Álvaro Uribe está un paso más cerca de la absolución, pero aún no puede cantar victoria.
El fiscal encargado del histórico caso que privó de libertad al expresidente colombiano en agosto pasado solicitó este viernes la preclusión.
La Fiscalía declaró: «Varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe».
Uribe, que gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, es investigado por manipulación de testigos y soborno en un caso que se remonta a la emergencia de los grupos paramilitares.
El año pasado, Uribe fue privado de su libertad por la Corte Suprema de Justicia, que investigaba el caso debido a la condición de Senador del exmandatario.
Uribe, sin embargo, renunció a su curul poco después y el caso debió ser trasladado a la justicia ordinaria, donde la Fiscalía tuvo una interpretación distinta a la Corte.
Ahora un juez penal deberá estudiar el caso y decidir si acepta la preclusión, que en dado caso sería una suerte de absolución, o la niega, lo que exigiría nuevos argumentos de parte de la Fiscalía.
Incluso si el juez acepta la preclusión, las víctimas tienen derecho a apelar la decisión. Ahí el caso pasaría a una segunda instancia en la que tres magistrados de mayor jerarquía deben estudiar qué hacer.
Duque, hijo político de Uribe, es criticado por su vínculo con la fiscalía de Francisco Barbosa, su amigo desde la universidad. GETTY IMAGES
El caso y la renuncia
En un debate en el Congreso en 2014, Uribe acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de manipular testigos en su exposición sobre la creación de grupos ilegales contrainsurgentes en los años 90 en Antioquia.
Cepeda presentó los testimonios de dos exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que señalaban a Uribe como cofundador del Bloque Metro del ejército paramilitar, el principal victimario del conflicto armado en Colombia.
Uribe acusó a Cepeda ante la Corte por manipulación de testigos, pero, cuatro años después, dicho tribunal no solo absolvió al izquierdista, sino que acusó al expresidente por el mismo delito: manipulación de testigos.
La acusación se tradujo en agosto de 2020 en un hecho histórico: la primera privación de libertad de un expresidente colombiano en tiempos recientes.
Uribe pronto declaró ser víctima de una persecución política, renunció al Senado y pasó a ser juzgado en una Fiscalía que según la oposición está al mando de su aliado, el presidente Iván Duque, así como de su partido, el Centro Democrático.
La Fiscalía ha negado las acusaciones de parcialidad, así como Uribe asegura haber renunciado para poder defenderse y no para evitar a la Corte Suprema.
La preclusión, sin embargo, ha revivido las críticas al expresidente y a la Fiscalía, acusados de maniobrar los sistemas de justicia a favor de sus intereses políticos.
Aunque el juez que ahora se encargará del caso puede aprobar la preclusión en pocos días, el sistema garantista colombiano promete a las víctimas varias instancias para apelar la decisión y prolongar por varios meses este debate que toca fibras fundamentales del conflicto armado.
El debate, entonces, seguirá en plena campaña de cara a las elecciones de 2022.
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