Sorbay Padilla, esposa del coronel retirado Oswaldo García Palomo, preso político del régimen de Nicolás Maduro, exigió información sobre el estado de salud del militar, que presuntamente pudiera estar contagiado por covid-19 en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, Caracas.
García Palomo, que según el régimen de Maduro es uno de los «insurgentes más peligrosos», fue privado de libertad el 27 de enero de 2019. Aún no ha tenido derecho a un juicio justo, y la esposa e hijos temen el deterioro de su salud.
El coronel retirado se encuentra en una celda de cuatro metros cuadrados, junto con otros dos presos. Padilla, en conversación con El Nacional, alertó que debido a un presunto castigo su esposo no recibe luz solar, no lo dejan hacer llamadas y no le permiten visitas desde hace tres meses.
«Si no dejan que se comunique ni que reciba visitas, cómo vamos a saber de él. No sabemos nada de él. Hace un mes hablamos y no se escuchaba bien», dijo.
Y agregó: «Violan todos sus derechos humanos. No le permiten visitas de las personas autorizadas. La Dgcim exige familia directa, pero todos estamos fuera de Venezuela; por eso están autorizados unos amigos cercanos, pero tampoco los dejan ver a mi esposo».
La espera de un juicio justo
Padilla detalló que después de la audiencia preliminar celebrada el 25 de julio de 2019, «no ha habido ninguna actuación, por lo que constituye una violación al debido proceso».
García Palomo está acusado de haber participado en operaciones militares que supuestamente buscaban derrocar a Maduro. La familia del militar retirado había sido secuestrada y torturada por agentes del Estado. Tras esto tuvieron que huir del país y refugiarse en Canadá desde finales de 2018, contó la esposa.
La situación del coronel retirado es conocida por la Organización de Naciones Unidas, que mediante la Misión Internacional Independiente de Investigación dio a conocer sus informes sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
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Víctima de más torturas
En el informe que el 10 de marzo entregó Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, advierte sobre el mal estado de salud de dos militares encarcelados en los sótanos de la Dgcim. Uno de ellos es Oswaldo García Palomo.
«Seguimos profundamente preocupados por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil. El capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, por ejemplo, siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles«, detalla.
Por su parte, Casla Institute, organización dedicada al estudio de Latinoamérica y la observación de los derechos humanos en la región, también ha dado cuenta de tratos crueles, torturas y violaciones de los derechos humanos de quienes están privados de libertad en la Dgcim.
Según el balance de presos políticos en Venezuela hasta el 19 de abril de 2021, actualmente hay 323 privados de libertad, entre ellos 125 militares. Desde 2014 se han registrado 15.703 detenciones políticas bajo el régimen de Nicolás Maduro.
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