El terrorismo político

Por RÓMULO BETANCOURT

Ante el país y ante mí mismo adquirí el compromiso, al asumir la Presidencia de la República, de mantener a la opinión informada de cuanto tuviera relación con el destino de Venezuela. Una vez más seré leal al compromiso de manera espontánea adquirido, al dirigirme esta noche a los venezolanos, en el lenguaje de directa franqueza que me es habitual y contraviniendo el hábito imputable al hombre público latinoamericano de acatar lo que un pensador calificara como “pacto infame de hablar a media voz”. A voz entera voy a hablarle a los venezolanos.

Sabido de todos es, porque ha sido motivo de zozobra y de cólera colectivas, que desde los comienzos mismos de este régimen constitucional se inició una subrepticia campaña de oposición en contra suya a través de panfletos, periódicos y hojas clandestinas. En un país como lo es ahora el nuestro, cabal respeto de las libertades públicas, era ya de por sí un alarde de provocación al régimen democrático esa literatura clandestina. Pero su contenido no dejaba dudas con respecto a las intenciones de los autores y distribuidores de esa literatura escrita en pedestre estilo. Se trataba en ella de incitar a las Fuerzas Armadas a la guerra civil contra siete millones de venezolanos inermes de material bélico, pero armados de la indeclinable decisión de mantener, conservar y defender el régimen que ellos plebiscitaron, en el recto sentido de esa fórmula del derecho público, cuando en las elecciones del 7 de diciembre de 1958 votaron por el candidato triunfador y por los otros dos candidatos, unidos los tres y los partidos políticos que los respaldaban en una plataforma democrática común.

Se estableció por la policía que esa literatura sediciosa era editada en el exterior por los prófugos de la justicia ordinaria que, fuera de Venezuela no se sienten satisfechos con la cuantiosa porción mal habida de los bienes de que disponen, sino que añoran el retorno para continuar oprimiendo y expoliando a los venezolanos. Entraba esa literatura al país, de contrabando, por sus vastas fronteras territoriales y marítimas. Y también por el correo, vía ésta que resulta incontrolable por un Gobierno no dispuesto a utilizar los aparatos hoy llenos de herrumbre en las oficinas postales, que se emplearon en la década ignominiosa para abrir, leer y censurarles la correspondencia a los venezolanos y a los extranjeros acogidos a nuestro país. Hubo detenidos con motivo de la distribución nocturna de esos panfletos subversivos, pero no resultó posible ubicar su fuente distribuidora porque ahora no se utilizan las golpizas, las apaleaduras ni los “paseos” a El Junquito con los detenidos políticos, ya que volver a ello sería reescribir páginas espeluznantes para la sensibilidad de las personas civilizadas y humillantes para la dignidad humana, que están muy frescas en la memoria de la Nación.

Pero de los panfletos explosivos se pasó a las bombas explosivas por los irreductibles enemigos de la paz y de la felicidad de los venezolanos. Sabido es que Caracas ha vivido días de zozobra cuando en diversos sitios de la ciudad y en los hogares de personas respetables se lanzaron bombas y cargas de dinamita. Felizmente no hubo víctimas humanas que lamentar y todo se redujo a daños físicos, y a ese estado de preocupación generalizada, no evaluable en términos de dinero, en que ha estado inmersa la ciudadanía en el área metropolitana. Contra el bandidaje armado de explosivos ya no cabían fórmulas civilizadas. Y por eso se impartieron instrucciones a las Fuerzas Policiales y a las Fuerzas Armadas de Cooperación para que dispararan, y no al aire, contra cualquier persona o grupo de personas que se localizase in fraganti en el momento de lanzar o de depositar cargas de dinamita en algún sitio de la ciudad. No fue encontrado ningún protagonista de actos terroristas con las manos en la masa, pero para hoy y para siempre debe quedar claro ante el país que la orden impartida a los organismos armados encargados de la custodia de la tranquilidad pública es permanente, y que no la desestimen quienes pretendan, hoy o mañana, reeditar el episodio de las bombas. La orden es ésta: sobre quien sea ubicado por un cuerpo armado colocando una bomba o lanzándola, se aplicará la última ratio de una descarga. No fue otro el método que utilizó un país como Estados Unidos para ponerle cese al gansterismo de los años veinte. No es otro el método que recomienda hoy a sus compatriotas el Canciller Adenauer, de la Alemania Occidental, cuando pide que se “golpee duro y en la nuca” a quien sea ubicado en las calles pintando la esvástica hitleriana. No es otro el método que han aplicado todos los gobiernos y países democráticos para aplastar el terrorismo fascistoide.

