Carta pública al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Venezuela, su excelencia señor James Story.
De nuestra mayor consideración.
Me dirijo a Ud., actuando en mi propio nombre y como secretario general de la Universidad de Carabobo, en la oportunidad de solicitarle muy respetuosamente estudie la posibilidad de elevar ante las autoridades de su país la presente denuncia que por violación sistemática de los derechos humanos efectuamos en contra del ciudadano Rafael Alejandro Lacava Evangelista, gobernador del estado Carabobo. Este ciudadano, valiéndose de su poder e investidura ha actuado y actúa en contra de los intereses universitarios, de las autoridades y otros miembros de la comunidad de la Universidad de Carabobo.
Es ampliamente conocido cómo el referido gobernante ha tratado de intervenir dentro de los espacios universitarios ejerciendo presión y utilizando los organismos de seguridad y accionando de manera ilegítima y arbitraria sobre las autoridades judiciales (tribunales) del estado Carabobo, para lograr por los medios coercitivos, sentencias írritas que pretenden dañar la reputación, el honor y propia condición humana de autoridades universitarias, docentes, empleados y estudiantes con el fin último de tomar nuestra Universidad de Carabobo, la cual data de hace más de un siglo, y posee una amplia experiencia como formadora de cientos de generaciones de profesionales en las más diversas áreas académicas.
Desconocer la grandeza histórica de la universidad venezolana es propio de mentes ignorantes y de personajes de baja estatura moral y cultural. La academia es fundamental no solo en Venezuela, sino en cualquier país que se precie de querer avanzar en el concierto mundial de naciones. De este modo, en nuestro país podemos identificar las cuatro universidades más antiguas, prestigiosas y reconocidas, dignas y acreditadas nacional e internacionalmente: la Universidad de Caracas (fundada en 1721 y denominada Universidad Central de Venezuela a partir de 1826), la Universidad de los Andes (1810), la Universidad del Zulia (1891) y la Universidad de Carabobo (1892). Venezuela, recordemos que fue durante los siglos XVIII y XIX cuando el país logró afianzarse en el proceso civilizatorio y cultural iniciado en la Colonia. De este modo, la grandeza histórica de la universidad nacional no puede estar en discusión ni puede ser desconocida. Son muchos los personajes dignos de ser biografiados; y son numerosos los hechos históricos valientes y meritorios cumplidos por estas instituciones a lo largo de su historia.
En el presente, nuestra Universidad de Carabobo es una comunidad académica que día a día lucha por profundizar en los campos de creación que le son propios. Es un campo apropiado para la confrontación de ideas, lejos de las armas y de la fuerza de la violencia. Ella es una corporación integrada por dignos creadores e investigadores que buscan, de manera prioritaria, el conocimiento y su transmisión. Es una institución definida como académica, pero que es, por eso, y al mismo tiempo, un epicentro cultural, luz y vanguardia intelectual del país.
Pero nuestra institución, no obstante ser una corporación social y civil, que se enfrenta con dignidad y gallardía a las pretensiones arbitrarias que provienen de circunstanciales instancias del poder político y que resiste, de un modo decoroso, las inseguridades y las amenazas que cada día sufre en su espacio geográfico y su comunidad, requiere de acciones responsables y solidarias como la que le solicitamos, muy respetuosamente, en esta hora menguada del país.
De este modo, y habida cuenta de que desde el año 2014 el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente norteamericano para imponer sanciones (conocidas como sanciones OFAC) a cualquier persona, incluidos miembros del gobierno que participaran en actos de violación de los derechos humanos; siendo que, de hecho, y por estas razones, ya han sido impuestas sanciones a funcionarios venezolanos, solicitamos se le apliquen las sanciones correspondientes al ciudadano Rafael Alejandro Lacava Evangelista, quien se desempeña como gobernador del estado Carabobo.
Como Ud. conoce, la OFAC es la Oficina de Control de Activos estadounidenses (Office of Foreign Assets Control), y es un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (Office of Terrorism and Financial Intelligence) del Ministerio de Hacienda de Estados Unidos (Internal Revenue Service-IRS) que administra y aplica sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra diferentes países o individuos.
Es de hacer notar que la presente denuncia la efectuamos igualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual es parte de la Organización de Estado Americanos (OEA) y que la realizamos ante la instancia que Ud. dignamente representa debido al estado de indefensión e inseguridad jurídica en la que nos encontramos los venezolanos.
Por último, ya reposa en su despacho el “Informe general sobre violación de derechos humanos de las autoridades universitarias (rectora, vicerrector administrativo, secretario, decanos, profesores, empleados y estudiantes) integrantes de la comunidad académica de la Universidad de Carabobo”.
Le agradezco la atención que pueda dispensarle a la presente,
queda de Ud.
Atentamente,
Pablo Aure Sánchez
Secretario de la Universidad de Carabobo
Valencia, Venezuela.
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