En Venezuela, el país donde el régimen no comparte cifras oficiales, en el que víctimas de violencia de género y ONG denuncian impunidad, y en el que la población no confía en las instituciones, se originó en las últimas semanas, a través de las redes sociales, un tsunami de denuncias de acoso y abuso sexual que arrastró, principalmente, a figuras del gremio artístico venezolano.
El Ministerio de la Mujer, poco después de hacerse pública la situación, pidió a las víctimas denunciar ante las instituciones. Pero esas víctimas o sobrevivientes de violencia de género no confían en el sistema encargado de impartir justicia.
La abogada Sara Fernández, oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, expresó que esa realidad se ve reflejada en la necesidad de las víctimas de acudir a las redes sociales para contar su testimonio antes de formalizar una denuncia. «Precisamente demuestra la desconfianza que hay en el sistema de justicia venezolano. Si quieren que las víctimas denuncien lo ocurrido, tienen que brindarles confianza, llevarles un proceso con la debida diligencia, evitar a toda costa la revictimización», dijo.
Fernández manifestó que el problema en Venezuela no es el marco normativo, sino la implementación por parte de los operadores de justicia y los órganos de protección. Los hechos denunciados en las redes de acoso y abuso sexual, agregó, están tipificados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. «Tenemos ese marco normativo que sí tipifica todas estas conductas, que las convierte en delitos; incluso cuando no está tipificado un delito, sí está la conducta tipificada en el Código Penal como un agravante a la violencia sexual. Entonces el problema no es del marco normativo, es un problema de implementación», afirmó.
EFE/ Rayner Peña
En la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se exponen 21 tipos de violencia: psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, física, doméstica, sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud y acoso sexual, laboral, patrimonial y económica, obstétrica, esterilización forzada, mediática, institucional, simbólica, tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes, inducción o ayuda al suicidio y femicidio.
Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), agregó que en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en sus artículos 259 y 260, se describe el delito de abuso sexual, aunque en el caso de los adolescentes solo está penado si el hecho ocurre sin el consentimiento del menor.
Las denuncias a través de las redes sociales, aclaró, no revierten ningún delito y, desde el punto de vista legal, no tienen ninguna validez. Por esta razón, recomendó que las víctimas hagan una denuncia formal para que se desarrolle una investigación adecuada, con personas preparadas, se logre un juicio y se determine una sanción. «Pero hay desconfianza en el sistema de justicia».
Estupro: obsoleto, en desuso
La denuncia en contra de Alejandro Sojo, vocalista de la agrupación Los Colores, por abuso sexual, fue de las primeras que tuvo gran impacto. Con este caso se comenzó a utilizar en las redes sociales el término «estupro» para referirse al delito. Pero en la legislación venezolana el término no existe.
Magdymar León, coordinadora de la Avesa, explicó en Twitter que ese término se utilizaba para penalizar las relaciones sexuales de las adolescentes por considerar que no estaban preparadas para dar su consentimiento o por razones morales. Añadió que también incurrirían en estupro quienes mantuvieran relaciones sexuales con viudas, mujeres no casadas y que, incluso, se hacía referencia al adulterio. «Este concepto marca una edad límite por debajo de la cual una persona no está en capacidad de consentir una relación sexual. Así, sostener la vigencia de este delito implica penalizar las relaciones sexuales entre un chico de 19 y una chica de 17«, indicó.
EFE/ Miguel Gutiérrez
«En pleno siglo XXI y con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, sostener estos conceptos es bastante obsoleto. Hay que hablar es de la violencia sexual ejercida en contra de niñas y adolescentes, en la que se usa el poder para imponerse», agregó.
“Un vacío que se debe rectificar”
Mercedes Muñoz, sin embargo, hace una observación sobre el marco legal venezolano que, considera, debe rectificarse: los testimonios de una persona adulta que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad. En este caso, señaló que en los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes las denuncias se hacen hasta cierta edad. «Luego están las otras leyes que hablan de hechos que le suceden a personas adultas. Es un tema pendiente en la agenda de las denuncias de abuso sexual infantil por personas adultas, porque si ya pasó no hay ley que lo aborde. Se están haciendo muchas propuestas para que esto no sea un delito que prescriba», señaló.
Una de las formas de impulsar un cambio en la normativa, de llenar ese vacío, es logrando que las personas adultas víctimas de violencia de género siendo niños denuncien, aunque el procesamiento legal no necesariamente sea sencillo. Manifestó que se debe poner en evidencia que la ley no lo cubre y que se está abordando el tema de manera ineficiente en Venezuela.
Probablemente, expresó, hay otros aspectos que se pueden integrar o mejorar de las leyes venezolanas sobre el tema. Pero aclaró: existe una gran brecha entre lo establecido en la ley y lo que ocurre en la realidad.
Se trata de una realidad que no ha sido debidamente analizada y revisada de manera consciente para que una persona reconozca cuándo está siendo víctima de abuso y qué debe hacer. En muchos casos, expresó Muñoz, las víctimas no hablan porque la ley establece que la persona debe probar que fue agredida. «Hay que denunciar independientemente de lo que digan las leyes. Tenemos el ejemplo de Linda Loaiza, quien no se cansó de denunciar. Ella se impuso y no se ha cumplido lo que fue determinado, lo que el Estado tiene que hacer. Pero quedó muy claro que ella es una víctima, que no hizo nada ni es responsable de todo lo que le pasó».
