La asamblea nacional constituyente aprobó este jueves la llamada «ley antibloqueo» que -aseguran- otorga a Nicolás Maduro potestad para desoír, bajo confidencialidad, normas legales para hacer frente a las sanciones económicas impuestas a su régimen.
La ley, denominada de «antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano», fue aprobada por un cuerpo no reconocido por varios países, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que 3 oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.
Este marco legal tiene como razón de ser, según el artículo 1, proveer al «poder público» de herramientas jurídicas para «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición» de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.
Según el artículo 19, «cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)» el Ejecutivo procederá a «inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente».
Respeto al marco legal
El presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, insistió en que estas «inaplicaciones» se harán sin violar la Constitución venezolana, aunque la misma ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.
Este blindaje «antibloqueo» otorga también facultades al régimen para la «celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios» para la protección de activos nacionales, así como para «impedir o revertir actos o amenazas» que atenten contra las riquezas de la república.
Todo esto, subrayó Cabello, sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal Pdvsa, encargada de administrar las mayores reservas de crudo del mundo, con las que cuenta el país.
La ley, además, declara «secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas» que impliquen inaplicación de normas, lo que prohíbe, ahora formalmente, el control legislativo del Ejecutivo y que los ciudadanos conozcan en tiempo real cómo se manejan dineros públicos.
Esta confidencialidad se deberá mantener «hasta 90 días posteriores al cese» de las sanciones o circunstancias que hayan «propiciado la situación».
La única auditoría contemplada queda en manos de la Contraloría General de la República, que podrá solicitar al régimen algún reporte y, en menor medida, el Poder Judicial podrá «tramitar solicitud» de acceso a estos expedientes, pero por medio de la Contraloría.
La ley tendrá vigencia hasta que cesen las sanciones.
Algunos dirigentes del chavismo que han sido críticos con Maduro en los últimos años han rechazado este proyecto de ley al considerar que «convalida la entrega del país», o al menos así lo expresó en Twitter Rafael Ramírez, quien presidió Pdvsa durante más de 10 años.
Maduro aseguró que la legislación fue consultada con todas las autoridades regionales y municipales pero el gobernador del estado Anzoátegui, el opositor Antonio Barreto Sira, dijo a Efe que ni él ni los otros tres gobernadores contrarios al chavismo fueron tomados en cuenta en este proceso.
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