Un empresario libanés con conexiones gubernamentales en su país es el potencial sustituto de Alex Saab en el régimen de Nicolás Maduro en caso de que se decida la extradición de Cabo Verde a Estados Unidos, de acuerdo con una investigación del centro de pensamiento Atlantic Council.
El informe El nexo Maduro Hezbolá: cómo las redes apoyadas por Irán apuntalan al régimen venezolano, publicado el 13 de octubre, señala a Saab como lobista de Maduro ante Irán.
«Empresarios prominentes, como Alex Saab, son necesarios para facilitar esta relación con Irán debido a su lenguaje, cultura y el entendimiento profundo del Medio Oriente», dice la investigación del experto en seguridad Joseph Humire.
Saab fue, hasta su detención, «el facilitador de la relación de Irán con Maduro», declaró Humire en entrevista con la Voz de América.
El investigador afirmó que existe un «candidato probable» para ocupar el rol de Saab en esas tareas políticas y económicas a favor de Maduro: el empresario líbanovenezolano Majed Khalil Mazjoub.
A Saab, de 48 años de edad y nacionalidad colombiana, lo detuvieron en Cabo Verde, África, el 13 de junio de 2020. Lo acusan de ser el testaferro de Nicolás Maduro, función que ejercería a través de Group Grand Limited (GGL), señalada de vender al régimen alimentos para distribuir a precios subsidiados en sectores populares del país.
A Saab y a Maduro los han señalado de utilizar los Comités Locales de Abastecimiento y Producción para ganar cientos de millones de dólares de manera ilícita.
Por eso el empresario de origen libanés nacido en Barranquilla fue sancionado en julio de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: todos sus bienes están congelados, así como los inmuebles que pudiera tener en ese país.
Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia lo acusan además de ser actor fundamental de una red de lavado de activos y corrupción en gran escala en beneficio de Maduro, al menos desde 2011.
Múltiples reportes de prensa lo identifican como el responsable de negocios de importación de productos para misiones estatales de vivienda y alimentos en Venezuela por un monto superior a los 1.400 millones de dólares.
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