Human Rights Watch advirtió este jueves que la destitución del ahora expresidente de Perú Martín Vizcarra «amenaza el Estado de Derecho» y señaló que «existen serias dudas sobre la legalidad de su vacancia».
La organización pro derechos humanos indicó, además, que la OEA «debe convocar una sesión del Consejo Permanente urgentemente y vigilar de cerca la situación en el Perú».
El Congreso de Perú destituyó el lunes a Vizcarra, con 105 votos a favor, tras debatir la llamada «moción de vacancia» impulsada contra el mandatario por acusaciones de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).
La resolución declaró la «permanente incapacidad moral del presidente», y ya que Vizcarra no tenía vicepresidente, la sucesión de la Presidencia recayó en Manuel Merino, presidente del Congreso e integrante del grupo político centroderechista Acción Popular (AP).
«Las acusaciones contra Vizcarra deben ser investigadas; sin embargo, existen serias dudas sobre la legalidad de su vacancia, que parece responder al interés personal de algunos legisladores de eludir cualquier rendición de cuentas a futuro», señaló en un comunicado el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Según HRW, el Congreso de Perú no llevó adelante un juicio político contra Vizcarra debido a que la Constitución de ese país avala este proceso «únicamente por traición a la patria, por impedir que se celebren elecciones, por disolver ilegalmente el Congreso o por impedir el funcionamiento del Congreso o de los órganos electorales del país».
«En vez de esto, indicó HRW, el Congreso invocó una disposición constitucional vaga y poco clara que le permite declarar la vacancia de la Presidencia si el presidente renuncia o presenta incapacidad moral o física», detalla.
Vivanco agregó que «los gobiernos de las Américas deben fiscalizar de cerca las decisiones que adopten Merino y el Congreso».
«Existen motivos sólidos para sospechar que utilizarán la destitución de Vizcarra para seguir debilitando el Estado de Derecho en el Perú», alertó.
HRW apuntó que Vizcarra «impulsó varias iniciativas contra la corrupción» y mencionó que, según medios de comunicación, «decenas de congresistas, incluidos del partido de Merino, están siendo investigados penalmente por cargos que incluyen corrupción, entre otros graves delitos».
También advirtió que Merino se juramentó este miércoles «en medio de protestas multitudinarias y señalamientos de uso excesivo de la fuerza por la policía en respuesta a estas manifestaciones».
El derecho internacional ampara la reunión pacífica, y las autoridades «deben proteger a los manifestantes pacíficos y evitar que existan restricciones innecesarias o desproporcionadas a esas movilizaciones», reclamó HRW.
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