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«Sin derecho a la defensa»: exgobernantes denuncian la arbitraria detención de Jeanine Áñez

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Exjefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica afirmaron este lunes que «sin previa exhibición de pruebas y derecho a la defensa», la detención de la expresidenta transitoria boliviana Jeanine Áñez y miembros de su gabinete es «arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho».

Los exgobernantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) hicieron pública una declaración con motivo de la privación de libertad de Áñez bajo los cargos de «terrorismo, sedición y conspiración», y piden a organismos internacionales que tomen cartas en el asunto.

«Hacemos un llamado a la Organización de los Estados Americanos, al Alto Comisionado de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que aborden con celeridad la situación e informen a los gobiernos de los organismos multilaterales que representan», manifestaron.

Jeanine Áñez fue aprehendida el sábado 13 de marzo en la región amazónica de Beni y trasladada en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia a la ciudad de La Paz. El viernes fueron arrestados los exministros transitorios de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía Rodrigo Guzmán.

«Sedición y terrorismo»

La expresidenta y los exministros son acusados de «sedición y terrorismo» durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

La declaración de IDEA destaca que «paradójicamente» la expresidenta es víctima del partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), y del presidente de Bolivia, Luis Arce, que «aprobaron los estatutos que hicieron posible las elecciones democráticas llevadas a cabo por el gobierno de Áñez y les permitieron a estos vencer y ser reconocidos».

Recordaron que Arce reconoció en declaraciones públicas la naturaleza constitucional de la presidencia de transición que ejerció Janine Áñez desde la renuncia al poder de Evo Morales, en 2019.

Por ese motivo, añade la declaración, «los eventos que denunciamos resultan contradictorios con los criterios expresados y se alejan del clima de pacificación, unidad y concordia que el actual presidente se propuso impulsar en esa nación».

«Respetar las garantías individuales»

Instaron a esperar los resultados de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instalado desde noviembre en la ciudad de La Paz.

Asimismo, subrayaron que si las autoridades judiciales de Bolivia están indagando hechos que involucran a miembros del anterior gobierno, deberían «observar de manera estricta los principios del debido proceso y respetar las garantías individuales y los derechos humanos».

Firman la declaración el ex jefe del gobierno español José María Aznar, los expresidentes Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla (Costa Rica), Nicolás Ardito Barletta, Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso (Panamá), Enrique Bolaños (Nicaragua), Felipe Calderón y Vicente Fox (México) y Alfredo Cristiani (El Salvador).

También, Eduardo Frei (Chile), César Gaviria y Andrés Pastrana (Colombia), Lucio E. Gutiérrez, Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado (Ecuador), Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina), Jorge Quiroga (Bolivia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

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