El presidente electo Joe Biden presentó el jueves a Merrick Garland como su candidato a fiscal general. De esta manera recurre a un juez experimentado para ayudar a despolitizar el Departamento de Justicia y restaurar el Estado de Derecho. Todo esto después de lo que describió como «cuatro años de anarquía bajo el presidente Donald Trump».
“Los últimos cuatro años hemos tenido un presidente que ha dejado claro su desprecio por nuestra democracia, nuestra Constitución, el Estado de Derecho en todo lo que ha hecho”. Así lo dijo Biden.
Prometió un cambio dramático de rumbo en su administración. “Más que nada, necesitamos restaurar el honor, la integridad, la independencia del Departamento de Justicia que ha sido tan dañado”.
De confirmarse el cargo por el Senado, lo cual es probable, asumirá el cargo de principal funcionario policial de la nación. Esto en un momento crítico para la nación y la agencia.
Heredaría desafíos inmediatos relacionados con los derechos civiles. Y una investigación fiscal penal en curso sobre el hijo de Biden, Hunter. También enfrentaría llamadas de muchos demócratas para llevar a cabo investigaciones penales sobre Trump después de que deje el cargo.
La nominación de Garland
La nominación de Garland obligará a los republicanos del Senado a enfrentarse a alguien a quien rechazaron hace cuatro años. Se negaron, incluso, a celebrar audiencias cuando el presidente Barack Obama nominó a Garland para el Tribunal Supremo. Sus perspectivas de confirmación estaban casi aseguradas esta semana cuando los demócratas obtuvieron el control de la mayoría del Senado al ganar los dos escaños de Georgia.
Garland y otras tres personas que Biden eligió para puestos de liderazgo en el Departamento de Justicia se presentaron el jueves por la tarde en Wilmington, Delaware. Las designaciones incluyen a la asesora de seguridad nacional de la administración Obama, Lisa Monaco, como fiscal general adjunta, y a la exjefa de derechos civiles del Departamento de Justicia, Vanita Gupta, como fiscal general adjunta, la funcionaria número tres. También nombró a una asistente del fiscal general para los derechos civiles, Kristen Clarke, ahora presidenta del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la Ley, un grupo de defensa.
Garland fue seleccionado entre otros finalistas, incluidos el exsenador Doug Jones, demócrata de Alabama, y la exfiscal general adjunta Sally Yates.
Los defensores negros y latinos querían un fiscal general negro o alguien con experiencia en causas de derechos civiles y reforma de la justicia penal. Grupos como el Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP habían defendido la nominación de Garland a la Corte Suprema. Pero el grado de apoyo de los grupos minoritarios para el puesto de fiscal general no estaba claro de inmediato.
Aunque Garland es un hombre blanco, la selección de Gupta y Clarke, dos mujeres con experiencia significativa en derechos civiles, pareció diseñada para mitigar cualquier preocupación y sirvió como una señal de que las causas progresistas serían priorizadas en la nueva administración.
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