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Lucila Nejamkis/Latinoamérica21
Los movimientos de personas ante la covid-19 se han visto reducidos drásticamente. En el año 2020, gobiernos de todo el mundo tomaron diversas medidas para cerrar sus fronteras para regular el ingreso del virus SARS, pero también y aún más el de personas. Esta es la primera vez a nivel mundial que, con la colaboración de la sofisticación del control biométrico en fronteras, casi todos los países del mundo compartieron políticas similares en las restricciones al ingreso de personas en sus territorios.
Si bien el punto de inflexión que pudo haber provocado la pandemia de coronavirus en la inmigración no queda exento a las elucubraciones, algunos organismos internacionales como la ONU, plantean que la pandemia es una oportunidad para repensar el movimiento de personas.
Pero ¿repensarlo en qué sentido? ¿Para crear mayores restricciones? ¿Para generar más vulnerabilidades de las personas que migran? ¿Para argumentar la creación de más muros? Son varias las preguntas que surgen y sobre las cuales no se puede hacer futurología.
Los que migran buscando mejores condiciones de vida
A lo largo de la historia ha quedado claro, a diferencia de lo que el sentido común nos indica, que la migración no es un hecho excepcional, sino que es una característica intrínseca de los seres humanos. Como varios estudios han mostrado, la creación de las fronteras a partir de la organización del mundo en Estados naciones fue lo que alimentó, aún más, la idea del nosotros vs otros.
Desde la creación de los pasaportes y visados hasta los controles biométricos actuales, los diversos gobiernos se han preocupado por mantener bajo su órbita el “control de sus poblaciones”. Y si ya resultaba engorroso poder cruzar fronteras previo a la pandemia de Covid-19, es evidente que con las fronteras cerradas esto es mucho más complicado.
Según cifras de un nuevo informe de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el crecimiento del número de migrantes internacionales durante las últimas décadas pasó de 173 millones de personas que vivían fuera de su país de origen en el año 2000, a 221 millones a inicios de la década pasada y llegó a los 281 millones en 2020.
El mismo informe establece que durante la pandemia la población mundial migrante se redujo aproximadamente un 27%. Con el cierre de fronteras, entiendo que debería ser aún más. Un dato interesante es que las caravanas de migrantes que comenzaron en el año 2018 desde Centroamérica con la intención de ingresar a los estados Unidos no han cesado. Si bien es imposible establecer cifras exactas, según la Secretaria de gobierno de México casi 81.000 migrantes extranjeros ingresaron entre enero y noviembre de 2020 a dicho país. Estas cifras son considerables, a pesar de que son menos de la mitad del mismo periodo del año anterior. Los principales nacionalidades provienen del triángulo norte de América Central, conformado por Honduras, Guatemala y el Salvador.
Ahora bien ¿qué pasa actualmente con aquellas personas cuya única posibilidad para su supervivencia socioeconómica es migrar a otros países? Si en sus países de origen no encontraban ningún tipo de oportunidades antes de la pandemia, es importante indagar qué está pasando en la actualidad y sobre todo que pasará en el futuro.
Los que migran buscando refugio
Además de aquellos considerados migrantes socioeconómicos, hay millones de migrantes considerados refugiados por tener que abandonar sus países de origen porque corren peligro por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no pueden o no quieren reclamar la protección de su país. ¿Qué pasa con esta población? ¿Cómo son protegidos por los organismos internacionales?
En este contexto de pandemia se suman nuevos riesgos. Además de las carencias en asistencia sanitaria a lo largo de sus recorridos, los campamentos de refugiados implican más complicaciones debido a las difíciles condiciones para mantener el aislamiento requerido para no contraer el virus.
Los que residen en otro país
La pandemia de Covid-19 también afecta a los migrantes ya asentados. La mayoría de la población migrante, ya sea por una cuestión de estatus legal o económico, ven más vulnerados sus derechos que los nacionales. Como ejemplo, el acceso de los migrantes a los sistemas de salud es mucho menor que el de las personas locales.
Un caso paradigmático es el de los venezolanos, quienes según datos de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) son una de las poblaciones más desplazadas del mundo, superando la barrera de los 4 millones de personas. Según informes de Banco Mundial, a pesar de migrar para encontrar mejores condiciones de vida, este colectivo se ha empobrecido aun más y tiene más posibilidades de contagiarse y sucumbir a la infección de covid-19.
A su vez, la mitad de la población que migra son mujeres y niños, lo que deja en evidencia el impacto desigual que la pandemia tiene entre hombres y mujeres, ya que la mayoría de las tareas de cuidado recae sobre ellas. Pero el traslado colectivo de personas sigue fluyendo a pesar de los riesgos que implica la pandemia. Según las autoridades estadounidenses, más de 100.000 personas fueron detenidas en la frontera sur en el último mes.
La pandemia del coronavirus nos ha dejado algunas certezas: a pesar de las barreras y los riesgos, las personas se siguen moviendo en busca de mejores condiciones de vida. Por ello, los gobiernos deberían establecer estrategias para garantizar los derechos humanos fundamentales, tanto de aquellas personas que migran como de aquellas que deciden quedarse en su territorio.
Lucila Nejamkis es profesora de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Conicet en el IDAES/UNSAM. Especializada en migraciones, género y derechos humanos.
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