Este jueves se realizó la II Reunión Internacional sobre la Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en las Américas en Quito, Ecuador, en donde el gobierno de la entidad propuso un plan de acción para tratar la crisis migratoria que sufre la región.
«Es cada vez más evidente la crisis que afronta la comunidad de América Latina y el Caribe, debido a la migración masiva de ciudadanos venezolanos que se ha visto obligados a salir de Venezuela por la crisis económica, política e institucional que vive», dijo José Valencia, canciller de Ecuador frente a más de 200 representantes de 13 países que integraron este congreso.
Uno de los puntos principales que se discutió en la reunión fueron mecanismos de permanencia regular, cooperación regional con Venezuela y cooperación internacional. Estas medidas son consideradas para tratar los problemas migratorios de los venezolanos que huyen del país país bajo irregulares como falta de papeles y otorgarles un estatus legal.
«La crisis producida por esos torrentes migratorios y transfronterizos es regional, por lo tanto las soluciones que debemos adoptar deben tener esta marcar regional de integración y coordinación. Además, se requiere del apoyo técnico y financiero internacional», aseveró el canciller.
Eduardo Stein, representante Especial Conjunto de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones y refugiados venezolanos, también participó en esta asamblea y aseguró que el continente ha respondido con solidaridad ante el flujo migratorio.
«Debe iluminar el conjunto de decisiones colectivas para atender las necesidades surgidas de este fenómeno, para lo que la región no estaba preparada. Por lo tanto, ese objetivo estratégico de una respuesta regional supone también una estrategia regional cuyo embrión está presente en la ‘Declaración de Quito I’ y que esperamos contribuir con los gobiernos de los estados presentes a aterrizar en algunas de las decisiones del plan de acción», dijo Stein.
Este viernes será publicada la agenda de acciones que se realizarán para ayudar a los venezolanos que emigran y será aprobado por los países integrantes y más de 20 países observadores como Estados Unidos, Japón y Corea.
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