Un necesario acuerdo político

El liderazgo opositor no ha sido capaz de crear una organización unitaria que pueda entusiasmar nuevamente a las mayorías nacionales en la lucha contra el totalitarismo madurista | Archivo

En mi anterior artículo titulado “Negociación y sistema político” resalté que  “las sociedades, en su permanente búsqueda por obtener la estabilidad y la paz, realizan negociaciones entre sus principales actores para instaurar un sistema político que les garantice alcanzar esos objetivos”. Lógicamente, no es suficiente realizar unas negociaciones cuyo resultado sea una adecuada gobernanza, para el logro de tales objetivos. Se requiere también que sea sostenible en el tiempo. Si eso no ocurre, sea por insuficiencia del acuerdo o por incumplimiento de uno o varios de los actores, se retornará irremisiblemente al estado de cosas que generaron su necesidad. Otro factor que puede comprometer la vigencia de un acuerdo político es la exclusión de algún actor que, por alguna razón, no haya sido considerado en el momento de la firma del acuerdo, o el surgimiento de uno nuevo con suficiente aceptación en la opinión pública y argumentos valederos para exigir ser parte del acuerdo vigente o negociar uno diferente

Un ejemplo que ilustra los peligros del fracaso de un pacto social ocurrió  en Venezuela después del 18 de octubre de 1945, durante el gobierno de la Junta Revolucionaria presidido por Rómulo Betancourt, en el cual se trató de imponer la hegemonía política del partido Acción Democrática. El rechazo general a esta actuación provocó que una logia militar golpista derrocara el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948, dando inicio a un prolongado período de persecuciones y atropellos que culminó con el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Esta dolorosa experiencia fue la razón de la firma del Acuerdo de Puntofijo, una alianza política entre los partidos Acción Democrática, Copei y URD con la finalidad de constituir un gobierno de unidad nacional después de las elecciones de 1958 y el esfuerzo que realizó Rómulo Betancourt para convertir al partido socialcristiano Copei en una fuerza con suficiente penetración popular que evitara una nueva hegemonía de Acción Democrática.

Ahora bien, la Constitución de 1999 establece en sus principios fundamentales que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Sin embargo, Hugo Chávez, durante sus dos gobiernos, hizo caso omiso de esos principios y se dedicó, valiéndose de su popularidad y capacidad de manipulación, a establecer un sistema hegemónico en el cual el Partido Socialista Unido de Venezuela tuviera el control absoluto del Estado y la sociedad. Al debilitarse su popularidad empezaron los abusos y la represión a fin de preservar la hegemonía del chavismo. Las negociaciones que se intentaron establecer no tuvieron éxito y las elecciones, al no tener suficientes garantías, fueron desconocidas internacionalmente.

La imposición inconstitucional de la candidatura de Nicolás Maduro, después de la muerte de Hugo Chávez, produjo un progresivo proceso de desconocimiento de su gobierno que alcanzó el máximo nivel al no ser reconocida la fraudulenta elección presidencial de 2018, tanto nacional como internacionalmente, por las mayorías nacionales y por más de cincuenta gobiernos, los cuales le concedieron legitimidad al diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, al reconocerlo como encargado de la presidencia de la República, de acuerdo a lo previsto en la Constitución Nacional. Posteriormente, Estados Unidos y la Unión Europea decidieron imponer sanciones económicas a instituciones de su ilegítimo gobierno como un medio de presión para la reinstauración de la democracia. Sin embargo, los intentos de nuevas negociaciones no terminaron en nada ante la velada intención del gobierno que sólo buscaba algún reconocimiento que le permitiera, al menos, el alivio de las mencionadas sanciones.

De todas maneras, el gobierno de Nicolás Maduro mantiene una marcada tendencia a imponer una total hegemonía del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este abuso de poder compromete gravemente  la situación económica y social del venezolano, quien no solo tiene que enfrentar las consecuencias del covid-19, sino que, además, debe contrarrestar la irresponsable conducción económica del gobierno madurista y las sanciones económicas de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Dolorosamente, el hambre y la pobreza extrema no solo impactan en los sectores populares sino también en la clase media. Se debe dejar en claro que la responsabilidad en la imposición de las sanciones es de Nicolás Maduro. De cumplir con la Constitución Nacional y las normas internacionales dichas sanciones no hubieran sido impuestas. Es verdad que son medidas unilaterales de dichos gobiernos sin la intervención de las Naciones Unidas, pero surgen de relaciones bilaterales entre Venezuela y cada Estado.

Ante una situación tan desesperada como la que enfrentan los venezolanos, creo necesario dedicar unas líneas a la actitud del liderazgo opositor que, en medio de una absurda e inexplicable lucha interna, no ha sido capaz de crear una organización unitaria que pueda entusiasmar nuevamente a las mayorías nacionales en la lucha contra el totalitarismo madurista. Esa organización debería surgir de un gran acuerdo político en la oposición democrática y ser dirigida por un sólido liderazgo, reconocido nacional e internacionalmente, por ser producto de la voluntad popular expresada a través de reconocidos medios democráticos, como las elecciones primarias, con una nutrida participación de  votantes. Así mismo, dicha organización no debería comprometer la existencia de los partidos políticos, los cuales deben continuar funcionando, pero las acciones que tome la oposición tendría que ser coordinada exclusivamente por la dirección de la organización unitaria, la cual debería ser reconocida y aceptada por las directivas de los partidos políticos. No hacerlo permitirá la permanencia del régimen madurista y el agravamiento de la tragedia venezolana. Reflexionen. Recuerden el juicio de la historia.

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