El pasado lunes 11 de enero, hubo los conocidos y abochornadores sucesos callejeros de Caracas. La irresponsabilidad de algunos agitadores de profesión y vocación provocó una manifestación ilegal e injustificada de desempleados. En ella se mezclaron agentes del complot que adelantaban los personeros de los prófugos. Y el vandalismo pretendió posesionarse de la ciudad capital. La reacción del Gobierno es bien conocida. Hubo saldo de heridos y de un número apreciable de personas detenidas cuando en las calles destruían vitrinas de negocios comerciales, incendiaban vehículos o trataban de tomar por asalto edificios públicos. En ejercicio de atribuciones constitucionales adopté decisiones definidas, que se mantienen y se mantendrán. Los menores de edad apresados fueron internados en institutos reformatorios de adolescentes, y si alguno no fue allí sino a otros sitios, se entregará a la tutela del Consejo Venezolano del Niño. Los adultos fueron enviados a Guayana, no a trabajos forzados y en condiciones antihumanas, sino recibiendo paga y protegidos en su salud, pero sometidos a riguroso control del cuerpo armado y aprendiendo allí, y aprendiéndolo por deducción quienes pretendan seguir en alguna oportunidad el ejemplo de aquéllos en su conducta del 11 de enero, que este Gobierno no está dispuesto a tolerar la violencia anárquica y desorbitada. Que este Gobierno es respetuoso de la dignidad y libertades humanas, pero que la calle no le pertenece al primer grupo de baladrones agavillados, armados de cabillas y de las llamadas “bombas Molotov”, que pretenda hacerla teatro de sus desmanes. Ya un partido político, el Partido Comunista, ha dicho que militantes suyos están entre los confinados en Guayana. Deberán explicar por qué se encontraban en la calle mezclados a los grupos antisociales. Como también ante los jueces deberán explicar dos miembros de este partido por qué fueron apresados en una reciente madrugada caraqueña con armas y granadas en un automóvil, siendo uno de ellos reincidente, ya que en el pasado 4 de agosto fue apresado en el área donde está ubicado el Parlamento Nacional lanzando una bomba contra el local donde sesiona el soberano Congreso de la República. Falso es que esos apresados, o cualquiera otro, hayan sido torturados, porque quien lleva en los tobillos la huella de los “grillos” de Gómez y hoy preside los destinos de Venezuela no toleraría que se torturase a nadie en este país. Pero cierto también es que los confinados en Guayana, con excepción de aquellas escasas personas a quienes se les compruebe cabal inculpabilidad, seguirán trabajando en la carretera fronteriza con Brasil.

Quedaba, sin embargo, elusivo y sin ubicar por las policías, las que trabajan día y noche para lograrlo, y con incansable y meritorio celo, el foco dirigente de los brotes terroristas y de los desórdenes callejeros. Sabido es que fue por fin precisada la ubicación de ese comando dinamitero y que en la captura del principal agente de los prófugos perdió la vida un meritorio servidor de la Dirección General de Policía.

La captura del individuo en cuestión fue conjunta con la de una copiosa información escrita. Ello ha permitido establecer los nexos de los terroristas con algunos elementos de las Fuerzas Armadas, con civiles ex funcionarios de la tiranía o usufructuarios durante ella de negocios ilícitos, y con la bien conocida dictadura del Caribe, cuyo jefe tiene un casi maniático empeño en entorpecer el desarrollo democrático de Venezuela.

La actuación del Gobierno fue rápida y decidida. Sin dormir, o durmiendo muy poco, hemos estado muchos hombres en los últimos tres días. Los resultados de esa labor enérgica y coordinada me permiten hablarle al país en un tono de tranquila confianza, de total seguridad, en la estabilidad del régimen.