Enfatizó que Loaiza también es otra víctima del Estado, así como todas las personas que han quedado desatendidas o que han sido atendidas torpemente por las instituciones. «Hay que pensar en las víctimas y en el impacto que genera en sus vidas. El Estado tiene que ofrecer servicios adecuados para que puedan procesar la situación; no es que eso no se olvida ni que es una herida incurable. Pero si a ti te están escuchando, apoyando y si el entorno te cree de verdad, la situación es diferente», agregó.
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Muñoz también considera necesario que los casos no se politicen y se traten desde un lugar imparcial. La actuación de Tarek William Saab, fiscal general del chavismo, en algunas denuncias generó críticas por los presuntos intereses partidistas que están detrás de las averiguaciones que anunció, aún cuando la propia Loaiza no ha sido reparada.
Expuso además que el Código Penal está desactualizado y que es una deuda del sistema legal venezolano desde hace mucho tiempo. Recomendó su revisión, sobre todo en función de los temas relacionados con la violencia contra las mujeres, porque es un fenómeno que está absolutamente naturalizado. “Puedes denunciar que te robaron un reloj y a ti nadie te dice: ‘pruébame que te robaron un reloj’. Te toman la denuncia e investigan. Alguien está contando en una fiesta cómo le robaron un reloj y nadie debería interpelarlo: ‘¿Por qué tú llevaste ese reloj?’. Eso genera un fenómeno que nosotros llamamos culpabilización de la víctima. Estamos escuchando, leyendo y viendo por las redes: ¿por qué hizo eso?, ¿por qué no lo dijo antes?, ¿por qué estaba vestida así?, ¿qué estabas haciendo allí esa hora? La primera que se culpa es la víctima y muchas veces no se ha dado cuenta de lo que había pasado. En algún momento comienza a tener conciencia por su propio desarrollo cognitivo, porque empieza a juntar las piezas que tienen que ver en este caso, y ahí es cuando reacciona, elabora y sabe que fue víctima de abuso”.
Sara Fernández hace un llamado a las víctimas a presentar denuncias formales más allá de las redes sociales. «Permite tener un debido proceso, el derecho a la defensa que tiene el agresor de los hechos, pero también tener una reparación y determinar responsabilidades en el sistema judicial. Creemos que para reparar el daño una denuncia formal es lo mejor, entendemos que esa denuncia tiene que hacerse con un acompañamiento legal y psicológico porque el proceso por el cual tiene que pasar la víctima, que además no puede mantener su anonimato, puede revictimizarla si no está debidamente acompañada psicológica y legalmente», dijo.
«Es una oportunidad para que el funcionario y el Ministerio Público demuestren que pueden estar a la altura de estas denuncias, que se puede llevar una debida diligencia, que pueden hacerlo de forma imparcial y sin politizar el movimiento de denuncias que existen. Es una buena oportunidad para que muestren que pueden hacerlo», añadió.
¿Dónde están las trabas?
La abogada Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional elegida en 2015, comentó que en Venezuela se deben encontrar las trabas que impiden avanzar en la implementación de las leyes a través de políticas públicas, con objetivos realizables, factores de misión adecuados y resultados medibles.
«Las posibilidades reales de comportamientos sociales sin un incentivo y sin políticas públicas para la mejora son nulas, y lo que de facto se produce es lo contrario: un desmejoramiento de las condiciones sociales. El chavomadurismo ha impedido el cambio social real a través de políticas públicas efectivas», afirmó.
EFE/ Rayner Peña
En Venezuela nunca ha habido programas de inclusión efectiva de las mujeres o de la población LGBTI en los colegios, trabajos y en la vida cotidiana, comentó la diputada. En otros países de América Latina se han implementado cambios con distintas modalidades, agregó.
«Hay leyes, sí. ¿Son necesarias otras leyes? Probablemente no, porque cuando se dice cambiar las leyes podría referirse a que hay que aumentar las penas; y la verdad es que el aumento de las penas per se no es un elemento disuasivo y nunca lo ha sido de la actividad criminal. Lo que cambia la actividad criminal son las políticas públicas, ese momento en el cual la gente empieza a ver mal la actividad patán y toma medidas y persigue esas actividades y las sanciona. Es decir, sin las políticas públicas y la aplicación efectiva de la ley es imposible que haya un cambio social», explicó.
«La estadística demuestra que esas denuncias que se hacen, esas expresiones de salir a decir las cosas públicamente, son el destape de la olla que venía haciendo presión en mucha gente. ¿Cuál es la realidad que se ha medido internacionalmente? Entre 50% y 60% de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTI ha sufrido acoso. La gran mayoría de esos actos ocurre en el ámbito intrafamiliar o en el ámbito de personas conocidas, iglesias y colegios. Y personas conocidas son parte del problema. Los atacantes también pueden ser mujeres aunque en un porcentaje mucho menor, alrededor de 7% y 10%; 90% o más son hombres», añadió.
La abogada indicó que en el ámbito de mujeres y de adolescentes, en la población LGBTI, más de 90% de las víctimas nunca denunció haber sufrido acoso verbal, bullying o agresiones físicas.
«¿Cuál es la verdad? Casi 90% no tenía confianza en el sistema judicial. Casi 60% tenía miedo de represalias, porque el autor había sido una persona de poder. Un 50% porque se trataba de la familia, porque el agresor fue el papá, el hermano, el tío, la tía, es decir, alguien del círculo familiar. Creo que las mismas respuestas podrían llevarse a otros ámbitos. La violación y el abuso no es solo contra mujeres, es contra niños y niñas, es contra adolescentes, mujeres y población LGBTI. Todas estas poblaciones son afectadas por este tipo y forma de violencia basada en género», manifestó.
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