María Enrica Caraballo, abogada y asesora de escuelas privadas, aseveró que las instituciones privadas no pueden adaptarse a la resolución 0027, que regula el salario de los maestros, debido a que violenta la Ley Orgánica del Trabajo.
La abogada explicó en una entrevista para Unión Radio que esta resolución, que entró en vigencia el 15 de octubre, establece que los profesores no pueden tener un salario mayor al establecido por el Ministerio de Educación y que deben inscribirse en la plataforma patria.org. Sin embargo, esta resolución no especifica quiénes deben llenar los formatos y si los mismos se harían de forma individual.
«La resolución indica que en ningún caso se pueden cancelar salarios por encima de lo que está acordado por el Ministerio de Educación. Lo más grave es que la resolución fue publicada un mes después de que los docentes ya sabían cuáles eran sus salarios. A aquellos cuyo sueldo es mayor a lo establecido no se les puede rebajar, y ni se sabe qué hacer con aquellos que se inscribieron en la plataforma patria.org», dijo Caraballo.
Aseguró que la resolución 114 contradice lo ordenado por el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, que permite a los representantes de los estudiantes junto a la directiva de la institución y el consejo educativo establecer tanto las mensualidades como el salario a sus profesores como garante de una buena educación.
«La resolución está basada en la ley de precios acordados de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)», aseguró la asesora. Además, acotó que la misma fue implantada cuando se realizaron reuniones con un seleccionado grupo de asociaciones estudiantiles y poca participación de instituciones privadas que no representaban a todo el sector.
Caraballo aseguró que la resolución es una medida de imposible ejecución porque violenta la Ley Orgánica del Trabajo. «No se pueden rebajar los sueldos y salarios de los maestros ni del personal administrativo y obrero», dijo.
Pedro Rengel, miembro de la Red de Padres, Madres y representantes, advirtió que las decisiones tomadas previamente por las juntas estudiantiles de las escuelas continúan en vigencia.
«Las decisiones tomadas están vigentes y no pueden ser negadas porque están en la resolución 0058, pero la medida impuesta por Istúriz obligaría a los representantes a reformular la manera en la que se ajustan los presupuestos. Es ilegal bajar los salarios establecidos a los maestros, es una medida que es imposible ejecutar por las autoridades del Ministerio, debe ser derogada porque no va a acorde a los intereses de los padres ni de los docentes», dijo Rengel.
Con información de Unión Radio
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