El primer balance positivo es el de que son muy escasos los oficiales de las Fuerzas Armadas vinculados, directa o indirectamente, a los planes descubiertos, que comportaban no sólo la eliminación, según expresión textual de los documentos incautados, de los líderes políticos y sindicales, sino también de los jefes militares, en sus diversos escalones. Resulta hasta ahora evidente la vinculación directa con esos planes de unos pocos oficiales en servicio activo, ninguno de ellos con cargos de comando y responsabilidad. Les espera la previsible sanción del prolongado castigo carcelario establecido en el Código Penal contra los autores o encubridores de actos terroristas y de subversión del orden constitucional que los venezolanos se dieron en libérrimos o inobjetables comicios. Otro número de oficiales ha sido arrestado, mientras se les somete a consejos de investigación. En todo caso, y ante el país lo digo a plena voz, no se ha descubierto una red conspirativa en las Fuerzas Armadas, y la mayoría determinante de los jefes, oficiales y personal técnico de las F. A. N. respalda al Gobierno que se dio la República. Con apoyo en el mandato de que me invistieron los venezolanos; con respaldo en esa mayoría determinante de la oficialidad y suboficiales de las cuatro Fuerzas y en ejercicio de la función constitucional que tengo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, procederé con energía para que por las vías legales, se castigue a los pocos oficiales en servicio activo implicados en los sucesos a que se ha venido haciendo referencia. Pero también en ejercicio de esa función constitucional que tengo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas solicitaré del Ministerio Público el enjuiciamiento ante los tribunales de justicia de cualquiera persona, sea cual fuere su rango, sea periodista o no periodista, que se dedique al sistemático y antipatriótico empeño de denunciar públicamente como supuestos conspiradores a miembros de las Fuerzas Armadas, escogidos según su exclusivo capricho, o que mediante una prédica escrita incesante pretenda abrir un abismo de recelos entre el país y su institución castrense. Acaso el comentario público que se haga de esta exposición a los venezolanos por parte de un sector bien ubicado, servirá para demostrar que no estoy lanzando frases para que se las lleve el viento, sino tratando de llamar a la reflexión serena a quienes caminan ruta desacertada. Si el llamamiento no surte efecto, la palabra la tendrán entonces los jueces de Venezuela.

Se está instruyendo el respectivo sumario a los civiles apresados. Algunos de entre ellos han admitido su plena culpabilidad. Otros son solicitados activamente por la policía. El padrinazgo amistoso no protegerá ni encubrirá a nadie. Y los jueces dirán la última palabra. Así como será a la Organización de Estados Americanos a la que, por expreso pedido del Gobierno venezolano, corresponderá actuar para que cese la activa interferencia de la dictadura dominicana en la vida interna de nuestro país, como una vez más ha quedado comprobado con las investigaciones que se adelantan en relación con los actos terroristas. En caso de admitirse por la O.E.A. su incapacidad para una acción conjunta interamericana, le quedará a Venezuela el derecho soberano a hacer respetar, por los medios enérgicos que conceptúe su Gobierno necesarios, el legítimo derecho que tenemos a vivir con nuestro propio estilo democrático de vida, a cubierto de que desde el extranjero, en connivencia con venezolanos renegados de la nacionalidad, armen dictadores la mano de quienes lanzan bombas, intentan asesinar a los personeros del Poder Público y pretenden derrocar al Gobierno Constitucional.

Conciudadanos:

Termino ya. Faltan apenas cuarenta y ocho horas para que se realice en Caracas y en todo el país un gigantesco despliegue de fuerzas populares con motivo del segundo aniversario del histórico 23 de enero. Están organizando esos actos los partidos políticos, los sectores económicos, los sindicatos y organizaciones profesionales, los estudiantes, maestros y profesores, las batalladoras mujeres de la Nación, y afirman que ese caudaloso y tranquilo desbordamiento de multitudes en la calle será un respaldo del régimen constitucional. Sabemos bien los hombres que estamos asumiendo las ásperas tareas de la función pública cuánto acento de sinceridad hay en ese ofrecimiento. Venezuela, en todos sus estamentos sociales, apoya a este régimen que ella se dio, y contra la democracia en función de Gobierno sólo conspira un reducido, un minúsculo grupo dictatorialista. Pero es mi deber, y voy a cumplirlo, el de prevenir a los organizadores de esos actos de dos riesgos, procedentes en algún sector bien ubicado de la política nacional, que se corre con esas manifestaciones. Riesgos que de no evitarse le restarían eficacia real a la finalidad que con esos actos masivos se persigue.

