organización Trump no han emitido declaraciones al respecto, pero en el pasado han desestimado anteriores acusaciones como políticamente motivadas.
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