La suspensión de la fumigación aérea con glifosato a los cultivos ilícitos de coca y las trabas legales para un eventual reinicio de la misma, gestionadas por Santos con sus Cortes de bolsillo, fueron el pago inicial exigido por las FARC para comenzar el negociado de La Habana. Como consecuencia, pasamos aproximadamente de 60.000 a 200.000 hectáreas que tienen a Colombia y a la región en una penumbra transicional hacia un conjunto de Estados con el crimen organizado transnacional adueñado del poder político. Venezuela es el ejemplo. En medio del aturdimiento mediático por la llegada de las primeras vacunas contra el covid-19, el nuevo Mindefensa colombiano anunció el reinicio de las tales fumigaciones a los sembradíos que posicionan el país como el primer productor mundial de cocaína. Noticia gorda, aunque de horizonte impredecible: “En menos de 90 días estarían listas las condiciones establecidas por la Corte para la reanudación…”, dijo el funcionario. Anteayer, el Minjusticia dio a conocer esas muchas condiciones para el reinicio de la aspersión, suspendida desde 2015. Y desde ya, el costo de la panela, cuya melaza se utiliza como antídoto y protección y reconstituyente de los plantíos fumigados, registra un aumento desproporcionado.
Un escenario complicado
Cuando se reinicie la aspersión aérea, ojalá en este gobierno, varios eventos ocurrirán.
Como la demanda por cocaína está al alza en Australia y el sureste Pacífico, y Europa registra el mayor pico histórico de consumo, además con elevados porcentajes de pureza de la sustancia, cualquier reducción significativa en la producción colombiana, afectará el mercado global del estupefaciente, con secuelas económicas y de seguridad, es decir, políticas. Gobiernos que apoyan a Colombia en su lucha con el narcotráfico, entonces “mirarán con preocupación” los efectos sociales de la fumigación. Desde Europa y Estados Unidos, principales consumidores de cocaína, las izquierdas tildarán al gobierno de imprudente y en la región, “¡Paren la fumigación!” será el grito unísono de socialistas, maduristas, malinformados y oportunistas. Santos y su séquito internacional, utilizando la prensa tarifada, reactivarán el maniqueo dilema de amigos y enemigos de la paz.
Presionadas y amenazadas por organizaciones criminales, mingas indígenas y otras comunidades se movilizarán por todo el territorio nacional, realizando huelgas, protestas y bloqueos, sin importar las restricciones impuestas por la pandemia. Ya amenazó Samper: la fumigación traerá violencia y él de eso tiene por qué saber. Con las movilizaciones, entonces, vendrán incidente violentos con posibles fatalidades que se cargarán, claro, a la Fuerza Pública que, según la última encuesta de Invamer, es la institución con mayor confiabilidad en Colombia, lo cual es un tropiezo en la estrategia del Foro de Sao Paulo y los planes del Grupo de Puebla para la reconquista del poder regional. Se arreciará entonces, el asedio mediático contra el Ejército y la Policía, en cabeza de Vivanco y otros desde afuera, Cepeda y otros desde adentro, insistiendo en erosionar la imagen de los uniformados ante la opinión pública, debilitar su moral interna y torpedear sus capacidades operacionales.
Venezuela y Ecuador
Los grupos armados transnacionales FARC y ELN, financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, reacomodarán sus actuales dinámicas financieras, lo que conducirá a nuevas alianzas y rupturas, acuerdos y enfrentamientos, besos y puñaladas, especialmente en las regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela.
Venezuela, desde donde vuela la cocaína rumbo al Caribe y al mercado norteamericano, verá un incremento en su violencia urbana y en sus estados fronterizos, en donde elenos y farianos mercadean el psicoactivo colombiano con las organizaciones criminales internacionales, especialmente las mexicanas. Constreñidos en su dinámica comercial por reducción o escasez del producto, presionarán por otros métodos conocidos de financiación: extorsión y secuestro, oro y coltán más caros, etc… La corrupción aumentará su calado El gobierno madurista, que se frota las manos con este escenario revuelto, sentirá a plenitud lo que es aliarse con el diablo, que le pasará una cuenta de cobro muy dolorosa.
Ante una demanda no da trazas de mermar, cualquier disminución efectiva en la oferta de cocaína colombiana, disparará la producción en los países vecinos. Perú, segundo productor mundial, accederá fácilmente al primer lugar; Bolivia aumentará la producción residual de sus “catos”; Ecuador y Venezuela verán incrementos de cultivos, cocinas y laboratorios en su territorio. La quejumbre por la decisión de Bogotá, se oirá en toda la región. Estas perspectivas por supuesto que serán útiles a los intereses geoestratégicos de China, que fusila las “mulas” colombianas, de Rusia e Irán que aplaudirán una frontera cercana a Estados Unidos en turbulencia.
Con efectos económicos pospandemia desastrosos en todo el continente, sistema cambiario dependiente de las exportaciones ilícitas en varios países, una no creíble erradicación de 130.000 hectáreas y un vórtice de violencia por cuenta de intereses narcos en Colombia y campañas populistas y antisistemas en progreso, el escenario para el desarrollo de la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia, no pinta fácil, pero es obligatorio asperjar ahora y con toda la fuerza posible, so pena de entregar el continente al crimen organizado transnacional, disfrazado de humanitario socialismo, de “progresismo”. Y, por supuesto, habrá que implementar otras medidas que ataquen el sistema financiero de este emporio delictual.
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