El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles otra ronda de sanciones a Irán, en esta ocasión dirigidas contra una Bonyad Mostazafan. Se trata de una fundación controlada por el líder supremo Ali Jamenei.
También se sancionó al ministro de Inteligencia, Mahmud Alaví, por supuestos abusos de derechos humanos.
«El líder supremo de Irán usa Bonyad Mostazafan para recompensar a sus aliados bajo el pretexto de la caridad. Estados Unidos continuará persiguiendo a altos cargos y fuentes de generación de ingresos que facilitan la continua represión del régimen contra su propio pueblo», dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Aseguró que esta fundación es un inmenso conglomerado de 160 empresas en sectores clave de Irán como economía, minería, finanzas, energía o construcción.
Pese a que Mostazafan fue creada en 1979, es considerada una organización dedicada a obras de caridad, y la nota del Tesoro subraya que es usada por Jamenei para «enriquecerse, recompensar a sus aliados y perseguir a sus enemigos».
Por su parte, Estados Unidos calificó a Alaví de uno de los funcionarios con un papel clave en brutales violaciones de los derechos humanos contra el pueblo iraní, entre las que citó «abusos sexuales, palizas y prolongados interrogatorios, especialmente de prisioneros políticos».
Máxima presión
Las sanciones se enmarcan en la campaña de máxima presión lanzada por el presidente saliente estadounidense, Donald Trump, y se anuncian dos meses antes de que sea sucedido por el mandatario electo, el demócrata Joe Biden.
Como consecuencia de estas sanciones, quedan congelados los activos que estas entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses.
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En septiembre, Estados Unidos dio unilateralmente por restablecidas todas las sanciones internacionales contra la República islámica, además de amenazar a los miembros de la ONU que se opusieran a la reimposición.
La administración Trump inició en agosto un procedimiento ante la ONU para restablecer todas las sanciones internacionales contra Irán que se levantaron con el acuerdo nuclear de 2015 -del que Washington se retiró en 2018- argumentando que Teherán había incumplido sus obligaciones.
Sin embargo, la mayoría del Consejo de Seguridad -incluidas el resto de potencias con derecho de veto- consideran que Estados Unidos no tiene derecho a utilizar este mecanismo, pues abandonó el pacto en 2018, con lo que ese órgano de la ONU no ha tomado ninguna medida.
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