Evidentemente el virus chino o covid-19 ha afectado la humanidad en todos sus ámbitos del quehacer de manera tal que ha generado cambios radicales en el comportamiento de los individuos, las sociedades, las naciones y de su relacionamiento en la comunidad internacional, motivo por el cual diversos analistas avizoran y proponen cambios estructurales en la gobernanza global, lo que de alguna manera será uno de los efectos de la pospandemia, aun cuando estemos lejos de tener la certeza de cuándo y cómo ocurrirá eso.
Mientras, ocurren fenómenos con un determinado patrón a lo largo del planeta entre los cuales destacaré dos por ser ellos los que se evidencian y nos afectan de manera directa en nuestro país contribuyendo en mucho al constante, indetenible y trágico deterioro, en todos sus órdenes, pero especialmente en la seguridad, preservación de derechos y calidad de vida de la población venezolana, los cuales son el autoritarismo y el aislacionismo.
En efecto, el análisis de los procesos nuevos o que estaban subyacentes se han visibilizado y acelerado no solo en aquellos que se aislaron para minimizar el impacto de la pandemia sino de manera descarada en países con regímenes autoritarios. En estos últimos, como lo reflejaba Hannah Arendt al referirse a ellos distinguiendo aislacionismo y soledad, se ha generado una seria preocupación de sus acciones en el transcurrir de un año puesto que para esos Estados el aislacionismo producto del no reconocimiento de sus gobernantes –Venezuela- o de la condena de la comunidad internacional –Corea del Norte y otros- no significa que estén solos. Ahí están como peones en un juego de ajedrez de las grandes potencias y gozan del apoyo o acompañamiento determinado por intereses en los cuales ellos como entidad no tienen arte ni parte. El autoritarismo por otro lado se le facilita el ejercicio al usar la pandemia como cohesionador del temor colectivo, eliminando u opacando la disidencia y la oposición, manipulando los recursos con los que se podría salvar vidas e imponiendo castigos severos, incluso fuera de la ley, para los infractores del conjunto de normas que se crearon con doble propósito y por consiguiente por el daño que infligen a su población vulnerable e indefensa los hace candidatos para que la comunidad internacional actúe en auxilio de sus víctimas.
ONU y Responsabilidad de Proteger
La doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P por sus siglas en inglés), que aún no se considera una norma de derecho internacional y por lo tanto nadie está en la obligación de aplicarla, vuelve a ser objeto de tratamiento en las Naciones Unidas toda vez que la preocupación es cada vez mayor acerca de aquellos gobiernos que tomando ventaja de la pandemia, de manera premeditada o no, ya que han no solo violado de manera decidida las normas democráticas sino que están cometiendo crímenes y violando de manera masiva los derechos humanos de sus poblaciones, las cuales no tienen medios de protegerse, y de esta manera también han producido notables olas migratorias con el rechazo que vemos a diario en los destinos a los cuales se dirigen. Esos gobiernos deben estar convencidos de que la comunidad internacional mirará para otro lado o expresará, al igual que los organismos internacionales, la consabida “profunda preocupación” o tomará sanciones selectivas cuya eficacia siempre está en entredicho, aunado con el hecho de que actualmente los países con la capacidad de amenazar o usar la fuerza se encuentran sumidos en la resolución del problema interno de salud pública asociado al covid-19 y a resolver los asuntos socioeconómicos que esto ha traído.
Sin embargo, los esfuerzos continúan y observamos que, la semana pasada se presentó un proyecto de resolución titulado “La Responsabilidad de Proteger y la prevención del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad”, a petición de los siguientes países: Bélgica, Botsuana, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Qatar, Corea, Rumania y Ruanda para que el tema sea incorporado en la próxima Asamblea General de la ONU e instaron a los demás miembros de la Organización a sumarse al respaldo de la resolución y a que el secretario general presente informes anuales, agregando que Venezuela, Myanmar, Yemen, Siria y Libia son casos específicos que preocupan a los proponentes.
