Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, leal al régimen de Nicolás Maduro, exigió este viernes al Parlamento chavista plantear reformas urgentes a un grupo de leyes para hacerlas más simples y funcionales.
El funcionario, durante un acto por el inicio de las las actividades judiciales de 2021, señaló el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica de Drogas, la Ley contra la Corrupción, las leyes especiales inherentes a la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, entre otras.
«Deben revisarse y reformarse. Requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y que no se convierta en una red enmarañada de recursos en la que quede inmerso el derecho», expresó.
El magistrado dijo que el tribunal debe adaptar asimismo los procedimientos judiciales a la nueva realidad tecnológica para, afirmó, mejorar el acceso de los ciudadanos a los órganos de administración de justicia, contribuir con la celeridad procesal en la tramitación de los asuntos y erradicar el burocratismo judicial.
Moreno celebró la creación de una comisión especial en el Parlamento chavista para un nuevo intento de diálogo nacional. Puso al TSJ a disposición de ese organismo, solo conformado por oficialistas y disidentes de la oposición, para que no haya impunidad.
«Estamos conscientes de que la composición de una mesa de diálogo es la vía idónea para alcanzar los objetivos comunes en esta nueva etapa de la historia. El pueblo de Venezuela debe tener la plena certeza de que el mecanismo de diálogo y sus acuerdos no serán una cortina de impunidad para los que tanto daño le han hecho a esta patria», dijo.
«Creemos en el diálogo franco, el entendimiento con objetividad y la reconciliación con justicia; aquellos que intentaron utilizar los espacios del Poder Legislativo para aniquilar la República y adueñarse del país deben ser sancionados conforme a la ley», agregó.
El presidente del TSJ chavista acusó a los diputados opositores electos en 2015 de apropiarse de los recursos económicos del país. También de bloquear las operaciones de Petróleos de Venezuela y de entregar Citgo a Estados Unidos.
«Encontrarán en cada juez un árbitro imparcial, pero implacable para juzgar y sancionar todas sus acciones. No puede haber reconciliación sin perdón, y no existe el perdón sin justicia. El poder judicial juzgará con firmeza y establecerá responsabilidades a las que hubiere lugar para todos aquellos que atentan contra la patria», subrayó.
«Respaldamos las acciones que desde el Ministerio Público se están desarrollando, siempre en el contexto de la ley. Daremos respuestas a cada petición y a cada clamor del pueblo que demanda acciones contundentes ejemplarizantes para los traidores de la patria. Pronto llegará la justicia con firmeza y contundencia, no habrá ninguna duda», afirmó.
Constituyente: hacer y deshacer
La extinta asamblea nacional constituyente, que integraron solo oficialistas, comenzó a operar el 4 de agosto de 2017. Después de 40 meses de funcionamiento y de aniquilar los poderes del Poder Legislativo, en manos de la oposición, promulgó 14 leyes, 98 decretos, 84 acuerdos y 40 actos de otra naturaleza, de acuerdo con su último balance.
Ese organismo se dedicó a blindar al régimen de Maduro. Aprobó una ley contra el odio que establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes supuestamente promuevan delitos de odio.
Le dio a Maduro su ansiada reforma a la ley de la Fuerza Armada, con lo que la Milicia, un cuerpo de civiles fieles al chavismo y sin entrenamiento militar formal, pasó a formar parte de la institución castrense.
Además, la constituyente dio luz verde a la aprobación de la Ley Antibloqueo, un esquema propuesto por Maduro que le permite desoír leyes y normas vigentes para burlar las sanciones económicas impuestas a su régimen.
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