En todos estos años que hemos acompañado a las comunidades a través del trabajo de Caracas Mi Convive y Alimenta La Solidaridad, hemos podido constatar que en los sectores populares se concentra buena parte del reservorio de valores democráticos y liderazgos que siguen activos en nuestra sociedad.
El trabajo en las comunidades, cuando es organizado, voluntario, comprometido y, sobre todo, libre del chantaje desde el poder, termina siendo una herramienta para la mejora de la calidad de vida de las familias y, además, una escuela de formación en valores ciudadanos y de nuevos liderazgos. El venezolano, expuesto a una de las mayores crisis humanitarias conocidas en nuestra historia, ha reforzado sus convicciones democráticas cuando se organiza para hacer frente a sus problemas.
Sin embargo, en medio de este fortalecimiento del liderazgo en el ejercicio de lo “público”, hemos visto con preocupación que el régimen ha vuelto a poner en la mira de sus ataques a las ONG, al tiempo que anuncia nuevas leyes (Ley del Parlamento Comunal y Ley de las Ciudades Comunales) que podrían tener efectos muy peligrosos sobre estos viveros de democracia.
Aunque de momento no conocemos los detalles de estas leyes, que serán aprobadas sumariamente por una Asamblea Nacional sumisa a las órdenes de Nicolás Maduro, ya sabemos, por experiencia en las propias comunidades, que los intentos de avanzar hacia la conformación del llamado “Estado comunal” que lleva adelante Miraflores son siempre formas de organización vertical, militarizadas, en las que la democracia interna está supeditada a la lealtad política y la autonomía de las comunidades y de los individuos es carcomida, desde adentro, en nombre de fidelidades revolucionarias.
En definitiva, cuando el régimen habla de la conformación de un Estado, ciudad o parlamento comunal, termina intentando desplegar una maquinaria de control y chantaje político y militar en las comunidades.
El régimen ha detectado el peligro que representa para su subsistencia, que los ciudadanos se organicen, el “poder” ha entendido que estas formas de trabajo civil representan uno de los últimos reservorios que quedan de las prácticas democráticas en el país, por eso quieren volver a ocupar estos espacios con sus “leyes comunales”.
Esta es la razón del ataque del régimen a las ONG. Nuestra presencia, acompañando a los nuevos líderes y las formas de organización popular, es un apoyo necesario para que los las personas puedan hacer frente a la crisis humanitaria, sin tener que perder su libertad.
Es necesario alertar a los venezolanos que estamos frente a una situación que nos convoca a todos por igual, el riesgo de que el régimen busque tomar los viveros de liderazgo y democracia que hay en Venezuela para poner, en su lugar, cuarteles donde solo se trabaje para garantizar la lealtad y fidelidad a un proyecto político.
Tenemos que preguntarnos: ¿Qué aspiramos para nuestro país?, ¿viveros de democracias o cuarteles ideológicos?
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