La nueva Asamblea Nacional será el segundo paredón judicial contra los derechos humanos. Los nuevos diputados vienen impregnados de odio y resentimiento contra lo que queda de oposición y prometen una sentencia firme condenatoria que los enviará a la cárcel.
La advertencia «si no votas no comes» ya constituyó una amenaza criminal contra un pueblo hambriento, sin servicios básicos, amenazado por el covid-19, sin esperanzas, resignado y víctima de la violación sistemática de sus derechos humanos. Con estos hechos el Estado vulnera no solo la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece que «ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al voto», sino también nuestra Constitución, que estipula que el voto es un derecho, no un deber.
Las elecciones parlamentarias que se celebraron este domingo 6D ya tenían un resultado anunciado hace meses por el ministro de la Defensa y coordinador del Plan República, general Padrino López, cuando lanzó su proclama contra los derechos políticos de los electores: «Mientras exista una FANB antiimperialista y revolucionaria, más nunca la oposición será poder político en Venezuela».
Tenemos una Fuerza Armada que utiliza su poder para limitar los derechos políticos de los ciudadanos y crear temor en la población con una militarización de todo el país, con la ayuda de los cuerpos de seguridad que están señalados en el informe consignado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU de ser responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en el país, como son la DGCIM, el Sebin y el grupo de exterminio FAES.
Los diputados que fueron electos este 6D ante la AN vienen cargados de odio, resentimiento, rabia y venganza contra los parlamentarios de la actual Asamblea Nacional; no vienen a legislar ni a controlar al Poder Ejecutivo; no vienen a interpelar a los responsables de la crisis económica indetenible, ni la de salud, que siguen generando el desplazamiento forzado de millones de venezolanos a otros países; no vienen a impulsar el informe de la misión independiente de la ONU que responsabiliza al Estado de cometer crímenes de lesa humanidad y menos la aprobación de una ley de amnistía que pudiera ayudar en la liberación de los 365 presos políticos que nunca tuvieron un juicio justo.
Seguimos en presencia de un Estado hambriento de más poder, que no incluye los derechos humanos ni las garantías constitucionales en su agenda.
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