Una jueza del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago ordenó la liberación este viernes de dos mujeres venezolanas que se encontraban recluidas en un centro de detención gubernamental desde noviembre.
La jueza Avason Quinlan-Williams se pronunció así sobre un recurso de hábeas corpus -procedimiento jurídico que permite que cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto- presentado por los abogados de las dos mujeres, que se encontraban en el centro desde noviembre.
Los abogados solicitaron el auto después de que el ministro de Seguridad Nacional emitiera órdenes de deportación para las venezolanas en enero, a pesar de que el gobierno se había comprometido a no hacerlo hasta que sus reclamos constitucionales fueran escuchados y resueltos.
En su decisión, Quinlan-Williams sostuvo que la detención de las mujeres bajo la orden de deportación era ilegal.
«Por lo tanto, como no puede haber deportación, no puede haber detención», dijo la jueza en su fallo, tras insistir en que la deportación no es posible a menos que haya una orden de un tribunal.
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Grupo que entró ilegalmente a Trinidad y Tobago
Las mujeres formaban parte del grupo de venezolanos que entró ilegalmente en Trinidad y Tobago el 17 de noviembre.
El grupo fue arrestado y llevado a la comisaría de la localidad de Erin, donde pasaron cinco noches en prisión.
El 22 de noviembre fueron escoltados fuera de las aguas de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera, una vez que las autoridades de ese país afirmaron no tener conocimiento de una solicitud presentada para detener la deportación.
Después de pasar dos días en el mar, el grupo regresó el 24 de noviembre a Trinidad y Tobago, donde los retuvieron nuevamente en la comisaría de Erin y posteriormente los trasladaron al helipuerto Chaguaramas. Una parte de ellos ha permanecido allí hasta ahora.
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