No es nuevo que la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional sea criticada por su inacción al no abrir la investigación que le corresponde, dado el sinnúmero de pruebas y evidencias recibidas en su Oficina, para encausar a los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.
La fiscal continúa en la fase del Examen Preliminar, un procedimiento necesario para asegurarse que los crímenes de que se trata pueden ser conocidos por la Corte, que se desarrolla con base en normas internas de la Fiscalía que no establecen lapsos para avanzar en la competencia y la admisibilidad, lo que no significa que tales plazos (pre) procesales sean indefinidos. La fiscal debería concluir su Examen con la celeridad que exigen las circunstancias y solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares el inicio de una investigación para abrir los procesos a los presuntos autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014.
Han sido muchas las críticas y las acciones adoptadas en su contra por su inacción, entre ellas, la denuncia del diputado Walter Márquez y Carlos Ramírez López, basada en el artículo 46 del Estatuto y en la Regla 24 de Procedimiento. Ahora, de manera clara y directa, el asesor para la Responsabilidad de Proteger de la OEA, reitera sus críticas a la fiscal “por no abrir una investigación a pesar de examinar la situación desde hace casi tres años”. En ese informe, que es seguimiento del anterior adoptado por el Panel de Expertos de la OEA en 2018, se confirma que “el régimen de Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014 y se condena a la fiscal por inacción ante esos crímenes”.
La inacción de la fiscal es grave. El tiempo pasa y los crímenes cometidos no son investigados en el país. No hay un Poder Judicial independiente, no hay la intención de hacerlo; además, no hay una legislación adecuada para sancionar los crímenes de lesa humanidad y cumplir así con el principio de legalidad. Y ello trae como consecuencia no solo sostener la impunidad que tanto se ha combatido y se combate en el plano internacional, una obligación clara de los Estados y de la comunidad internacional, incluida la Corte, sino que abre el espacio a los criminales para que continúen cometiendo crímenes de lesa humanidad, torturando en las cárceles políticas del país, ejecutando extrajudicialmente y desapareciendo a los opositores como se ha denunciado en los diversos informes presentados a la Fiscalía y a la opinión pública.
No iniciar la investigación, cuando su inicio está plenamente justificado, como en este caso, afecta la administración de justicia y la credibilidad y la confianza que se había dado a la Corte en la lucha contra la impunidad por crímenes atroces, como los de lesa humanidad que se cometen en el país desde hace años, incluso mucho antes de 2014, cuando llega al poder el chavismo para destruir el Estado venezolano, sus instituciones, la economía y la sociedad venezolana hundida hoy en la miseria y en la confrontación.
Hay que levantar la voz y compartir el Informe del Representante de la OEA que presenta en un documento de más de 150 páginas la realidad de Venezuela, la persecución, la organización del crimen, desde las más altas esferas del poder. Un informe veraz, tanto como los anteriores presentados por la misma Organización y la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos.
Y no se trata de presión indebida ni irreverente, como lo asoma la misma Fiscalía ante la publicación del Informe del Representante de la OEA, sino del deber que tenemos todos de mejorar la justicia penal internacional, tal como lo sugiere el Grupo de Expertos creados por la Asamblea de Estados Partes en su informe de septiembre de este año en el que evalúa los trabajos de la Corte y hace recomendaciones muy válidas, incluso en relación con el Examen Preliminar que la Fiscalía debería considerar. Todos hemos asumido el deber de luchar contra la impunidad, de defender a las víctimas de crímenes y de violaciones de derechos humanos, de buscar la reparación que les es debida, de que se aplique justicia para encontrar la paz y con base en ella la reconciliación en el país tras el terrible período que hemos vivido estos largos años de dictadura chavista. Nada podría ser más beneficioso para el país que el inicio de una investigación para castigar a los principales responsables de tales crímenes.
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