Foto: AFP
Bolivia es una dictadura del sistema castrochavista bajo control de Cuba, integrado por Venezuela y Nicaragua con respaldo activo del gobierno de Argentina. Para quienes creyeron la exitosa falacia de disfrazar una dictadura como democracia con las fraudulentas elecciones de Bolivia, en octubre 2020, la simulación ha terminado con la repetición de la persecución política judicializada para encarcelar, exiliar y garantizarse impunidad. Han apresado a la ex presidenta Jeanine Áñez y desatado persecución contra un número indeterminado de bolivianos, probando que en Bolivia no se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia.
En Bolivia se violan los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el poder, con leyes y jueces al servicio del régimen. No existe Estado de Derecho. Hay fraude electoral institucionalizado. No existe separación ni independencia de los poderes públicos. No hay libre organización política porque es un país con perseguidos y exiliados políticos. La detención de Áñez es la prueba más reciente de todo esto, es la prueba de que Bolivia está sometida a una renovada dictadura castrochavista.
Atribuir falsamente crímenes horrendos a opositores, líderes y ciudadanos a los que el régimen quiere anular o destruir y utilizar “jueces infames” para procesarlos, encarcelarlos, obligarlos al exilio, liquidar sus economías y asesinarles la reputación, es un viejo y tenebroso mecanismo dictatorial que la alianza de Castro con Chávez utiliza sostenidamente en su socialismo del siglo XXI.
Lo han sufrido por más de 60 años en Cuba donde hoy los jóvenes artistas de San Isidro son las más recientes víctimas. Lo padecen en Venezuela donde hay más de 360 presos políticos torturados y violados en sus derechos humanos por procesos judiciales. Lo sufren cientos de presos y miles de exiliados perseguidos de Nicaragua. Lo sufrieron los ecuatorianos bajo el régimen de Correa con juicios basados en la ley mordaza, encarcelamientos, confiscaciones, procedimientos judiciales declarados violatorios de los derechos humanos incluso por la ONU.
Evo Morales aplicó este sistema en Bolivia desde el golpe de Estado de octubre de 2003 para atribuir sus crímenes a sus víctimas y perseguir con todo el castrochavismo internacional al presidente Sánchez de Lozada, su gabinete de ministros y Alto Mando Militar. Lo usó para suplantar la Constitución y la República e imponer su Estado plurinacional con la Constitución fraguada que rige hoy, masacrando y enjuiciando a sus víctimas, encarcelando por mas de una década al gobernador de Pando, persiguiendo y exiliando a los gobernadores de Tarija y de Cochabamba, procesando a los gobernadores de Chuquisaca y Beni y persiguiendo a miles. En sus 14 años de dictadura, Morales organizó un Poder Judicial absolutamente subordinado y represivo, al que dotó de “leyes infames” instituyendo la “represión judicializada”.
Cuando Evo Morales renunció en noviembre de 2019 y huyó de Bolivia para no responder por los delitos de fraude, falsificación, crimen organizado, asesinatos, extorsiones, narcotráfico y decenas más que incluyen corrupción de menores y pedofilia, se activó -bajo la misma Constitución de la dictadura- un gobierno interino con el mandato de llevar a Bolivia en un proceso de “transición” a “elecciones libres y limpias” y la senadora Jeanine Áñez por su posición en la estructura del Senado fue presidenta interina.
La salida de Evo Morales del poder fue resultado de sus crímenes y de una acción popular de “resistencia civil”. La presidencia de Áñez fue fortuita porque se trataba de una senadora en situación de pre-retiro que no había sido parte de las movilizaciones populares. Evo Morales ordenó -con prueba grabada- repetir los crímenes que había cometido en octubre de 2003 en la zonas de Senkata y Sacaba y produjo nuevamente sendas masacres que atribuyó al gobierno interino que amedrentado aceptó el termino de “pacificación” para negociar con el crimen, dar impunidad creciente a Morales y sus cómplices.
El interinato de Jeanine Áñez estuvo marcado por el concepto de que «salió el dictador pero no la dictadura«. Inexplicablemente Áñez mantuvo la vigencia de la Constitución dictatorial negándose a cumplir con la obligación de reconocer la vigencia de la República con un “decreto presidencial”. Manteniendo la estructura constitucional de la dictadura sostuvo vigentes el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la dictadura con los que cogobernó. Aplicó todas las leyes de la dictadura y con ellas su gobierno se corrompió en medio de la pandemia. Nada hizo para permitir el retorno de los exiliados y restaurar el “debido proceso legal”. El gobierno que tenía que ser de transición fue de “continuismo dictatorial”. Así llegaron al colosal fraude electoral de octubre de 2020 -que Áñez felicitó- devolviendo el poder total a la dictadura.
Así Evo Morales regresó a Bolivia y en pocos días sus “jueces infames” lo liberaron de toda acusación consagrando su impunidad. Morales ejerce como “dictador en jefe” y el sistema dictatorial está fortalecido en su manejo del poder pero despreciado por el pueblo boliviano. Necesita instituir la mentira del “golpe de Estado del 2019” para retomar el poder en persona y por eso ha roto los acuerdos y ahora persigue a quienes le permitieron sobrevivir su dictadura y retornar con impunidad.
Publicado en Infobae.com
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional