«Venezuela es otro país. Es radicalmente distinto lo que ocurrió en 2020 a lo que pasó en 2019, la manera de reaccionar a las privaciones ha sido otra. Nos cambió todo», dice Gloria Perdomo, coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
La organización no gubernamental, fundada en 2005 e integrada por profesores e investigadores de las principales universidades de Venezuela, publicó en diciembre su reporte anual sobre la violencia en el país.
Perdomo es doctora en Ciencias Sociales, ha escrito libros y capítulos de obras sobre la infancia en Venezuela, ha sido consultora de Unicef y es profesora e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello.
Su experiencia de más de 40 años en la promoción de los derechos de los menores de edad le permite poner en contexto lo que las 15 sedes del OVV hallaron en 2020.
La entrevista ha sido editada por razones de claridad y concisión.
El último informe del OVV presenta hallazgos devastadores en lo que respecta a abusos a menores de edad. ¿Qué encontraron?
El OVV, con las sedes que tiene en distintas regiones del país, encontró como un denominador común el conocer hechos de abuso sexual y violencia contra niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad en todos los territorios.
Este es un dato difícil de medir con precisión o de tener una estimación clara en términos de cifras, pero lo que nos preocupó y es claramente observable es que este tipo de hechos aparecieron en todas las regiones del país.
Hechos muy graves que, en algunos casos, estuvieron asociados con agresiones físicas que condujeron a la muerte atroz de niños muy pequeños.
Otra cosa que preocupa es que quienes están señalados y detenidos como agresores son principalmente familiares de los niños.
Quienes han estudiado el abuso sexual han identificado un patrón en el que generalmente los agresores son personas más o menos cercanas a las familias o familiares, que se aprovechan de la confianza brindada. Eso ha sido documentado por la literatura.
Sin embargo, lo que vimos aquí es que hay un factor agravante que tiene que ver con las medidas de control sanitario, con el confinamiento en los hogares.
Cuando las madres emigran del país, hay niños que quedan al cuidado de familiares que no son directamente los que los vienen cuidando.
Uno de los casos más atroces es el de un tío que estaba cuidando a un niño de tres años, lo abusó brutalmente y lo mató.
Esto nos hace ver con claridad que hay una dificultad en las familias para encontrar mecanismos de protección, de refugio, cuando fallan esas figuras que han estado a cargo de la protección de los niños.
Un factor que debe ser tomado en cuenta es que cuando los niños quedan a cargo de otros familiares, se convierte en una situación que calificaría de preocupación, de riesgo, la cual debe ser, si no vigilada, al menos apoyada.
En esos casos, hace falta un programa, servicio social, medidas de atención, porque esas familias están en vulnerabilidad y pareciera que esos niños están en situación de riesgo importante tanto de abuso sexual como de maltrato.
En 2020 ustedes identificaron un aumento, en comparación con 2019, de actos de violencia sexual contra menores de edad. ¿Incluso hablan de una duplicación?
Varios de los estudios que han hecho distintas organizaciones, como la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), advirtieron ese duplicarse en un semestre.
En los registros puntuales que hacemos en cada uno de los estados se observa un incremento notorio, en particular en el periodo de confinamiento por la pandemia y, si se compara con el mismo periodo del año anterior, se encuentra una duplicación de los casos en la mayoría de los estados del país.
Queremos advertir que las cifras del informe no las quisiéramos presentar como la verdad o la medición inequívoca porque son cifras que tomamos a partir de los pocos datos disponibles a los que podemos acceder o que podemos registrar a partir de estudios locales, consultas directamente en las comunidades, casos documentados en la prensa.
Hace bastante tiempo, teníamos la Oficina Nacional del Niño Maltratado, donde se llevaba un registro localizado en Caracas sobre los tipos de maltrato, incluidos casos de trato cruel y abuso sexual, y nosotros podíamos hacer la medición con cierta rigurosidad.
Pero en este momento no tenemos estadísticas o registros públicos en esta materia.
Usted señaló que las «transacciones sexuales por comida» también han aumentado y que, en algunos casos, se había identificado a madres que recibieron pagos por el abuso de sus hijas, algo que calificó de «inédito» en Venezuela.
Cuando decimos inédito es que eventualmente algún caso pudo haber ocurrido anteriormente. Pero es muy doloroso para uno como venezolana observar que en distintos lugares del país, en esas detenciones que efectúa la policía, está identificada una madre como colaboradora o como integrante de la red de extorsión.
Y también en los registros que se han venido levantando y conociendo en las comunidades, hay una identificación muy lamentable de madres que por comida, por unos dólares, por un acuerdo con determinada persona le dejan la niña por una hora o le dejan los niños por determinado tiempo.
No es que hemos visto un solo caso. No podemos presentar una estadística general, pero sí advertir que eso está ocurriendo y es muy preocupante. Además sucede ante el silencio de otros familiares. Pareciera que la vida del niño, su dignidad y protección no importara.
Lleva a una revisión de los valores fundamentales porque por más difícil que sea la situación hay muchos otros recursos para conseguir un plato de comida, puede y debe haberlos, antes de exponer una criatura a esa situación.
Se han identificado varios casos de la incorporación de niñas, incluso muy pequeñas, en actividades de explotación sexual en distintos lugares del país.
No quiero de ninguna manera, ni remotamente, justificar la actuación de estas madres, pero también la pregunta que haría es: ¿dónde está el Estado, dónde están los programas que aseguren oportunidades de comida, ingresos, otras fuentes para solucionar los problemas más inmediatos?
Ante el Estado ausente, cada quien debe ver cómo se resuelve y algunas personas entienden que la manera de resolverse es poner a los niños a mendigar, porque ‘a ti si te van a dar porque eres niño’, o utilizarlos en esta forma tan brutal de explotación sexual.
Me aclaró que cuando dicen «inédito» no quieren dar a entender que antes no hubiese habido ningún caso. Pero el hecho de encontrar varios en este último informe enciende las alarmas.
Uno se encontraba con un caso como ese cada tres, cuatro años, además era algo muy extremo, que te indignaba mucho, encendía todas las alarmas porque era una atrocidad, pero era algo muy extraño.
Evidenciar que hay varios casos que ocurren y tienen el mismo perfil, advierte dos cosas: que la necesidad y las circunstancias son brutales, las privaciones son extremas, y colocan a las personas en las situaciones más límites.
Y la otra tendría que ver con lo profundo del deterioro social y la gravedad de la crisis que ha afectado lo más sensible, lo más protector que tenemos en la sociedad venezolana: las familias.
Quiero decir que siempre estos casos van a ser las minorías.
Hay que reconocer el tremendo esfuerzo que han hecho madres y familias en todo el país para proteger a los niños en medio de esta situación de emergencia, de privación de los servicios más elementales: sin acceso al agua potable, pasar 30 horas sin luz eléctrica, cocinar con leña porque llevan 12 meses sin gas doméstico.
Otra parte del drama es la familia quebrada, en la que madres y padres se fueron a otros países a buscar cómo conseguir los alimentos. Son familias tremendamente deterioradas.
Tenemos una familia muy centrada en la figura materna y si la madre es la que salió a otro país, los niños, los hogares, incluso las abuelas que los cuidan quedan en condiciones de indefensión.
Tiene que haber una respuesta humanitaria urgente en todos los municipios del país, especialmente en los afectados por la pobreza extrema, para acompañar a esos hogares, a las madres solas.
El informe destaca que se observó «positivamente la actuación de algunos cuerpos policiales» en este tipo de casos.
Nos ha sorprendido encontrar que en las fuentes policiales es cada vez más frecuente, en varias regiones del país, que los cuerpos policiales detienen a los agresores y los presenten al ministerio público.
Es de felicitar porque, aunque observamos que en otro tipo de delitos la policía no está actuando, hemos visto un incremento importante en las cifras de detenciones en varios estados por casos de abuso sexual.
Es importante que la comunidad sepa que cuando va a denunciar un caso ante la policía va a haber respuesta, detención, una intervención adecuada de ese cuerpo.
Lo que lamentamos es que es una actuación forense de la policía, ojalá contáramos con esas mismas capacidades que tiene de intervenir para hacer un trabajo preventivo.
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