El pasado viernes 12 de febrero, con una conferencia de prensa, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, culminó la visita que por 12 días efectuó a nuestro país, con el objeto de constatar la situación que vivimos en Venezuela.
Días antes de su llegada un grupo de organizaciones de derechos humanos venezolanas habíamos suscrito un comunicado público dirigido a la relatora donde se le decía: “Desde agosto de 2017 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, había solicitado al Estado venezolano permitir el acceso al país a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y a los mecanismos regionales de derechos humanos. En este sentido, su visita es un paso positivo, pero, por sí solo, insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la grave situación de derechos humanos del país”.
Continúa el mismo comunicado aclarando lo siguiente “Es importante destacar que la mayoría de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos, compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo, pueden asesorar e investigar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Pese a ello, desde que el gobierno de facto se comprometió con la señora Michelle Bachelet, durante su visita de junio de 2019, a invitar por lo menos 10 mecanismos en el término de dos años, solamente se ha concretado su actual visita. Ese compromiso fue refrendado por el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 42/L4, en septiembre de 2019, proponiendo que por los menos se invitara a los siguientes mecanismos temáticos: Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la relatora especial sobre el derecho a la alimentación; el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ninguno de ellos ha visitado el país, ni existen informaciones de que hayan sido formalmente invitados por el gobierno de facto”.
Como era de esperarse la visita de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, culminó sin pena ni gloria, sin ningún aporte importante para solucionar la grave situación que vivimos los venezolanos, ante una emergencia humanitaria compleja, que cada día tiende a agravarse más, aunado con la pandemia del covid-19 que azota al mundo entero.
A pesar de la solicitud expresa hecha, no solo por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sino por otras del mundo académico nacional donde se le pedía que incluyera dentro de la información que debería solicitar la relatora, hiciera énfasis en toda aquella relacionada con las consecuencias de la corrupción estructural y su impunidad vivimos en Venezuela, la relatora Douhan hizo caso omiso a las mismas en la presentación de su informe preliminar.
Quiero finalizar transcribiendo una solicitud hecha por el Bloque Constitucional de Venezuela que me parece propicio sea tomado en cuenta por la relatora: “Para la imparcialidad e independencia de la relatora y para la objetividad de la rendición de su Informe Final planificado para septiembre de 2021, no puede desconocer que los graves problemas y causas relacionados con los derechos humanos son previos a las sanciones, debido a que en Venezuela existe una crisis humanitaria por causa de la inestabilidad política del país, como lo reconoció el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en 2016. Y tampoco puede dejar de señalar que la devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, como lo afirmó la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su Informe de actualización de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de marzo de 2019. Por lo que desde el punto de vista metodológico y científico tales reconocimientos deben ser expresamente reconocidos en el Informe próximo”.
De lo contrario, esta visita no tendrá ningún sentido, como desde ya estamos viendo.
@cnietopalma
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