La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves la dilación del caso contra cinco policías acusados por su presunta responsabilidad en la «masacre» de casi 70 reos, que fallecieron quemados y baleados en un calabozo policial del estado de Carabobo en marzo.
«Se están cumpliendo más de siete meses de esos hechos y hasta la presente fecha lo que tenemos son cinco personas imputadas cuya audiencia preliminar ha sido diferida hasta en cinco oportunidades», dijo este jueves a periodistas Humberto Prado, director del OVP durante la presentación de un informe sobre estos hechos.
Prado añadió que los familiares continúan esperando por la aplicación de justicia por este caso, que conmovió al país por su crudeza, y que se impute a un funcionario de nombre José Aldana, que aseguran «disparó contra los reos».
En el informe, el OVP relata el testimonio de 21 familiares de los fallecidos en el evento que califican de masacre, e indican que la policía desató los hechos de violencia cuando «le quitaron la vida a una mujer que presuntamente estaba embarazada», aunque la Fiscalía ha negado que hubiese una dama en estado de gestación dentro del calabozo.
La OVP presentó un vídeo en el que dos personas no identificadas que aseguran ser sobrevivientes del suceso dicen que la violencia se suscitó cuando las autoridades intentaron hacer una requisa dentro de los calabozos donde había dos mujeres visitantes, que fueron heridas con perdigones durante el proceso.
«Esta es una de las masacres más violentas que ha habido en Venezuela, se trata de que les cerraron la puerta para asesinar a 69 presos», dijo Prado al presentar este vídeo.
Señaló también que este jueves enviaron el informe, que consta de 80 páginas con imágenes, fotos, 21 entrevistas a familiares, la lista de los 69 fallecidos, artículos de prensa, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque aseguró que »no hay una investigación», sino una imputación.
El OVP pidió al Estado una «investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los hechos, que permita una exhumación de los cadáveres» y autopsias por organismos ajenos a entes gubernamentales, que se investigue al funcionario Aldana, y que se indemnice a los familiares por los daños morales y materiales.
Los sucesos de la comisaría de Carabobo constituyen la mayor masacre dentro de un centro penal desde que Nicolás Maduro ascendió al poder en 2013. Las 69 muertes superan a las 61 ocurridas en la cárcel de Uribana en 2013 y a las 38 con las que se saldó un motín en Amazonas en 2017.
En Venezuela no se registraba un evento de tal magnitud por un incendio en un centro penitenciario desde 1996, cuando 26 presos murieron en la cárcel de La Planta, y otro anterior, en 1994, cuando 109 personas murieron también quemadas en la antigua cárcel de Sabaneta, en el estado de Zulia.
La Asamblea Nacional anunció en abril que abrió una investigación sobre estos hechos que dejan en evidencia las fallas del sistema penitenciario del país, aunque los resultados no son de conocimiento público.
La ONG señaló a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, y al gobernador del estado de Carabobo, Rafael Lacava, por su supuesta responsabilidad administrativa en estos sucesos.
«Después de toda esta investigación hemos determinado que representantes del Estado son los responsables de este homicidio por acción y por omisión, hay responsabilidad del gobernador del estado Carabobo, un tal (Rafael) Lacava y la ministra de Asuntos Penitenciarios», dijo Prado.
El activista indicó que muchos de los presos no debieron estar en ese calabozo, de tránsito, debido a que debieron haber sido trasladados a cárceles porque estaban condenados, y dijo que allí radica la responsabilidad del Estado.
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