El primero de ellos, que se pretenda utilizar esas manifestaciones para desatar hostilidad contra el capital inversionista extranjero y contra Estados Unidos. El capital extranjero lo necesita Venezuela para contribuir al avance de aquel sector de nuestra economía que no pueda crecer y desarrollarse con los solos recursos de la capitalización nacional; y con Estados Unidos y su Gobierno mantienen nuestro país y su Gobierno relaciones normales. Si otros países no están en situación similar, hacemos votos porque se restablezca el buen entendimiento interamericano, así como nos han parecido favorables –ya no en el ámbito continental sino en el mundial– los viajes amistosos de los dirigentes políticos soviéticos a Estados Unidos y los de este país a Rusia. Pero no podemos ni debemos ir más allá de esos buenos votos, y de realizar como Gobierno gestiones indirectas para lograr que se limen recelos y cesen las pugnacidades entre gobiernos del continente. Nosotros, los venezolanos, debemos actuar y proceder como venezolanos, y no importar, sin beneficio de inventario, lo que alguien ha llamado los “odios estratégicos”. Estamos empeñados en servirle a nuestro país, en ponerlo a marchar y nada ganaremos con hacerlo escenario, a control remoto, de episodios de la “guerra fría”. En el intransigente venezolanismo de Simón Bolívar, debemos abrevar lección y rumbo para nuestra conducta en materia de política internacional. No seamos satélites y segundones embobalicados de conductas ajenas. Tengamos la nuestra propia.

El otro riesgo de las manifestaciones de pasado mañana es el de que trate de utilizarlas el sector político sin sitio en la coalición, y algunos cabezas-calientes de militantes en los partidos coaligados y con responsabilidades de gobierno, para acusar al régimen democrático de inmovilista, de despreocupado ante los acuciantes problemas colectivos, de entregado a un dulce nirvana inoperante ante los problemas del país, entre ellos el de la desocupación y el costo de la vida. Manifestaciones bajo el signo del oposicionismo regimentado sostendrían al Gobierno como “sostiene la cuerda al ahorcado”. Lo responsable es admitir que este Gobierno, dentro de las dificultades inherentes a una gestión legataria de muchos años de irresponsabilidad, con errores, pero también con aciertos, sí está afrontando los problemas colectivos, sí está combatiendo el atraso, la pobreza, la incultura. En todos los pueblos o caseríos venezolanos se está haciendo sentir la obra constructiva del régimen democrático. El estímulo a la producción, única forma real de abaratar el costo de la vida, se expresa en cifras y en hechos que están a la vista de quienes quieran ver. No sólo con obras públicas y creación de fuentes permanentes de trabajo se está combatiendo el desempleo, sino apelándose también a la colaboración del sector privado. Esta misma noche, dentro de pocos momentos, me reuniré en Miraflores con varios centenares de industriales y de hombres de empresa venidos de los cuatro costados de la República, quienes traen proposiciones concretas para cooperar con el Gobierno en el empeño que se ha trazado, para alcanzar una meta enérgicamente perseguida, pero no alcanzable fácilmente: que no haya desocupados en el país; que se logre el empleo pleno; que todo venezolano pueda ganarse su vida honorablemente, no en nuevos planes de emergencia, los cuales no volverán, sino en trabajo reproductivo y útil.

Conciudadanos:

Concluyo diciéndoles a los venezolanos que pueden dormir tranquilos, trabajar tranquilos; soñar, amar, vivir tranquilos. Sobre los destinos del Gobierno surgido de sus votos ningún riesgo grave se cierne. Los enemigos de la paz pública y de la felicidad nacionales serán reducidos progresivamente a la más cabal impotencia. Las dificultades económicas que vive el país en esta etapa de transición hacia una moderna sociedad industrializada serán vencidas. Tenemos potenciales de riqueza, unos en explotación y otros explotables, de extraordinaria magnitud, y bajo un régimen responsable y preocupado están siendo puestos al servicio de la colectividad. Y tenemos, sobre todo y antes que todo, un pueblo hecho de buen material humano, el cual siempre ha sabido responder a los mensajes de contenido revolucionario y porvenirista, a los mensajes de equipos conductores animados de mística nacional. Esa mística la tenemos los hombres hoy al frente de las distintas instituciones de la República y por eso no es frase de compromiso, sino profecía que se convertirá en realidad, la de que Venezuela está caminando por la recta senda y que el porvenir nos deparará mañana el generoso fruto logrado de los esfuerzos de hoy.

*Tomado de Rómulo Betancourt. Antología política. Volumen séptimo 1959-1964. Selección y estudio preliminar: Luis Ricardo Dávila. Coordinación Editorial: Virginia Betancourt Valverde y Naudy Suárez Figueroa. Fundación Rómulo Betancourt y Fondo Editorial Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, 2007.

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