Aunque faltan cinco meses para el inicio de la Asamblea General de la ONU, en ese espacio se puede y debe hacer una labor de cabildeo en favor de una evolución doctrinaria que pueda llevar a considerarla como una obligación de derecho internacional a la vez que se incorporen de manera suficiente copatrocinios y apoyos para el logro de los objetivos que se propone. Los agentes diplomáticos de la legítima AN deberían tener un papel en ello, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea.
Venezuela
Al desatinado, errático y mal intencionado manejo de la administración pública en nuestro país se suma el tratamiento a la pandemia del covid-19 agravando aún más las penurias de la población -cuando el régimen se refiere en el discurso de manera insistente, repetidas profusamente las frases “nuestro pueblo” o “la protección de nuestro querido pueblo”, genera inmediata suspicacia y hasta temor lo que hay detrás del mensaje-. Todo esto en el marco de la grosera y condenable discriminación y la continuada violación de los derechos humanos de la población. Hasta ahora solo se tiene conocimiento de la inmunización de la élite gubernamental y las brigadas de médicos cubanos seguida seguramente por los portadores del carnet de la patria. El bloqueo a las iniciativas de la AN legítima y Fedecámaras de importar vacunas contra el covid-19, asunto impostergable por la gravedad de la crisis sanitaria, no es solo un acto político sino más bien un atentado a la población que se encuentra en estado de indefensión al borde de una tragedia
La Academia, los gremios, la oposición política y la comunidad internacional han denunciado todo lo anterior sin que hasta ahora haya una rectificación del régimen sino todo lo contrario y en este estado de cosas debemos recordar que Juan Guaidó invocó la doctrina del R2P en su alocución durante la Asamblea General de la ONU 2020 y un tiempo después Luis Almagro nombró un representante especial para dicho tema en la Organización de Estados Americanos sin que hasta ahora se haya tenido noticias de algún avance en la materia.
Por consiguiente, la iniciativa de reavivar el R2P en la ONU tiene ahora una mayor importancia y urgencia para su tratamiento y más que nunca se justifica la unidad de la oposición en promover, impulsar y difundir tanto a lo interno, gremios, universidades, iglesia, la sociedad civil en general y a la comunidad internacional. Estados concernidos en las diferentes agrupaciones y mecanismos para la solución e la crisis en Venezuela, así como los organismos pertinentes en el sistema, Cruz Roja, OMS. OPS, FAO, OIM, Acnur, CIDH, Acnudh, amén de las instancias políticas que finalmente son las que toman este tipo de decisiones como el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo Permanente de la OEA.
No se trata en principio de invocar el uso de la fuerza, sino más bien dados los nulos resultados de los procesos de negociación en los que ha participado el régimen, de ejercer una diplomacia más “persuasiva”, más firme y decidida, teniendo presente que aun cuando el uso de las armas es la ultima ratio, debe ser un elemento implícito en el proceso para que pueda tener el carácter que se requiere en la resolución de crisis de este tipo.
Somos conscientes y la experiencia nos indica que comúnmente los Estados no actúan hasta que se vean afectados sus intereses de manera directa por el tema de comprometer recursos y el costo político que pueda tener a lo interno, pero este caso ya ha desbordado las fronteras en materia de seguridad (narcotráfico, crimen transnacional y terrorismo) así como las terribles situaciones migratorias y el asunto humanitario grave debería ser objeto de acciones más que de declaraciones.
Finalmente, resulta significativo que los proponentes del antes mencionado proyecto de resolución R2P no hayan mencionado a Cuba o Corea del Norte, siendo que seguramente sus nacionales necesitan también del auxilio que les pueda brindar la comunidad internacional sin el consentimiento de sus gobernantes. Parecieran ser casos olvidados de la historia y me permito insistir en que no dejemos que la normalización de nuestra crisis nos lleve a la misma situación.
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