La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca produce una revisión de la estrategia que venía manejando la oposición venezolana para restaurar la democracia en el país. La política de máxima presión del anterior gobierno estadounidense al régimen de Nicolás Maduro pasará a una nueva que buscará “elecciones democráticas, libres y justas que representen al pueblo venezolano”, así como «focalizar de manera más efectiva» las sanciones y brindar una mayor asistencia humanitaria al país.
Antony Blinken, secretario de Estado nombrado por Biden, dijo en la confirmación del nuevo cargo la semana pasada: «Necesitamos una política efectiva que pueda restaurar la democracia en Venezuela, comenzando con elecciones libres y justas». También afirmó que la solución deberá ser concertada con los actores internos y la comunidad internacional, además de estar en concordancia con aliados y el propio Senado de Estados Unidos.
El núcleo de la nueva política estadounidense propone el establecimiento de un proceso de negociación que conduzca a unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes con la participación de representantes del régimen de Maduro, de la oposición democrática y de las organizaciones de la sociedad civil.
El nuevo juego de la oposición exige entonces unidad de propósito y dirección de los factores democráticos, aglutinando la mayoría de los partidos, movimientos y organizaciones políticas y de la sociedad civil. Sin estos sería difícil avanzar en la restauración de la democracia en Venezuela en el corto y mediano plazo, pues existiría el riesgo de que después de ocurridas las venideras elecciones de gobernadores y alcaldes con la participación de una parte de las fuerzas democráticas, la nueva administración estadounidense y los gobiernos europeos coexistan con Maduro como ocurrió con el régimen autoritario de Cuba durante y después de la Guerra Fría. Por ello, es necesario una imperativa convergencia nacional de los que hoy plantean “volver al voto”, “el interinato”, y los que solicitan la activación del principio de la Responsabilidad de Proteger, entre otros.
En esta difícil coyuntura (negociación) todos los actores deben dar prioridad a la restauración de la democracia, por lo que habría que desarrollar la hoja de ruta para legitimar los poderes Ejecutivo y Legislativo, y las elecciones regionales y de alcaldes.
Una posibilidad sería la realización de una megaelección a finales de 2021 que las incluya a todas. Es la solución óptima, porque al ser observadas por la Unión Europea los resultados permitirán iniciar en 2022 el camino para superar la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país y por ende el éxodo de venezolanos.
Una segunda solución es efectuar un referéndum revocatorio a Maduro con la observación de la UE el próximo año. Si es revocado se realizaría la megaelección propuesta anteriormente en 2022. El revocatorio debería ser a principios del segundo semestre y la megaelección en el tercer trimestre del año entrante. Si no es revocado, se desarrollaría la megaelección como se señala arriba.
El referéndum permitiría conseguir una salida airosa al oficialismo en cualquiera de los casos, porque Maduro cesa su función o se mantiene con el concurso popular, lo que generaría la legitimidad de origen. Y, en consecuencia, el reconocimiento de los casi 60 países democráticos que respaldaron a Juan Guaidó como presidente interino desde 2019. Esto permitiría establecer las condiciones para empezar a resolver la grave crisis que vive Venezuela en 2023.
Otra solución es similar a la segunda, solo que se cambia el orden de los comicios. Primero se realizan las elecciones regionales y de alcaldes a finales de este año. Y en 2022 el referéndum revocatorio a Maduro y la elección de la AN. Por supuesto, todas las votaciones serían observadas por la UE.
El riesgo de la última opción es que, una vez sucedidas las elecciones de gobernador y alcaldes, el régimen de Maduro logre disminuir la presión internacional, por lo que podría aspirar a seguir en el poder con su AN hasta 2025. Por lo tanto, la solución a la crisis y al éxodo de venezolanos sería parcial, además de que tampoco habría una restitución de la democracia.
El nuevo juego exige unos árbitros diferentes, por lo que las fuerzas democráticas deben proponer los dos suyos más el principal. También deben abocarse al registro de los millones de venezolanos que están en el exterior, determinantes para la elección y el referéndum revocatorio presidencial. Asimismo, proponer una votación manual. Otros aspectos importantes son el levantamiento de las restricciones de la libertad de expresión, la restitución de los partidos a sus legítimos dirigentes y el restablecimiento de los derechos políticos de los líderes inhabilitados.
En el nuevo juego, las fuerzas democráticas deben lograr con la ONU la entrega de ayuda humanitaria para evitar el control social de la población. También se deben eliminar las leyes habilitantes, sobre todo en materia fiscal, para que el país pueda producir. Cabe recordar que el régimen de Maduro promulgó en octubre de 2020 la ley antibloqueo.
En conclusión, el nuevo juego exige la alineación de las fuerzas democráticas nacionales e internacionales para lograr en primera instancia la solución óptima este mismo año. Y si este no fuera el caso, se debe conseguir el referéndum revocatorio a Maduro en 2022, dejando como último recurso las elecciones regionales y de alcaldes –con el cronograma electoral amarrado para el revocatorio y la elección de la AN en 2022–.
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